El tema de la reducción del presupuesto y del número de efectivo de las Fuerzas Armadas cobró relevancia en Guatemala ante el inminente tratamiento del tema militar en el diálogo de paz en el gobierno y la guerrilla.
Para los primeros días de junio está prevista la próxima reunión en México entre representantes del gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) para tratar el último tema sustantivo de la agenda: el fortalecimiento del poder civil y la función del ejército en una sociedad democrática.
Anticipándose a la próxima reunión, varias personalidades militares y civiles han comenzado a exponer sus posiciones respecto de un tema que deberá poner fin a a 35 años de conflicto armado interno.
El ministro de Defensa, general Julio Balconi, dijo que el número de efectivos con que cuenta el ejército en la actualidad es el adecuado para brindar la debida protección al país y rechazó una reducción del presupuesto.
"El presupuesto no puede ser menor si seguimos con el mismo número de efectivos, porque hay que equiparlos, adiestrarlos, alimentarlos", dijo el ministro.
Por el contrario, la diputada Nineth Montenegro, del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), dijo a IPS que el ejército debe reducirse, porque una vez terminado el conflicto no será necesario un número tan grande de efectivos.
"Son 500.000 patrulleros de autodefensa civil, 16.000 de ellos armados, y 42.000 efectivos del ejército, independientemente del personal administrativo y del alto mando. Esto es demasiado para un país de 108.000 kilómetros cuadrados y alrededor de 10 millones de habitantes", dijo Montenegro.
El diputado Amílcar Méndez, también del FDNG, consideró que en su tránsito hacia una sociedad democrática, el ejército tendrá que abandonar, sobre todo, los espacios económicos, políticos y sociales acaparados durante los años de conflicto armado.
Emilia García, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) apuntó como argumento para la reducción del ejército el hecho de que los militares "han sido los culpables de todas las violaciones de los derechos humanos, desapariciones forzadas y masacres" en el país centroamericano.
La dirigente indígena Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, consideró que el acuerdo sobre la nueva función del ejército en una sociedad democrática tiene que terminar con toda clase de privilegios.
Montenegro considera que el tema del ejército no será muy complicado de abordar en las negociaciones, ya que la institución armada, con una visión de futuro muy audaz, comenzó a hacer cambios, como apartar a los elementos vinculados al narcotráfico, el robo de vehículos y violaciones de los derechos humanos.
La discusión del tamaño del ejército podría generar problemas, pues se señala que hay sectores militares que no aceptan la negociación.
El ministro de Defensa presentó al Congreso una propuesta para reformar el Código Procesal Penal para que los oficiales renuncien al fuero militar y se sometan a los tribunales civiles en caso de delitos comunes.
Balconi subrayó que el simple hecho de que una persona pertenezca a una profesión no es argumento para otorgarle el beneficio de un fuero especial por todas las acciones u omisiones que pudiera cometer, ajenas al desempeño de su campo específico.
Los militares "fueron muy hábiles y se adelantaron, pero siempre 'amarrando cabos', han sido muy astutos y la civilidad todavía está poco preparada para poder descifrar los mensajes que nos manda el ejército", comentó Montenegro.
El secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Manolo Vela, dijo que le preocupa más que se den cambios cualitativos antes que cuantitativos en el ejército.
"Estamos muy de acuerdo con que se reduzcan los efectivos y el presupuesto del ejército, pero más que eso nos interesa (…) que deje de ser una fuerza represiva en el país", afirmó. (FIN/IPS/cz/ag/ip/96)
