Los delegados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que este lunes inician una visita a México, se irán con maletas llenas de denuncias civiles, que describen una situación humanitaria grave y afirman que el gobierno busca criminalizar la protesta social.
Entre los casos que conocerán los visitantes está la presunta violación y muerte de una anciana indígena a manos de soldados, la clausura de una fiscalía que investigaba la "guerra sucia" contra opositores de los años 60 a 80, y las agresiones sexuales contra mujeres detenidas por policías tras una protesta en la localidad de Atenco.
Los representantes de la CIDH también serán informados sobre detenciones de jóvenes ordenadas por un gobernador que ahora es funcionario del gobierno, y acerca de la represión de un levantamiento social en el estado de Oaxaca.
Sólo los casos de la indígena, ocurrido en febrero, y el del cierre de la fiscalía corresponden a la gestión del presidente conservador Felipe Calderón, en funciones desde diciembre. Pero para las organizaciones de derechos humanos, son ejemplos suficientes para revelar el talante del nuevo gobierno.
La delegación de la CIDH estará encabezada por el propio presidente de este organismo y relator para México, Florentín Meléndez, acompañado por el secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, y la especialista en Derechos Humanos, Daniela Salazar.
La comitiva, que estará en México hasta el sábado 14 de abril cumpliendo la séptima misión de la Comisión a este país, fue invitada por el propio gobierno de Calderón, pero activistas de derechos humanos sostienen que su visita responde a las reiteradas solicitudes formuladas por su parte.
"Esta visita la venimos pidiendo desde el año pasado, que fue un año muy malo en derechos humanos en México, tal como lo está siendo este 2007", dijo a IPS Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por 54 entidades nacionales.
Los miembros de esta Red llevan varios meses preparando sus informes para la CIDH. Lo mismo hizo el gobierno, cuyos funcionarios se reunirán con los visitantes, al igual que legisladores y representantes del Poder Judicial.
Aunque la mayoría de quejas civiles apuntan a hechos registrados entre 2004 y 2006, las organizaciones humanitarias protestan contra el actual gobierno pues no hace nada para esclarecerlos ni para pronunciarse con claridad sobre cuál será su política en derechos humanos, afirman.
Una y otra vez, esos grupos han reclamado tal pronunciamiento, que podría materializarse esta semana, pues según indicó el gobierno, a la misión de la CIDH se le informará sobre las prioridades gubernamentales en derechos humanos.
La CIDH, uno de los órganos del sistema de justicia hemisférico adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene por misión promover y proteger los derechos humanos en el continente.
Según Cortez, el gobierno de Calderón "ha sido omiso en derechos humanos, pero además ha dado muestras de que le interesa muy poco".
Los activistas ven con suspicacia el despliegue del ejército ordenado por el mandatario en varios estados bajo el argumento del combate al narcotráfico. Según los grupos de derechos humanos, se trata de una estrategia que busca militarizar el país y de paso criminalizar la protesta social.
Además, reclaman al gobierno la necesidad de esclarecer la represión cometida contra ciudadanos en la revuelta social del sureño estado de Oaxaca, que en el último semestre de 2006 dejó 23 muertos, cientos de detenidos, una cantidad no precisada de desaparecidos y múltiples evidencias de abuso de poder e impunidad. Otro asunto que preocupa a la sociedad civil es la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de México, dependiente de la Procuraduría General y creada por el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006).
Ese ente debía encausar judicialmente a los responsables de la ola represiva contra opositores llevada a cabo por los regímenes del Partido Revolucionario Institucional, que gobernaron México entre 1929 y 2000 y que arrojó un saldo de 532 personas desaparecidas.
Calderón dejó morir la Fiscalía Especial, y hasta la fecha no ha informado de si hará algo por esclarecer los delitos cometidos en el pasado por fuerzas de seguridad.
"Ojalá tras la visita de la CIDH quede claro qué medidas tomará este gobierno en derechos humanos, ya nos urge saberlo", dijo el secretario de la Red.
Uno de los hechos que puso en guardia a los grupos humanitarios frente a Calderón fue su decisión de nombrar como ministro de Gobernación (Interior) a Francisco Ramírez, ex gobernador del estado de Jalisco.
En aquel cargo, Ramírez había ordenado en mayo de 2004 una dura represión contra cientos de jóvenes que protestaban en la occidental ciudad de Guadalajara contra la cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea.
La policía cargó contra los manifestantes, detuvo ilegalmente a 73 personas, torturó al menos a 19 y sometió a otros tratos degradantes a 55, según un exhaustivo informe de la estatal pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ramírez restó entonces importancia a la acusación, sostuvo que la represión fue adecuada e incluso condecoró a los policías acusados de cometer actos ilegales.
"Dejar en manos de Ramírez la política interna y parte de las estrategias de seguridad es algo terrible", expresó Cortez.
De la mano de este ministro, el gobierno está adoptando estrategias para encubrir a soldados acusados de delitos en su función, afirman los activistas.
Se acusa al gobierno de haber exculpado a militares por la muerte de la indígena de la etnia nahua Ernestina Ascensio, de 73 años, violada el 25 de febrero por militares en el municipio rural de Soledad Atzompa, unos 450 kilómetros al este de la capital, en el estado de Veracruz, según denuncias de sus familiares.
Informes preliminares y testimonios señalaban la responsabilidad de soldados. Pero el gobierno de Calderón replicó que nunca hubo violación y que la indígena falleció por problemas estomacales y de desnutrición.
Las organizaciones de derechos humanos creen que la actitud oficial tolerante hacia infracciones o delitos de autoridades locales también se aprecia en el caso de Atenco, en el que Calderón no adoptó medida correctiva ni sanción alguna.
En esa localidad, cerca de la capital mexicana, la Policía Federal Preventiva dependiente del gobierno llevó a cabo en mayo de 2006 un violento desalojo de manifestantes. En la acción se cometieron graves abusos, como ataques sexuales contra algunas detenidas, indicaron varios informes.
