En caso de mantenerse la dictadura de Roberto Micheletti en Honduras, la derecha centroamericana recobraría fuerzas y se abriría la posibilidad de más golpes de Estado, aprovechando la fragilidad de las democracias surgidas en las dos últimas décadas, advierten analistas.
Las fuerzas democráticas y la comunidad internacional deben ejercer presión para restablecer el orden constitucional en Honduras y permitir el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia, cuyo mandato termina en enero de 2010, reclamaron los expertos de distintos países de la región consultados por IPS.
Ernesto Rivas Gallont, quien fue embajador salvadoreño en Estados Unidos entre 1981 y 1989, considera que las implicaciones del golpe cívico-militar hondureño en varios países de América Central se acentuarían si Micheletti se consolida en el poder.
"Si los golpistas llegaran a prevalecer en Honduras, no hay duda que eso envalentonaría a las derechas centroamericanas", aseguró a IPS el diplomático.
Aunque "cuesta admitirlo, (Fidel) Castro y (Hugo) Chávez tienen razón" cuando señalan que, en caso de prosperar la dictadura hondureña, "se puede desatar una cadena de golpes de Estado contra gobiernos en la región", escribió Rivas Gallont en su blog en referencia a lo expresado a comienzos de este mes por el líder cubano y el mandatario venezolano.
[related_articles]
"Es más que obvio que el golpe (
) ha exacerbado las diferencias entre izquierda y derecha. Y no sólo en Honduras", aseveró.
Zelaya fue sacado en pijamas de su residencia por un centenar de militares la madrugada del 28 de junio y enviado a Costa Rica, concretándose así el golpe de Estado pergeñado por las Fuerzas Armadas, la dirigencia política de los dos partidos históricos y el gran empresariado.
Fue la culminación de semanas de forcejeos políticos públicos a causa de los planes del gobierno de Zelaya de hacer una consulta popular, no vinculante, ese domingo. Pero analistas señalan que el derrocamiento fue impulsado por algunas de las políticas sociales de Zelaya y su realineamiento internacional con gobiernos de izquierda más radicales de América Latina.
En la encuesta, como la llamó Zelaya porque se instrumentaría por fuera del sistema legal en razón de que no se permiten plebiscitos ni referendos en año electoral, se le preguntaría a la población si estaba a favor o en contra de instalar una asamblea constituyente. En caso de que hubiera sido favorable, sus componentes serían elegidos en los comicios del 29 de noviembre.
Los sectores golpistas aseguran que Zelaya promovía la asamblea con la intención de reformar la Constitución para habilitar la reelección presidencial, hoy prohibida tanto consecutiva como alternada, y perpetuarse así en el poder. El mandatario depuesto alega que nunca expuso que esa fuera su propuesta ni estaba expuesto en la convocatoria.
Micheletti, quien lideró la movida política para el derrocamiento militar de la democracia desde su cargo de presidente del Congreso legislativo, ha asegurado que no cederá ante las presiones internacionales. Hoy encabeza un gobierno que no ha sido reconocido por ningún país y recibe la condena de los más representativos organismos mundiales.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Unión Europea (UE) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre otros, han condenado el golpe de Estado en Honduras y demandan enfáticamente el regreso de Zelaya a la presidencia.
En cambio y pese a estos fuertes pronunciamientos, sólo "las derechas centroamericanas han justificado el golpe utilizando a Chávez como pretexto", indican las fuentes consultadas por IPS.
Es el caso, por ejemplo dicen, de los sectores de esta corriente en El Salvador que acaban de dejar el gobierno ejercido por décadas para que pase a manos del izquierdista y otrora guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). "Pueden sentirse tentada a realizar acciones similares a las de Honduras, que han marcado nuestra historia", alertan.
La derechista y hoy opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó El Salvador de 1989 a junio de este año, aunque reprobó el "destierro" de Zelaya, nunca condenó el golpe de Estado.
"( ) También es cierto que el presidente Zelaya cometió graves violaciones constitucionales que llevaron a otros órganos del Estado" a su separación del cargo, señaló Arena en un comunicado publicado en medios locales en espacios pagados a comienzos de este mes.
En ese texto se exhorta al flamante presidente salvadoreño Mauricio Funes a "abstenerse" de tener protagonismo en la crisis hondureña, porque "podría afectar las relaciones entre ambos países".
El gobierno del FMLN encabezado por Funes condenó de inmediato el golpe y dos días después, junto a sus iguales de Guatemala y Nicaragua, en el marco de la reunión del SICA en Managua, acordaron cerrar por 48 horas sus fronteras con Honduras, el 1 y 2 de este mes, como medida de presión contra la dictadura de Micheletti.
El SICA está integrado por todos los países centroamericanos, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, además de República Dominicana como estado asociado.
Funes también fue anfitrión de los gobernantes Cristina Fernández, de Argentina, Rafael Correa, de Ecuador, y Fernando Lugo, de Paraguay, del presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragüense Miguel DEscoto, y del secretario general de la OEA, el chileno Miguel Insulza, quienes esperaron en señal de respaldo en San Salvador el frustrado intento de Zelaya de volver a su país el 4 de julio.
Algunos empresarios, dirigentes políticos y columnistas de medios conservadores salvadoreños han señalado que Funes debería aprender de lo sucedido en Honduras y no intentar reformas constitucionales como las promovidas por Zelaya.
El analista Leonel Gómez coincidió con Rivas Gallont en que los acontecimientos en Honduras podrían derivar en más intentos de terminar con la democracia en la región.
"Lo peligroso de esto es que podría incentivar a otras fuerzas a cometer otros golpes de Estado como el sucedido en Honduras", manifestó Gómez, quien ha colaborado en investigaciones sobre corrupción y fondos para las dictaduras de la región con los legisladores estadounidenses Patrick Leahy y con el ahora fallecido Joe Moakley, ambos del gobernante Partido Demócrata.
El especialista subrayó que algunos militares guatemaltecos "están muy ansiosos de recibir una orden para proceder de forma similar" a sus colegas hondureños.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, debió salir a desmentir que se estuviera fraguando un golpe militar, luego que Chávez advirtiera que existía ese peligro. Pero la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, aseguró que sectores económicos de ese país podrían estar tramando un ataque al sistema de derecho.
Gómez, tras recordar que en el pasado Estados Unidos ha "escrito páginas negras en la historia centroamericana" al apoyar dictaduras y golpes varios, exhortó al actual gobierno de Barack Obama a "actuar de forma más firme y consecuente con sus postulados".
América Central, con excepción de Costa Rica, fue gobernada casi todo el siglo XX por regímenes militares o de fuerza impuestos por poderosos sectores económicos en connivencia con políticos conservadores y la asistencia o la directa intervención de Estados Unidos. En el último tramo de ese periodo se tiñó de guerras civiles con la aparición de guerrillas izquierdistas.
La excepcionalidad de Costa Rica se debe, según los historiadores, en especial a la disolución del ejército dispuesto el 1 de diciembre de 1948 por el entonces presidente José Figueres (1906-1990), quien incluso debió enfrentar un intento de golpe en 1949 poco antes de que entrara en vigor la medida.
