Sin grandes nuevas iniciativas en la agenda, la visita del presidente mexicano Felipe Calderón a Estados Unidos pareció diseñada para subrayar los lazos estrechos entre ambos países, pese a la frustración por la grave situación migratoria y la violencia del narcotráfico.
El presidente Barack Obama dio la bienvenida a Calderón en la Casa Blanca el miércoles por la mañana, en una cumbre oscurecida por el descontento de ambos ante la polémica legislación contra los inmigrantes que el mes pasado aprobó el sudoccidental estado de Arizona, acusada de inconstitucionalidad.
En declaraciones a la prensa luego de la primera reunión, Obama criticó la ley (SB 1070), que autoriza a la policía a detener y solicitar pruebas de residencia legal a cualquiera que le parezca sospechoso.
El Departamento de Justicia analiza la posibilidad de declararla inconstitucional, enfatizó.
Sin embargo, sugirió que es improbable que se concrete pronto una reforma inmigratoria que legalice el estatus de millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, dada la creciente oposición del Partido Republicano.
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La cumbre finalizó en la mañana de este jueves con un discurso de Calderón ante el pleno del Congreso legislativo, en la que se refirió a la ley de Arizona como una "idea terrible" que conducirá a la discriminación racial.
La de Calderón es apenas la segunda visita de Estado de un gobernante extranjero desde que Obama asumió la Presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero de 2009. El primer ministro de India, Manmohan Singh, fue el único que lo precedió.
"Eso demuestra la importancia simbólica de la relación, en sí misma un mensaje importante para ambos pueblos, sobre todo con las tensiones en Arizona y la violencia (del narcotráfico) en México", dijo Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
"Lamentablemente, por el momento ninguno de los dos líderes tiene mucho para promocionar. Estados Unidos no puede jactarse de estar frenando el tráfico de armas o de estar abordando la inmigración, mientras que México puede exhibir arrestos de alto nivel y confiscaciones de armas y drogas, pero también tiene un enorme historial de matanzas relacionadas con las drogas y cada vez más informes de infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado", agregó.
En muchos sentidos, la actual relación entre los dos vecinos nunca fue tan cercana, según analistas en Washington.
"Las burocracias de ambas partes están trabajando mejor que nunca, y el manejo cotidiano de las relaciones ha mejorado mucho", observó Michael Shifter, presidente del Inter-American Dialogue.
"Pero la política interna a ambos lados de la frontera se interpone y complica la agenda", agregó.
Eso es particularmente cierto en relación a la guerra que Calderón lleva a cabo contra los carteles del narcotráfico. Hasta ahora Estados Unidos ha aportado a esa lucha unos 1.300 millones de dólares, en el marco del trienal Plan Mérida.
Para el año próximo, el gobierno de Obama pidió al Congreso otros 310 millones de dólares para ese programa que comprende a países centroamericanos.
Sin embargo, aunque los funcionarios mexicanos aseguran que hay luz al final del túnel, la violencia sólo parece empeorar: el año pasado dejó 6.500 muertos.
"Para justificar el apoyo de Estados Unidos, (México) tiene que mostrar avances, pero eso es difícil", dijo Shifter.
"En México se preguntan por qué Obama no puede tomarse más en serio el control del tráfico de armas (para las bandas de narcos). Y en Estados Unidos se preguntan por qué no hacemos lo que hicimos en el Plan Colombia y enviamos personal y contratistas estadounidenses", describió.
"Aquí no se puede tocar el contrabando de armas (por el poder del lobby armamentista), y no se puede intervenir con asesores de Estados Unidos. Así que tanto Calderón como Obama tienen que andarse con cuidado", dijo Shifter. Ante el Congreso, Calderón dijo que la ley de Arizona "ignora una realidad que no puede borrarse por decreto", y exigió una exhaustiva reforma migratoria, insistiendo en que ambos países tenían la responsabilidad compartida de reparar un sistema migratorio ineficiente.
También se preció por la creación de más de 400.000 nuevos puestos de trabajo en México desde enero, enfatizando que su gobierno estaba haciendo lo suyo para desalentar la emigración por motivos económicos.
Aunque alabó las medidas adoptadas por el gobierno de Obama contra las drogas, que apuestan a reducir la demanda mediante programas de prevención y tratamiento, Calderón también urgió al Congreso a reimponer una prohibición a la venta de armas de ataque que se levantó en 2004.
El presidente mexicano señaló que luego de esa fecha se disparó la violencia en su país.
Pero aunque Calderón reclamó apoyo y comprensión de Estados Unidos a su guerra contra el narcotráfico, algunas organizaciones en Washington enfatizaron que la asistencia estadounidense debería enfocarse menos en los esfuerzos militares y más en fortalecer las instituciones para hacer cumplir la ley.
Se trata de combatir la corrupción enquistada y los abusos a los derechos humanos cometidos por el ejército, entre ellos torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, que han aumentado mucho en los últimos años, plantearon.
Según Meyer, de WOLA, la ofensiva militar del gobierno mexicano multiplicó por 10 las violaciones a los derechos humanos. Sólo 15 por ciento de la asistencia del Plan Mérida depende de que el país receptor respete los derechos humanos.
WOLA y el Latin America Working Group (LAWG), con sede en Washington, emitieron el miércoles una declaración que reclama a Obama y Calderón trabajar juntos para apoyar una política a largo plazo en esta materia y una reforma judicial en México, que incluya la impartición de justicia ordinaria para todas las denuncias de abusos cometidos por militares contra civiles mexicanos.
