El gobierno de El Salvador anuncio hoy la creacion de un grupo conjunto de trabajo constituido por todos los organismos encargados de la aplicacion de la justicia para que esta sea eficaz en beneficio de la sociedad.
En dicho grupo estan integrados el sector judicial, el policial, el Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia y Fiscalia General, que deberan unificar criterios para la correcta aplicacion de la justicia frente a la creciente delincuencia en el pais.
Fuentes policiales confirman que tras la finalizacion del conflicto belico, en enero de 1992, los niveles de delincuencia se incrementaron notablemente y llegan a contabilizarse hasta 500 graves delitos diarios en esta capital.
"La justicia debe estar en beneficio de la sociedad y no de la delincuencia", dijo el viceministro de Seguridad Publica, Hugo Barrera, al referirse al caso de que muchos malhechores quedan en libertad por deficiencias en el sistema judicial o de sus organos auxiliares.
La semana pasada se tuvo conocimiento publico de que un juez absolvio en mayo a una banda de narcotraficantes sin que la Corte Suprema de Justicia ni la Fiscalia General conocieran del caso.
En la actualidad, la Policia Nacional Civil (PNC) investiga a los fiscales asignados al referido caso para determinar si estos fueron o no sobornados por los narcotraficantes.
La mision de Naciones Unidas para la verificacion del proceso de paz en El Salvador (ONUSAL) entrego tambien a la Corte Suprema, la semana pasada, un listado de 50 jueces incapaces, corruptos y violadores de los derechos humanos, a fin de que estas personas fueran separadas del sistema judicial.
La actitud de ONUSAL levanto protestas de funcionarios salvadorenos, incluso del presidente Armando Calderon Sol, quien senalo que la evaluacion de los jueces locales "solo corresponde a los salvadorenos".
Sin embargo, Barrera admitio que "si existen problemas con algunos jueces, pero a estos no les gusta que se diga. Lo que hay que hacer no es reganar al que hace denuncias sino corregir la situacion".
"Queremos que la justicia sea aplicada correctamente y que no haya abuso de la policia", indico el maximo encargado de la seguridad publica salvadorena.
Los acuerdos con que finalizo la guerra civil contemplaron una amplia reforma judicial para poner termino a la impunidad debido al sistema juridico obsoleto y corrupto que ha tenido El Salvador en los ultimos 60 anos, durante los cuales prevalecio un estado de dictadura militar. (FIN/IPS/jd/mso/np/94). —
