TRABAJO-BIRMANIA: Ultimátum de la OIT al régimen

Un mes después de recibir un portazo en la nariz por parte del régimen militar birmano, la OIT recomendó formalmente la imposición de sanciones a este país asiático por practicar el trabajo forzoso.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) advirtió a Birmania que tiene plazo hasta junio para evitar las sanciones. Para ello, deberá poner fin a sus violaciones de principios mundialmente reconocidos del derecho laboral.

”La actitud de 'esperar y ver' que ha prevalecido desde 2001 no puede continuar ”, indicó este viernes la agencia de la ONU, en un comunicado emitido al cabo de tres semanas de sesión en Ginebra de su principal órgano, el Consejo de Administración.

El Consejo de Administración de la OIT, integrado por delegados de gobiernos, trabajadores y empresas, concluyó que Birmania —país al que la junta militar en el gobierno desde 1961 denomina Myanmar— no había cumplido con sus promesas en la materia.

”La evaluación general de la situación no responde a nuestras expectativas”, indica el comunicado.

”Muchos delegados compartían” durante las sesiones una sensación de ”condena por la incapacidad de las más altas autoridades de Myanmar para aprovechar la oportunidad única que ofreció la presencia de la misión de muy alto nivel para retomar un diálogo digno de crédito”, agrega.

Por unanimidad, el Consejo de Administración resolvió exhortar a ”gobiernos, empleadores y trabajadores, así como a agencias internacionales” la revisión de sus relaciones con Birmania y la adopción de ”las acciones que consideren necesarias” para sancionar al régimen por sus violaciones de los derechos laborales.

Este pronunciamiento fue aplaudido por los defensores de los derechos humanos en Birmania, que atribuyen a la junta militar cierta sensibilidad ante los gestos de la OIT que no posee respecto de otras agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

”Las intervenciones de la ONU en Birmania han sido muy ineficaces, excepto las de la OIT, que ha logrado algunos cambios a través de la amenaza de sanciones”, dijo a IPS Aung Naing Oo, de The Burma Fund, organización de derechos humanos radicada en Washington.

”El gobierno militar no podrá ignorar el llamado a sanciones de la OIT”, agregó Aung Naing Oo.

La propia junta abrió camino a las sanciones económicas cuando el hombre fuerte de Birmania, general Than Shwe, evitó en febrero reunirse con una misión de alto nivel de la OIT de visita en Rangún.

En respuesta, la delegación, encabezada por Ninian Stephen, ex gobernador general de Australia, recortó la visita por falta de cooperación. Pero, antes, la misión estableció un plan de acción hacia el establecimiento de una reforma laboral en el país.

Los funcionarios internacionales llamaron a la junta a detener el uso de trabajo forzoso por parte del ejército, a desarrollar una campaña pública efectiva contra esa práctica y a renovar sus compromisos de erradicarla.

También reclamaron a la dictadura garantías de libertad de movimientos de los integrantes de la misión —pues se les había impuesto restricciones— y la amnistía de tres ciudadanos birmanos condenados por ”alta traición” por haber tenido contactos con funcionarios de la OIT.

”Aunque el gobierno de Myanmar declaró voluntad política para atender el trabajo forzoso, el Consejo de Administración de la OIT expresó grandes dudas sobre la credibilidad de tal declaración, dada la actitud de las autoridades” hacia la misión, indica el comunicado de este viernes.

El representante de Myanmar ante los organismos internacionales en Ginebra, U Nyunt Maung Shein, dijo el jueves ante el Consejo que las autoridades de su país no pudieron recibir a la misión porque se hallaban ”completamente ocupadas con la Convención Nacional” constituyente en curso.

”Myanmar ha cumplido sus obligaciones hasta donde ha podido. En los últimos años, lamentamos decir que la OIT ha sido cada vez más usado por algunas naciones poderosas e influyentes como herramienta política para presionar a Myanmar. No podemos aceptarlo, y no lo aceptaremos”, agregó el diplomático.

U Nyunt Maung Shein aseguró que las denuncias sobre trabajo forzoso se basan sobre ”información falsa, distorsionada y exagerada suministrada por disidentes fuera del país” que son ”financiados por elementos opositores para cometer actos terroristas en Myanmar”.

Casi todo el gabinete birmano participó el día 15 en una conferencia de prensa en Rangún para advertir que ”grandes naciones del bloque occidental usan la OIT para presionar a Myanmar con el fin de instalar un gobierno títere”.

La de esta semana no fue la primera gestión política de la OIT para poner fin al trabajo forzoso. También en 2000 se resolvió prever sanciones si la situación no mejoraba, entre las que se recomendaba retiro de inversiones y prohibición a sindicatos, agencias de la ONU y países de comerciar con Birmania..

Pro el Consejo para la Paz y el Desarrollo del Estado, como se hace llamar la junta militar, aventó las amenazas mediante una ley que prohibía el trabajo forzoso y un convenio con la OIT para la elaboración de una reforma del régimen laboral.

Pero las violaciones de los derechos laborales continuaron, y el mayor empleador de trabajo forzoso continuó siendo el poderoso ejército, que domina todas las esferas de la actividad nacional desde el golpe de Estado de 1962.

El ejército birmano es hoy el segundo de Asia, con al menos 400.000 uniformados, y se engulle la mitad del presupuesto nacional.

La OIT calculó que más de 800.000 personas son víctimas en Birmania de trabajo forzoso, con tareas como limpieza de carreteras, transporte manual de cargas pesadas, construcción de cuarteles y proyectos de infraestructura.

”Los militares están atrapados en su propia política, pues ha necesitado el trabajo forzado para sobrevivir”, explicó Aung Naing Oo. ”Sus propios negocios, que son muchos, resultarán afectados”, agregó.

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) informó que la Ley de Empresas Públicas de 1989 atribuyó a la junta el control de 12 áreas clave, como la forestación, el petróleo y el gas, el transporte, los bancos y los seguros.

”Than Shwe sabe lo que la OIT puede hacer, y nadie tiene más que él la autoridad para ordenarle al ejército que se detenga”, concluyó Aung Naing Oo.

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