El avance de las plantaciones de eucalipto para producir celulosa de las empresas Stora Enso, Votorantin y Aracruz en el sur de Brasil, es inconstitucional, según el procurador de la república de la cuarta región, Domingos Sávio da Silveira, que comprende los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Esos proyectos «no toman en cuenta el elemento ambiental establecido en la Constitución Federal», explicó Silveira a Tierramérica, agregando que plantar árboles exóticos causa un gran impacto sobre la biodiversidad, los recursos hídricos y la cultura local.
La Constitución Estadual de Rio Grande do Sul, que establece la obligación del estado de proteger el bioma Pampa tampoco es respetada, alertó Silveira, profesor de derecho.
Según él, los permisos ambientales para los plantíos deberían ser de competencia federal, porque «estos proyectos son binacionales, pues también involucran a Uruguay, y aumentarán el despoblamiento de la frontera».