Las negociaciones entre Ecuador y Perú para resolver su conflicto limítrofe no tuvieron resultado visible el último fin de semana en Buenos Aires, y dependen ahora de las elecciones del próximo domingo en Ecuador y de las gestiones de los cuatro países garantes de la paz.
Las conversaciones de Buenos Aires debían conducir a la firma el 30 de este mes de un tratado definitivo de paz, pero, al parecer, el gobierno ecuatoriano no consideró prudente comprometer a su país con un acuerdo que podría ser impugnado por las autoridades que surjan de las elecciones del 31.
Ese repliegue de última hora contradijo la hipótesis que atribuía al presidente interino de Ecuador, Fabian Alarcón, la disposición a abandonar reivindicaciones territoriales históricas de su país para que su sucesor encuentre allanado el camino a una paz duradera con Perú.
Los vicecancilleres Diego Rivadeneyra, de Ecuador, y Hugo Palma, de Perú, convinieron realizar una nueva reunión, también en Buenos Aires y entre el 8 y 9 de junio, cuando ya serán conocidos los resultados de los comicios ecuatorianos.
Se cree probable que ninguno de los candidatos presidenciales logre mayoría suficiente para imponerse en la primera vuelta electoral. Pero se supone que Alarcon pedirá apoyo a los dos aspirantes que pasen a la segunda vuelta, para legitimar las decisiones que su gobierno tome en la negociación con Perú.
También se descuenta que Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, los cuatro países garantes de la paz, intentarán vencer eventuales resistencias de los dos candidatos finalistas al proyecto de acuerdo.
Esos cuatro países firmaron como garantes el tratado limítrofe suscrito en 1942 entre Perú y Ecuador, y en 1995 lograron detener la última guerra entre ambas naciones y sentar a sus gobernantes a la mesa de negociaciones.
La disputa de límites entre Ecuador y Perú es la más grave y candente de América Latina. Ha provocado dos guerras y numerosos enfrentamientos fronterizos en los últimos años.
Ecuador y Perú son socios en la Comunidad Andina, un proyecto de integración subregional que sería mas fructífero para ambos si las las tensiones fronterizas no perjudicaran la natural complementación de sus economías.
En Buenos Aires, al igual que en las reuniones anteriores en Brasilia, los garantes utilizaron la formula "cuatro más uno", así denominada porque los cuatro se reunían por separado con cada uno de los países litigantes para reducir el riesgo de un choque verbal.
Pese a esa precaución, las conversaciones llegaron a un punto muerto cuando la delegación de Quito hizo notar que no compartía la postura de Lima de suscribir de todas maneras el acuerdo en el plazo fijado, el 30 de mayo.
La estrategia de los garantes fue apoyar financieramente la integración de la frontera entre ambas naciones, y buscar una solución a la demanda de Ecuador de salida al océano Atlántico a través del río Amazonas, la principal reinvidicación geopolítica de Quito respecto de su frontera suroriental.
El acuerdo en gestación obliga a Quito a reconocer la línea fronteriza del tratado de 1942, que fue impugnado por los sucesivos gobiernos ecuatorianos desde 1950. La contrapartida serían facilidades y garantías para la libre y gratuita navegación por el río Amazonas.
Décadas de rechazo oficial en Ecuador del tratado de 1942, las guerras de 1981 y 1995 y los frecuentes choques armados en la frontera, crearon un clima de recelo recíproco y aún de hostilidad que hacen difícil manejar una solución aceptable para los dos países.
Alarcón y el presidente de Perú, Alberto Fujimori, han hecho esfuerzos por convencer a sus connacionales de que el proyectado acuerdo no implica ninguna concesión deshonrosa.
Aunque en ambos países hay una extendida opinión favorable a soluciones que superen la actual situación de "paz armada" , algunos sectores no están conformes con el pacto en gestación.
En Ecuador, Alarcón consideró la posibilidad de convocar a un referendum para obtener respaldo de la población al acuerdo en ciernes. Pero renunció a esa intención por temor a que la influencia de la campaña electoral en el asunto.
Mientras, tampoco hay respaldo unánime en Perú a la propuesta de Fujimori de conceder facilidades comerciales y portuarias a Ecuador en el río Amazonas a través de "ceticos", centros de promoción de inversiones favorecidos por ventajas tributarias.
Fujimori dijo el fin de semana en una ceremonia militar que los traficantes de armas son los más interesados en bloquear las conversaciones de paz con Ecuador, y acusó a la oposición de negar apoyo al proyecto de tratado para impedir un éxito del gobierno.
La oposicion rechazó la acusacion y replicó a Fujimori que "la concesión de facilidades portuarias a Ecuador en el Amazonas no garantiza la paz, porque abre la puerta para el establecimiento de enclaves ecuatorianos".
Luis González Posada, que fue canciller del gobierno socialdemócrata de Alan García (1985-1990), comentó que "las Fuerzas Armadas ecuatorianas han creado numerosas empresas privadas, las que serían usadas para penetrar en el territorio peruano bajo propósitos aparentemente pacíficos y comerciales".
El congresista Jorge del Castillo, del Apra, el partido de González Posada, informó que su organización y otros movimientos políticos preparan manifestaciones callejeras para oponerse "al plan de céticos entreguistas de Fujimori".
Mientras, el general retirado Edgardo Mercado Jarrín, ex canciller de un gobierno militar, expresa tal vez la opinión de un sector castrense peruano al recomendar "no conceder ningún tipo de autonomía administrativa ni operativa a los céticos en el Amazonas".
"Aunque se hubiera culminado el proceso demarcatorio (de la frontera) y no existiese a la vista ningún conflicto limítrofe, la infiltración empresarial y comercial ecuatoriana podría generar en el futuro problemas de seguridad", advirtió Mercado. (FIN/IPS/al/ff/ip/98
