RÍO DE JANEIRO – La ínfima ventaja con que triunfó Pedro Castillo en las elecciones presidenciales del 6 de junio alienta su impugnación y la inestabilidad política de Perú, que ya cuenta cuatro mandatarios desde 2016 y seis expresidentes acusados de corrupción, incluso Alan García, que se suicidó antes de ser detenido en abril de 2019.
Se abre un nuevo capítulo de uno de los variados dramas de América Latina que vive un nuevo ciclo de vuelcos, protestas, violencia y gobiernos autoritarios, pero también de elecciones democráticas.
Castillo, candidato de Perú Libre, un partido de “izquierda socialista”, derrotaba a la derechista Keiko Fujimori por escasos 47 145 votos, cuando faltaba contabilizar solo 0,04 por ciento de las actas electorales la noche del 14 de junio. Eso representa 0,27 por ciento de los 17,6 millones de votos válidos.
La proclamación de su triunfo está demorada mientras se observa el reclamo de Fuerza Popular, el partido de Fujimori, que requirió al Jurado Nacional de Elecciones la nulidad de 802 actas del interior del país, que corresponden a unos 200 000 votos y donde Castillo tuvo el mayor respaldo, lo que podría invertir el resultado final.
“Veo difícil la nulidad, porque los argumentos son endebles. Tendrían que probar fraudes, voluntad de delito”, evaluó Javier Torres, un antropólogo y director del portal Noticias Ser.
El triunfo del docente rural Castillo en la primera vuelta sorprendió por tratarse de un líder campesino poco conocido nacionalmente y sin una carrera política (solo postuló una pequeña alcaldía en 2002 sin éxito), contra la hija y heredera del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), apoyada por el empresariado, los grandes medios de comunicación y la élite en general.
“Una combinación de factores favoreció a Castillo”, resumió Torres, en entrevista a IPS por teléfono desde Lima.
“Hay una demanda por reconocimiento, a tener un lugar en la sociedad peruana” por parte de la población rural, campesina, que “votó por Castillo en la casi totalidad, más de 90 por ciento”. Además “él atrajo el voto anticentralización, contra Lima como centro de poder”, explicó.
En consecuencia conquistó una amplia mayoría de las regiones de la sierra, “de pobreza rural y origen indígena”, y también de la Amazonia. Pero tampoco dejó de aunar votos en las regiones costeras, en Lima por ejemplo obtuvo un 30 por ciento, en distritos pobres.
Además “Fujimori estaba condenada a perder a causa de la corrupción”, acotó Torres, porque ella está acusada de haber recibido fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas electorales. Su padre está preso desde 2007, condenado por corrupción y masacres durante su gobierno, que priorizó el combate a la guerrilla del grupo Sendero Luminoso.
“Todo fue potenciado por la pandemia de covid-19, una crisis económica y sanitaria que desnudó la incapacidad del Estado en atender las necesidades de la población, especialmente en las zonas alejadas”, observó Torres.
El trasfondo es “el modelo económico que representó un crecimiento económico durante diez a 15 años que no benefició a los pobres. En varias regiones se implantaron proyectos mineros, pero no les llegó el bienestar”, recordó.
La lucha contra los impactos sociales y ambientales de la minería tuvo gran movilización y repercusión en los últimos años en Perú.
El personaje también contribuyó al éxito. Castillo es “un maestro del campo y los profesores disfrutan de gran respeto en las zonas rurales, representan el conocimiento”, destacó Torres. “Su conexión real con la gente del campo, sobre todo del campo, sobresalió en los debates”, acotó.
Al intento de asociarlo a la violencia del grupo maoísta Sendero Luminoso, que aterrorizó el Perú en los años 80 y 90 y cuya derrota brindó gran popularidad al expresidente Fujimori, Castillo recordó haber sido un “rondero”, miembro de las rondas campesinas, que enfrentaron a Sendero y ahora combaten a ladrones de ganado.
Ser religioso, católico con mujer e hija evangélicas, también lo ayudó a “enganchar con el pueblo, con sus metáforas y frases de la Biblia, un lenguaje sencillo”, subrayó el antropólogo.
