MINERÍA-PERÚ: Un pueblo se destruye a tajo abierto

A 4.380 metros sobre el nivel del mar, un inmenso tajo abierto en el suelo crece y se devora el corazón de la ciudad de Cerro de Pasco, en el centro de Perú, extendiendo los daños a las aldeas campesinas vecinas.

Naún y sus amigos sueñan con vivir en otro lugar Crédito: Milagros Salazar/IPS.
Naún y sus amigos sueñan con vivir en otro lugar Crédito: Milagros Salazar/IPS.
El polvo plúmbeo, las explosiones de dinamita y los gases tóxicos de la explotación de zinc, oro y plata —que lleva a cabo Volcan Compañía Minera— han arrinconado de tal modo a la población que el gobierno acaba de promulgar una ley para trasladar a los habitantes.

El tajo tiene hoy 1,8 kilómetros de largo en esta ciudad que es capital de la región de Pasco. Alrededor de él se extiende el purgatorio. A pocos metros, las casas muestran las grietas causadas por las detonaciones, los niños juegan frente a montañas de escombros y cargan concentraciones de plomo en la sangre que superan los límites aceptables para la salud. Un poco más lejos, los campesinos ven morir el ganado por falta de agua y pastizales contaminados.

El Instituto de Defensa Civil concluyó en 2006 que 85 por ciento de las viviendas alrededor del tajo eran inhabitables. La gente sabe que en cualquier momento deberá abandonar su casa, aunque ese día tarde en llegar por la ausencia del Estado. No se van pero tampoco se quedan. Hay una sensación permanente de estar en tránsito.

Para sorpresa de muchos habitantes, y tras dos años de perseverancia de un sector del Congreso legislativo, el Poder Ejecutivo promulgó el 13 de diciembre la ley 29.293 que declara de necesidad pública e interés nacional la reubicación de la gélida ciudad, que en los días de fin de año golpea a sus visitantes con una temperatura de cinco grados bajo cero.
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"¿Es verdad? ¿El presidente ya aprobó el traslado? Eso sería bueno por los niños. Pero, ¿quién va a pagar los costos de la reubicación?", pregunta a IPS Carolina Berrospi, de 19 años de edad, quien vive al lado de un depósito de desmontes mineros en la vecina comunidad de Ayapoto.

Según la norma, el gobierno tiene plazo hasta mediados de enero para conformar una comisión interinstitucional que deberá realizar un estudio técnico sobre el reasentamiento y demostrar la voluntad de iniciar este proceso, postergado por años, para 11.000 familias.

EL ANILLO DE LA CONTAMINACIÓN

Las zonas más afectadas son barrios urbanos y comunidades campesinas que rodean el tajo, explotado desde 1999 por Volcan, o cercadas por montañas de residuos mineros de ayer y hoy.

La minería se remonta a cuatro siglos en este lugar. Se intensificó en 1901, con la compañía estadounidense Cerro de Pasco Copper Corporation, y continuó con la estatal Empresa Minera del Centro del Perú (Centromín), en los años 70. Desde 1999, Volcan explota principalmente zinc, plomo y plata.

Las sospechas de contaminación se convirtieron en certezas. Un estudio de 2005 de la Dirección Regional de Salud de Pasco determinó que más de 80 por ciento de los niños de las comunidades de Quiulacocha y Champamarca tenían más de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre (mcg/dl), máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 2006, se obtuvieron resultados similares en Yanacancha.

La intoxicación crónica con plomo daña los riñones, el sistema nervioso y el reproductivo, puede causar hipertensión y anemia y altera el metabolismo. En los niños provoca daños irreversibles, como dificultades de aprendizaje, problemas de conducta y retardo mental, afirma la OMS. En concentraciones muy elevadas, puede desencadenar convulsiones, estados de coma y muerte.

Una investigación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos, elaborada en mayo de 2007, tomó muestras de suelos, polvo y aire en 40 áreas públicas y 53 viviendas de Ayapoto, Chaupimarca y Paragsha y examinó a 357 participantes, 163 niñas y niños y 194 mujeres.

El informe resultante sostiene que 91 por ciento de las niñas y niños de entre 1 y 12 años de edad examinados y 82 por ciento de mujeres en edad fértil tenían niveles altos de diversos agentes tóxicos, entre ellos plomo, cesio y talio.

El 25 de diciembre, día de Navidad, los niños Juan José, Naún y Christian han sacado a pasear a la pequeña Shandé, de un año de edad. Apenas escuchan el clic de la cámara de IPS posan con una sonrisa delante de un cementerio de residuos mineros en Ayapoto.

"No me gusta vivir aquí, hay mucha basura y cuando suenan los disparos huele feo", dice Naún. Los análisis afirman que su sangre tiene 18 mcg/dl de plomo.

