RÍO DE JANEIRO – La inflación anual acumulada de 12,13 % en abril, el desempleo de 10,5 %, con ligera caída pero sueldos reducidos, y la economía estancada de Brasil constituyen un nuevo talón de Aquiles para la reelección del presidente Jair Bolsonaro en octubre.
Las frustraciones económicas, que en general tildan los gobiernos de izquierda, esta vez golpean el gobierno de extrema derecha, de matriz militar, en el poder desde el 1 de enero de 2019.
La inflación persiste, supera 10 % al año desde septiembre de 2021 y afecta más a los pobres, al incidir principalmente sobre los alimentos. El índice anual de los alimentos consumidos en el hogar alcanzó 16,11 % en abril, según el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
El alza de los precios seguramente agravó el hambre, que en diciembre de 2020 atormentaba a 19,1 millones de brasileños, 85 % más que dos años antes, según un estudio de la Red de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Penssan), una asociación científica.
El valor internacional del petróleo subió más de 60 % en los 12 últimos meses, ante la recuperación del consumo tras flexibilizarse los impactos de la pandemia de covid-19 y la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, impulsó más aún los precios, al elevar los costos de transporte.
Bolsonaro despidió a dos presidentes de la empresa estatal Petróleo Brasileño (Petrobras) desde marzo en un intento frustrado de contener el costo de los combustibles, un conocido destructor de popularidad y de gobiernos en este país sudamericano.
Los precios de los derivados en Brasil siguen las cotizaciones internacionales del petróleo, desde 2016. Es una regla de la empresa y del sector energético que nuevos dirigentes de la Petrobras no pueden cambiar.
Además se basa en una experiencia negativa anterior. De 2011 a 2014, el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) mantuvo bajos los precios, con subsidios, para contener la inflación, en desmedro de Petrobras, que sufrió abultadas pérdidas al igual que la industria del etanol.
Bajar el precio del diésel o sucumbir
Pero Bolsonaro y sus aliados enfrentan especialmente el precio del diésel como la mayor amenaza a la reelección presidencial. Por eso buscan una forma de subsidiar por lo menos ese combustible que usa la mayoría del transporte de cargas en Brasil, con un peso determinante de los camiones.
Brasil importa cerca de 30 % del diésel que consume, aunque sea exportador de petróleo. Sus refinerías no tienen capacidad productiva suficiente ni un patrón refinador que les permita procesar el crudo pesado, que constituye la mayor parte de la producción interna.
Es una ironía que el petróleo vuelva a ser el verdugo de un gobierno inspirado en la dictadura militar de 1964-1985, que entró en declive tras la explosión de los precios petroleros en 1973, cuando se cuadruplicaron, y en 1979, cuando más que doblaron.
Brasil importaba entonces cerca de 80 % del petróleo consumido. El alza dictó entonces el fin del “milagro brasileño” en la economía, que creció más de 10 % al año entre 1969 y 1973. Se siguió una aceleración incontrolable de la inflación y de la deuda externa, que quedaron como signo del fracaso de la dictadura.
Ahora, además de la inflación, hay el riesgo de faltar el diésel en la época cercana a las elecciones, que tendrán lugar en dos vueltas el 2 y el 30 de octubre, y el temor una nueva huelga de los camioneros, que en mayo de 2018 paralizaron el país por 10 días. Esos dos golpes serian fatales para cualquier reelección presidencial.
La economía, estúpido
Los analistas políticos, en general, atribuyen a la economía, específicamente a lo que ocurran hasta octubre, el resultado de las elecciones presidenciales, que deberán ser decididas entre Bolsonaro y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (enero 2003-enero 2011) según todas las encuestas desde el año pasado.
Por esa mirada es improbable que el presidente, un capitán retirado del Ejército, logre voltear el juego, francamente favorable a Lula, por más de 10 puntos porcentuales en las encuestas.
“El actual gobierno prácticamente ignoró el Nordeste, y no solo el Nordeste. No veo ningún programa o un conjunto de políticas públicas con carácter constructivo, de estímulo a las inversiones y a la infraestructura”, destacó João Policarpo Lima, profesor de economía en la Universidad Federal de Pernambuco.
Pernambuco es uno de los nueve estados de la región del Nordeste, una región pobre donde Lula registra su mayor fortaleza electoral. Bolsonaro intenta con inauguraciones de obras, como carreteras y canales hídricos, reducir el rechazo popular que sufre allá y que puede sellar su derrota.
“Lo que veo acá es la conclusión de proyecto casi concluidos, como el trasvase del (río) São Francisco, con fines electoreros”, e inversiones dispersas, asignadas por diputados y senadores, “de repercusión limitada, local”, dijo Lima a IPS en un diálogo telefónico desde Recife, capital de Pernambuco.
Intentos electoreros
La única medida “de alguna relevancia distributiva” fue el Auxilio de Emergencia, suministrado a las familias pobres afectadas por la pandemia, con impacto mayor en el Nordeste por la pobreza local, acotó. Pero la iniciativa fue de legisladores que presionaron a Bolsonaro para que aprobase el programa.
El Auxilio otorgó 600 reales (unos 120 dólares en su momento) mensuales por un trimestre en 2020, luego reducidos a la mitad. Desde fines de 2021 el gobierno decidió conceder 400 reales (80 dólares) del Auxilio Brasil, un programa permanente que sustituye la Bolsa Familia creada por Lula en 2003, que pagaba menos de la mitad.
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Bolsonaro se destacó más bien por “una retórica de destrucción e incapacidad de formular políticas por un mejor control de gastos, privatizaciones y liberación del comercio exterior. Al revés facilitó el agronegocio, la deforestación y el ‘garimpo (minería ilegal)’ en la Amazonia”, criticó Lima.
“En ese contexto, es difícil el surgimiento de cambios significativos. La inflación seguirá en un nivel superior a 7 % u 8 %. Sin políticas públicas mínimamente alentadoras, las inversiones privadas quedan en retracción, la economía o crece y tampoco el empleo, salvo en condiciones precarias y aisladas, con salarios decrecientes”, acotó.
“En el Nordeste el cuadro electoral es francamente favorable a la oposición y remota la posibilidad de vuelcos”, concluyó.
En el resto de Brasil, la reelección de Bolsonaro se ha vuelto complicada no solo por los fracasos económicos, cuya responsabilidad él elude, atribuyéndola a la pandemia, a la guerra en Ucrania y a autoridades judiciales o gobernantes locales que estarían trabando su gobierno.
El presidente contrarió casi siempre la opinión y los anhelos de la mayoría de los brasileños. En la pandemia adoptó un discurso negacionista, denostando las mascarillas, el confinamiento, el distanciamiento social y las vacunas, medidas que más de 80 % de la población respaldaba, según variadas encuestas.
Quiere armar la población en general y firmó varios decretos que facilitan la posesión y el porte de armas. Pero 72 % de los entrevistados a fines de mayo por el Instituto Datafolha rechazan la idea de que las armas en manos civiles representan mayor seguridad pública, una opinión reiteradamente defendida por Bolsonaro.
El excapitán también se opone a la mayoría abrumadora en las cuestiones ambientales, en relación a las organizaciones no gubernamentales, encaradas como enemigas de la Patria por el gobernante, pero consideradas las más confiables y benefactoras por casi toda la población.
Resulta cuesta arriba que pueda reelegirse un presidente tan en desacuerdo con la nación, incluso en relación a los homosexuales, que según 79 % de los encuestados de Datafolha considera que deben ser reconocidos y respetados, mientras sus derechos son adversados por Bolsonaro y solo 16 % de los entrevistados.
ED: EG
