Una norma ambiental que el gobierno de México pretende aprobar para el manejo de baterías generó molestia entre activistas, pues desecha el confinamiento y reciclaje de esos productos. «No servirá para nada y así lo diremos expresamente a la autoridad», dijo a Tierramérica Marisa Jacott, coordinadora de la campaña de tóxicos de Greenpeace en México.
Las disposiciones planteadas, que según las leyes estarán abiertas a la crítica pública hasta marzo, se limitan a comprometer a los fabricantes de baterías a mantener la calidad de sus productos y a combatir el contrabando.
No considera el confinamiento ni el reciclaje, pues se argumenta que las baterías modernas tienen una mínima incidencia contaminante.
Greenpeace reconoce ese hecho, pero recuerda que casi la mitad de las 600 millones de unidades anuales de baterías que se consumen en México vienen por contrabando, la mayoría desde China, y contienen químicos de gran impacto ambiental.
«Como está, la redacción de la nueva normativa es inútil pues no reconoce la realidad, así que la impugnaremos», señaló Jacott.