Las detonaciones hacen temblar las casas a las 11 de la mañana y a las tres de la tarde. "Son 'los tiros' que impregnan el ambiente de un olor a jebe quemado", afirma Vilma Vicente.

"En ese momento, mi hermanito grita, llora", cuenta Angela, de 11 años, vestida de rosado.

La comunidad campesina más afectada es Quiulacocha. Sus 850 habitantes intentan vivir del ganado ovino, cercados por dos zonas de relaves, una mezcla tóxica de tierra, minerales, agua y rocas, que constituye la basura de la minería.

La primera, con los desechos dejados por Centromín, está a la entrada de la aldea, donde antes había una laguna. Metros más abajo se levanta la presa de relaves Ocroyoc, de Volcan.

"Esto es terrible, sobre todo en verano, cuando se calienta el relave y se levanta un vapor dañino y el viento jala esos residuos a nuestras casas", describe a IPS el presidente de la comunidad, Silvino Guadalupe Rojas.

Alberto Rojas, un comunero dueño de 200 cabezas de ganado, asegura que este año ha perdido entre 15 y 25 por ciento de sus animales por la sequía y la contaminación de los pastizales.

REUBICACIÓN LEJANA, EXPANSIÓN CERCANA

Según dijo a IPS el presidente regional (gobernador) de Pasco, Félix Rivera Serrano, el proceso de reubicación demandará entre 15 y 20 años, y sólo la primera etapa costará 1.500 millones de dólares.

"¿En 20 años? Será cuando ya esté muerto. Desde que soy niño vengo escuchando que nos vamos a ir, y nada. Mire las calaminas de las casas: están negras de polvo de relave", dice Rojas, padre de un hijo con 17 mcg/dl de plomo.

El anciano Teodoro Jesús Conozco, de 78 años, está a favor de la reubicación, pero no a cualquier precio. "¿Cómo nos van a pagar sólo 3.000 soles (unos 1.000 dólares) por nuestra casa? Mejor me quedo. ¿Y nuestro ganado, adónde va ir?", interroga.

Mientras, Volcan busca expandir sus operaciones con el llamado Plan L, que implicaría la destrucción de 11,4 hectáreas del centro histórico de la ciudad, el barrio de Chaupimarca. Habrá que demoler la plaza de armas, la iglesia principal y el histórico edificio Vicente Vegas donde en 1820 se declaró la independencia de Pasco.

La empresa busca los minerales que se encuentran debajo de esta zona, por lo que ya ha adquirido unas 400 viviendas. El proyecto está amparado en un convenio suscrito con el municipio provincial en septiembre.

El jefe de relaciones públicas de la Unidad Operativa de Cerro de Pasco de Volcan, Luis Pariona, dijo a IPS que la empresa respeta la decisión sobre el reasentamiento de la ciudad, pero no detendrá el Plan L, porque las autoridades locales y las organizaciones sociales lo aprobaron luego de una veintena de reuniones públicas, en las que consideraron que la actividad minera es una necesidad pública.

El profesor Rodolfo Rojas, delegado de los comerciantes e inquilinos de Cerro de Pasco ante la subcomisión de expansión minera, aseguró que de los 14 miembros de este grupo, apenas cinco firmaron el informe final aprobando la expansión.

"Debe suspenderse la ampliación del tajo hasta que se garantice un traslado justo para todos a un lugar saludable", argumentó Rojas. Volcán plantea un reasentamiento de corto plazo, con la construcción de viviendas e instituciones públicas en una zona cercana al tajo, dijo.

El presidente de la Asociación de Comerciantes e Inquilinos de Cerro de Pasco afectados por la expansión minera, Dimas Peña, pidió facilidades para que los socios del centro histórico puedan adquirir terrenos, siguiendo un decreto ley que se aprobó en 1971 para la reubicación de un sector de la ciudad.

PRIMERO LA MINERÍA

"Todo esto revela la ausencia del Estado ante un modelo de enclave minero, donde la empresa ordena la vida social, política y económica", dijo a IPS la congresista Gloria Ramos, hija de un trabajador minero, originaria de Cerro de Pasco e impulsora de la ley de reubicación.

"Por años se ha condicionado el derecho al trabajo a cambio de una vida llena de contaminación e indigna. Hemos crecido con una cultura de tránsito sin pensar en un desarrollo sostenible", agregó la legisladora.

En algunos casos, tres veces por semana y durante pocas horas al día, los habitantes reciben un agua turbia con la que deben satisfacer sus necesidades.

Pariona reconoció a IPS la gravedad de la contaminación, pero atribuyó la mayor responsabilidad al pasado y a la propia naturaleza.

"De por sí, los suelos de Cerro de Pasco tienen contaminación de óxido, plomo y todos los metales de la zona. Las operaciones mineras durante más de 400 años han generado un pasivo ambiental grave, dramático", dijo el portavoz de Volcan.

El tajo, como una herida, se sigue abriendo.

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