Mientras no haya intérpretes y traductores en lenguas indígenas en los juzgados y hospitales de México, difícilmente podemos hablar de inclusión en un país racista y clasista que prefiere discriminar antes de reconocerse diverso y plurilingüe.
En California, en Estados Unidos, surgieron los primeros intérpretes de lengua materna indígena que hasta ahora agrupa a 250 mujeres y hombres distribuidos en los 50 estados de Estados Unidos. El proyecto lo impulsó el fallecido Rufino Domínguez en 1993 y de ahí diseñaron estrategia de colaboración y capacitación.
Desde el inicio, los intérpretes tuvieron dificultades porque no contaban con hablantes de las variantes lingüísticas que les pedían en la corte y en los hospitales para acompañar a los paisanos de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guatemala.
Además, tuvieron que lidiar con la discriminación cultural y lingüística en las calles de Los Ángeles. Eso no fue todo, también sufrieron el rechazo en la corte cuando les tocaba interpretar en los juicios por su vestimenta.
En una plática en Los Ángeles con la coordinadora de Comunidad Indígena en Liderazgo (Cielo), Odilia Romero Hernández, contó el trabajo que hace como intérprete trilingüe en un hospital al oeste de esa ciudad: “Fue un proyecto diferente y cuesta mucho trabajo conseguir el financiamiento porque desde punto de vista humano es un acto político y de conciencia”.
Los intérpretes en California tienen mentalidad diferente, dice la activista Romero Hernández: “no se trata de pedir un servicio sino ser parte y educar”, el porqué debe haber intérpretes y traductores en los espacios públicos de Estados Unidos, un espacio muy propio de los migrantes indígenas mexicanos.
Las primera conquista de los intérpretes en California fue el reconocimiento de los jueces: “Me llaman para pedir asesoría de cómo ayudar y evaluar a los acusados, si es el idioma que yo hablo, y si no, averiguo o pido apoyo con otro compañero, para conseguir buena interpretación. A veces, no es mi variante zapoteca, o es otro idioma, entonces buscamos la forma de que tenga un intérprete”, explica la activista.
La experiencia que comparte Odilia Romero difícilmente ocurriría en México, un país con 62 pueblos indígenas, pero sin acceso a la justicia y atención médica en su lengua materna, durante años miles de indígenas fueron encarcelados, pero sin un proceso judicial garante de los derechos humanos de los procesados.
En 2006, el colectivo Tatyi Savi visitó el Centro de Readaptación Social de Acapulco donde encontró anomalías en el proceso de los indígenas de la montaña de Guerrero que no contaron con intérprete en su lengua materna, es más, ni siquiera les hicieron saber que tenían derecho a una justicia pronta y expedita. O sea, violaron todos sus derechos humanos.
México es un país que ha firmado todos los convenios y tratados en materia de derechos humanos e indígenas, pero estas firmas no se ven reflejadas en los hechos, porque ni siquiera los funcionarios del sector salud, procuración y administración de justicia conocen la Ley General de Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
En el tema de salud ha habido violaciones graves a los derechos humanos, por ejemplo, en Ayutla de los Libres, Guerrero, fueron esterilizados 16 indígenas ñuu savi (mixteco) cuando la secretaría de Salud promovió una campaña en 1994. Sin intérpretes en su lengua materna, fueron sometidos a una vasectomía.
En los últimos años los profesionistas indígenas empezaron a crear un colectivo de intérpretes y traductores en su lengua materna sin apoyo institucional, pero lo hacen desde su trinchera de resistencia para visibilizar la discriminación jurídica e institucional que enfrentan en todos los espacios públicos.
Lo ideal sería que el Estado mexicano creara juzgados en materia indígena para que los hablantes en esas lenguas tengan acceso a la justicia desde su cultura, cosmovisión y territorio, sin que sean objeto de justicia, sino sujeto en los tribunales.
Que las universidades abran matrículas en lengua materna para que los jóvenes reciban conserven su identidad sin ser discriminados. Además, generar condiciones para que a los egresados se les reconozca su lengua indígena y el español, en lugar de que se les exija una lengua extranjera como requisitos de titulación.
Este artículo fue publicado originalmente por Pie de Página, de la mexicana red de Periodistas de A Pie.
RV: EG
