Los medios de comunicación de Sri Lanka observan con alivio las medidas del gobierno de Maithripala Sirisena, que tras asumir el poder el 9 de enero flexibilizó las restricciones a la movilización de la población y permitió el acceso a páginas de Internet que estaban bloqueadas o prohibidas.
Los nuevos ministros aseguran a la población que los servicios de inteligencia recibieron la orden de cancelar la vigilancia a las llamadas telefónicas particulares.[pullquote]3[/pullquote]
«Al Servicio de Inteligencia del Estado se le solicitó que se limite estrictamente a las operaciones nacionales de seguridad, nada más», declaró el 28 de enero a corresponsales extranjeros el portavoz del gabinete y ministro de Salud, Rajitha Senaratne.
El gobierno también impulsa un antiguo proyecto de ley de Derecho a la Información, que probablemente presente al Parlamento antes del 20 de este mes.
Un comité creado para redactar la iniciativa se reunió con organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre otras, para presentar un anteproyecto al gabinete antes del 16 de febrero.
No es la primera vez que el Parlamento maneja una iniciativa de este tipo. En septiembre de 2010, Karu Jayasuriya, el vicepresidente del opositor Partido Nacional Unido, presentó un proyecto similar de ley de DAI, pero tuvo que retirarlo tras la fuerte resistencia del entonces presidente, Mahinda Rajapaksa.
Al menos 13 trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados y decenas huyeron por temor a represalias durante el gobierno de Rajapaksa (noviembre de 2005-enero de 2015), según el Comité para la Protección de los Periodistas.
Lasantha Wickrematunge, redactor de un semanario crítico de Rajapaksa y su gobierno, fue asesinado el 8 de enero de 2009 a plena luz del día. El crimen, que continúa impune, conmocionó al país, a medida que se reforzaba la represión estatal de un régimen con nula tolerancia a las críticas.
Su asesinato también fue considerado un ataque a uno de los pocos medios de prensa que se comprometieron a denunciar la corrupción y el nepotismo, en momentos en que el derecho a la información era visto como un sueño imposible.
Pero en el actual gobierno de coalición presidido por Sirisena, la transparencia y la buena gestión finalmente están subiendo en la lista de prioridades.
«Tenemos que hacer mucha limpieza en casa y no queremos perder el tiempo», señaló Gayantha Karunathilaka, el nuevo ministro de Comunicación.
El proyecto de ley amparará el derecho a recabar información de las oficinas públicas y los funcionarios, y también protegerá a quienes busquen esa información. El gobierno también pidió el retorno de las personas que huyeron del país, pero ninguna lo ha hecho aún.
La ignorancia alimenta la corrupción
Los analistas económicos de Sri Lanka opinan que el proyecto de ley actuaría como un elemento disuasorio contra la corrupción generalizada, que era una de las principales críticas que se le hacían al gobierno de Rajapaksa.
La corrupción y el derroche del expresidente y su entorno eran tan extremos, según diferentes denuncias, que el actual presupuesto provisional, preparado meses antes de las elecciones generales del 8 de enero, incluye un recorte de más de 600.000 dólares en los fondos destinados a la secretaría presidencial.
Según los expertos, esta es solo la punta del iceberg de los fondos públicos que fueron a parar a la familia inmediata de Rajapaksa o a sus allegados.
«En países como India, la ley del Derecho a la Información parecería haber reducido la corrupción, como se refleja en una mejor calificación… en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que elabora Transparencia Internacional”, señaló el economista Muttukrishna Sarvananthan.
India pasó del puesto 94 en 2012 al número 85 en 2014 en el índice de la organización internacional con sede en Berlín.
«Muchos países en desarrollo también experimentaron una mejora en el IPC después” de aprobar estas leyes, añadió.
El economista considera que la ley del Derecho a la Información permitiría que los medios tuvieran un mayor control del gasto público, dada la garantía jurídica para obtener información del Estado.
En 2014, Sri Lanka ocupó el lugar 85 en el IPC, ya que solo obtuvo 38 de los 100 puntos del índice, lo que revela la necesidad de adoptar medidas contra la corrupción, según Transparencia Internacional.
En uno de los ejemplos más sorprendentes de corrupción, el último gobierno habría gastado unos seis millones de dólares en un fallido intento por organizar los Juegos de la Comunidad Británica de Naciones en Sri Lanka.
La prensa local informó a fines de enero que el Ministerio de Vialidad, cuya cartera ostentaba el expresidente, gastó más de 375 millones de dólares por encima de su presupuesto en 2014, casi todo destinado a la campaña electoral de Rajapaksa, que finalmente perdió la contienda.
La información sustituye a la autocensura
Sunil Jayasekera, coordinador del Movimiento de Medios Libres (FMM), el principal grupo defensor de la libertad de prensa en este país insular, se refirió al proyecto de ley sobre el derecho a la información.
«Es solo un bloque en una pared más grande que tenemos que construir para reforzar los derechos cívicos aquí. Junto con esa ley, el gobierno también debe formar una comisión independiente para el poder judicial y la policía”, recomendó.[related_articles]
En los últimos cinco años los derechos de los medios se deterioraron como nunca antes, ya que decenas de periodistas huyeron del país y otros se vieron obligados a practicar la autocensura, aseguró.
«No solo a través del miedo y la intimidación, eran las formas más evidentes, sino que hubo mucha censura por medio del control financiero», explicó el activista.
Varias empresas de medios en manos privadas cambiaron de dueño en los últimos cinco años, entre ellas The Sunday Leader, el principal diario en inglés, cuyo redactor era el asesinado Wickrematunge y que a veces era la única voz contra el nepotismo imperante.
Se sospecha que la mayoría de los nuevos inversores apoyaban a la administración de Rajapaksa.
En uno de esos casos, la dirección de un semanario informó a su personal, poco después de las elecciones de enero, que había perdido todos sus ingresos por concepto de publicidad, simplemente porque más de 90 por ciento de sus anuncios correspondían a organismos públicos.
Una regla interna no escrita del semanario era no informar sobre las inversiones relacionadas con casinos que realizó el gobierno de Rajapaksa, estimadas en más de 1.000 millones de dólares.
“Ese es solo un ejemplo. Hay decenas similares en la última década», sostuvo Jayasekera.
Edición de Kanya D’Almeida / Traducción de Álvaro Queiruga
