Al encontrarse con un conocido después de mucho tiempo, un joven cachemiro exclama en una farmacia de Srinagar: “¡Estabas desaparecido!”. Su comentario suscita una respuesta inesperada en el otro: “Mide tus palabras. Hay personas cuyos seres queridos realmente desaparecen”.
En el fronterizo estado indio de Jammu y Cachemira, desgarrado por el conflicto, “desaparición” no es una palabra trivial.
Las emociones están a flor de piel luego de que el ejército indio cerró lo que se conoce como el “caso Pathribal”, dejando libres de todo cargo a cinco oficiales acusados de la ejecución extrajudicial de cinco civiles cachemiros en marzo de 2000.
“No teníamos ninguna expectativa sobre esta investigación”, dice Rashid Kan, hijo de una de las víctimas, a IPS.
[pullquote]3[/pullquote]El juez Rajindar Sachar, expresidente de la Unión Popular para las Libertades Civiles, advirtió que si el ejército se absuelve a sí mismo solo agravará la sensación de alienación y el resentimiento entre los cachemiros.
Cachemira ha sido el centro de un conflicto sangriento entre India y Pakistán durante décadas, casi desde que las dos naciones se independizaron de Gran Bretaña en 1947.
La insurgencia separatista dejó miles de muertos desde que estalló en 1989, reclamando “libertad” para Cachemira. El gobierno indio ha realizado fuertes movilizaciones militares en la región.
De acuerdo con la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas, con sede en Srinagar, se ignora el paradero de más de 8.000 personas en el estado.
También en el caso Pathribal, las víctimas desaparecieron tras ser detenidas por “hombres armados desconocidos”.
Poco después, el ejército indio presentó un primer informe a la policía señalando haber matado en un enfrentamiento en la aldea de Pathribal a cinco “insurgentes” de la organización terrorista Lashker-e-Toiba, con base de operaciones en Pakistán.
Según testigos locales, el ejército quemó los cadáveres para impedir su reconocimiento. Hubo manifestaciones masivas protagonizadas por lugareños que reclamaron la exhumación de los cuerpos para su identificación.
Finalmente, y tras las protestas, los cadáveres fueron exhumados. Se les practicaron análisis genéticos, pero la reiterada manipulación de las muestras prolongó dos años la investigación. El gobierno estadual luego remitió el caso al Buró Central de Investigaciones de India, que comprobó que los cuerpos eran de los cinco civiles desaparecidos.
Después de que el Buró presentó cargos contra cinco oficiales del ejército, entre ellos dos brigadieres, la fuerza impugnó el proceso. En 2012, la Suprema Corte le dio permiso para juzgar a los cinco militares en un tribunal castrense, siguiendo sus propios procedimientos legales.
En enero, el ejército exoneró de culpa a todos los acusados.
“No hay registro de ninguna evidencia que conecte de ningún modo a ninguna de las cinco personas acusadas con los cargos de asesinato, confinamiento erróneo, secuestro o desaparición de las cinco personas fallecidas”, argumentó el ejército al declarar cerrado el caso.
La decisión ha conmocionado a muchos, aunque algunos familiares de las víctimas dicen no estar sorprendidos. “Apenas el ejército decidió hacerse cargo del caso, pese a la minuciosa investigación del Buró Central de Investigaciones, nuestras esperanzas se hicieron añicos”, dice Rashid Kan.
Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos en Cachemira y Nueva Delhi reaccionaron enérgicamente.
[related_articles]“Esto es extraño. ¿Cómo puede negar el ejército lo que demostró claramente el Buró Central de Investigaciones? Pienso que esto echará por tierra toda la buena voluntad que se había granjeado el ejército”, plantea el ministro jefe de Cachemira, Omar Abdullah.
El Buró dice que no se pronunciará hasta que reciba directivas de la Suprema Corte.
“Haremos lo que sea que la Suprema Corte nos pida”, explica a IPS el portavoz del Buró, Kanchan Prasad.
Según Nayeem Ajtar, del Partido Democrático Popular (PDP), si la justicia hubiera dejado abierto el caso Pathribal, el panorama en Cachemira sería otro.
“Después de todo, tal vez fue el primer caso de miles que se permitió investigar libremente”, dice a IPS.
A organizaciones de defensa de los derechos civiles les preocupa ahora que el ejército realice otro juicio castrense sobre otra matanza extrajudicial similar, ocurrida en el área de Machchil, en el norte de Cachemira.
En un estudio basado en documentos oficiales, obtenidos mediante la Ley de Derecho a la Información del gobierno indio, el Tribunal Popular Internacional para los Derechos Humanos y la Justicia en Cachemira dice que hay una enorme reticencia a investigar realmente o a juzgar a las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos.
“Presentamos (un recurso en el marco de) la Ley de Derecho a la Información sobre los resultados de investigaciones en diferentes casos desde 1990 a 2011”, dice Jurram Parvez, de la Coalición de la Sociedad Civil, con sede en Srinagar, a IPS.
“Un análisis de la información… indica claramente que estas investigaciones fueron meramente simbólicas”, añade.
