La defensa del represor argentino Miguel Cavallo, detenido en México desde hace 18 meses, aún mantiene la esperanza de evitar su extradición a España, donde lo aguarda un juicio por genocidio y terrorismo.
El gobierno de Vicente Fox, en lo que fue considerado un hito en la historia de la justicia universal, confirmó hace un año la decisión del juez Jesús Guadalupe Luna de aceptar la extradición a España de Cavallo, un ex marino que testigos afirman participó de actos de represión de la dictadura argentina (1976-1983).
Sin embargo, la decisión gubernamental no pudo ser concretada debido a que Cavallo presentó un recurso de amparo ante un tribunal de segunda instancia, que emitirá su fallo a fines de este mes, según portavoces judiciales.
En caso de que el dictamen sea adverso para el ex represor, como esperan organizaciones humanitarias y expertos en derecho, el acusado aún podrá acudir a un segundo tribunal y luego a la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, la resolución final sobre la extradición podría demorarse otro año o más.
«Nuestro cliente es inocente y el proceso y los veredictos en su contra están plagados de inconsistencias, contradicciones de testigos e ilegalidades», dijo Manuel Plata, abogado del represor.
Pero el penalista Bernardo Zapata, sostuvo lo contrario. Las pruebas de identidad han sido acreditadas y los trámites cumplidos, por lo cual la extradición es sólo cuestión de tiempo, aseguró.
Las dudas sobre su identidad surgieron por el hecho de que residía en México con el nombre de Ricardo Miguel, pero luego de ser detenido admitió llamarse en realidad Miguel Angel, como era requerido por la justicia, y que había integrado la marina de guerra argentina durante la dictadura con el grado de capitán de corbeta.
Cavallo fue detenido en el aeropuerto del balneario mexicano de Cancún en agosto de 2000, cuando se aprestaba a regresar a Argentina, luego que el diario local Reforma lo identificara como el ex represor acusado por el juez español Baltasar Garzón de múltiples actos de represión, incluidos tortura y asesinato.
Garzón, quien cobró notoriedad por el caso Pinochet, integró un sumario contra 99 militares argentinos por delitos de genocidio, terrorismo y tortura, en base a documentación y testimonios aportados por familiares y sobrevivientes de la represión en ese país, en la que habría participado Cavallo.
El ex militar argentino había ingresado como empresario a México, donde el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) le encargó, al parecer sin conocer sus antecedentes, la dirección del Registro Nacional de Vehículos, de gestión privada.
En febrero del año pasado, el presidente Fox concedió la extradición de Cavallo a España, aceptando el fallo en ese sentido del juez Luna, emitido un mes antes.
La decisión del gobierno de Fox fue aplaudida por organizaciones humanitarias locales e internacionales, que la consideran un hito, pues demostró que aún en tiempos de paz la justicia de un país ajeno al acusado puede y debe procesarlo si sus cargos se refieren a crímenes contra la humanidad.
La actitud de México contrastó con la negativa de Gran Bretaña de otorgar la extradición a España, pedida también por Garzón en la misma causa, del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a quien dejó regresar a su país en marzo de 2000.
Si Cavallo es finalmente enviado a España, su caso pasará a la historia como el primero en ser juzgado por crímenes contra la humanidad cometidos en otro país, contrariando el llamado principio de territorialidad.
También sería el primer caso en que una persona es juzgada dos veces por el mismo delito, si se toma en cuenta que Cavallo fue beneficiado por las leyes de amnistía dictadas en los años 80 en Argentina para alejar de los tribunales a los miembros de las fuerzas de seguridad de la dictadura.
En un primer momento, los abogados mexicanos del ex represor negaron que su cliente fuera la persona a la que se referían las denuncias, pero, al perder esa carta, argumentaron que su cliente ya había sido juzgado en su país, en alusión a las leyes de amnistía.
«El señor Cavallo va a salir libre tarde o temprano», afirmó el abogado Plata.
Cavallo, en una de las pocas declaraciones que ha dado luego de su detención, aseguró hace un año al diario argentino La Nación que todas las acusaciones en su contra eran falsas. Además, lamentó que la marina argentina lo abandonara a su suerte.
«Aunque la armada me haya abandonado, mis ex socios me hayan traicionado y un puñado de mentirosos quieran inculparme, voy a salir adelante», dijo en esa entrevista.
Las personas que han podido verlo en la cárcel señalaron que Cavallo, a quien sus acusadores identifican como un indolente torturador y asesino, no varía nunca su actitud de frialdad y siempre parece inmutable ante las dificultades.
Los testigos que identifican al ex militar indican que formó parte del grupo de represores que actuó en una cárcel clandestina de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde torturó y asesinó a opositores a la dictadura con el seudónimo de Sérpico o Marcelo.
Las penas por genocidio y terrorismo, delitos que se le imputan a Cavallo, son en España de entre 25 y 30 años de prisión. (FIN/IPS/dc/dm/hd/02