Pero eso se relaciona también con su moralismo, es un conservador en costumbres como en general la población rural. Pero su oposición al aborto, a los derechos de las minorías sexuales y al matrimonio homosexual puede generar conflictos con movimientos sociales y las feministas.
Situación chilena
Es uno de los contrastes con el proceso chileno, cuya Convención Constitucional, con representantes elegidos el 15 y 16 de mayo, tiene fuerte presencia de los LGBTIQ y las feministas.
La gran diferencia está en la profundidad de los cambios. Mientras Perú vive un vuelco electoral, de transformaciones limitadas incluso por un gobierno de minoría parlamentaria, Chile busca coronar una rebelión de la sociedad, de un año y medio y decenas de muertes, para sustituir un sistema dominado por el neoliberalismo y el autoritarismo.
En la primera semana de julio se instalará la Convención Constitucional, con una clara mayoría de los movimientos sociales y de la izquierda. Resulta de las manifestaciones en las calles que forzaron el plebiscito del 25 de octubre de 2020 en que 78 por ciento de los electores aprobaron la elaboración de una nueva Constitución, que entierre la de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), hasta ahora vigente.
“Sin duda, habrá un predominio de ideas de avanzada, que pondrán en cuestión las bases del neoliberalismo, como el Estado subsidiario, los derechos previsionales, de salud, educación y vivienda, desprivatización del agua, y también la igualdad de género y los derechos reproductivos, además de las reivindicaciones de los pueblos originarios”, resumió Gustavo Gonzalez, exdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile a IPS, desde Santiago.
Este es un año de muchas elecciones en América Latina, pese a la pandemia.
En el mismo Chile la primera elección de gobernadores regionales de la historia del país, concluida el 13 de junio, en segunda vuelta, favoreció los partidos que dominaron buena parte de la política chilena desde el retorno de la democracia en 1990, el Socialista y la Democracia Cristiana, y que habían perdido terreno en la Constituyente.
Pero el aspecto más sobresaliente fue la abstención récord. Solo votó 19,6 por ciento del padrón de electores, un indicador de un desinterés que puede distorsionar pronósticos sobre las elecciones presidenciales del 21 de noviembre.
México y Nicaragua
En México, las más grandes elecciones de su historia, el 6 de junio, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y su izquierdista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) conquistaron nuevas gobernaciones, pero perdieron fuerza legislativa. La mayoría depende de los aliados y no es suficiente para aprobar reformas constitucionales.
Eso apunta a un equilibrio democrático, pero la elección para 21 383 cargos, entre los cuales 15 gobernadores y 500 diputados nacionales expuso la tragedia de México: la campaña, hasta el día de los comicios, había registrado 91 dirigentes políticos asesinados, 36 de ellos candidatos.
La violencia también acomete las protestas políticas que persisten en Colombia desde fines de abril, con más de 70 muertos. El detonante fue un proyecto de reforma tributaria, reflejo de un drama común, la desigualdad agravada por políticas económicas que concentran el ingreso.
En Nicaragua es la represión política que azota el país. Este mes ya encarceló por lo menos 13 opositores, entre ellos cuatro precandidatos a la presidencia. También decenas de periodistas críticos del gobierno de Daniel Ortega sufren detenciones, amenazas y enjuiciamientos, en una operación que también incluye a dirigentes históricos del sandinismo, la fuerza que sustenta al gobernante.
“Es un terror brutal”, definió a IPS una activista social por teléfono desde Managua.
“Tengo 73 años. Nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando, de forma cívica y pacífica, contra una nueva dictadura”, dijo el general retirado Hugo Torres Jiménez, en un mensaje que grabó antes de ser detenido por la policía el domingo 13 de junio en Managua.
Torres es un héroe de la guerrilla sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979 y alzó Ortega a la presidencia en los años 80 y luego desde 2007. Igual suerte tuvo otra figura histórica, Dora María Téllez, la “Comandante 2” del asalto al Palacio Nacional en 1978, decisivo para el triunfo del sandinismo.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele apunta a otro autoritarismo populista. Su amplia mayoría legislativa recién conquistada la estrenó con la destitución de todos los jueces del Supremo Tribunal de Justicia, cinco titulares y cuatro suplentes, el 3 de mayo, formalmente por discrepancias en la gestión de la pandemia.
ED: EG
