Afganos atrapados entre el terror y la corrupción

Un edificio destruido por la guerra en Afganistán. Crédito: Anand Gopal/IPS

La estabilidad del gobierno de Hamid Karzai en Afganistán se ve más amenazada por dentro que por fuera. El terrorismo y la corrupción son los principales males que erosionan sus fundamentos.

“La corrupción está socavando la poca legitimidad que le quedaba al gobierno”, señaló Qader Rahimi, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. “La población no confía en el gobierno. No cree que trabaje para el bien de todos”, dijo a IPS.

La comunidad internacional hasta ahora ha concentrado su su esfuerzo en luchar contra la red radical islámica Al Qaeda y el terrorismo, pero es tiempo de que se enfoque en el combate a la corrupción, “nuestro mayor enemigo”, añadió.

Las estadísticas disponibles confirman esta urgencia. Según información reunida por la Alta Oficina Afgana para Vigilancia y Lucha contra la Corrupción (HOOAC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la mitad de los ciudadanos de este país pagaron una multa en 2012 cuando realizaron un trámite público.

El estudio, titulado “Corruption in Afghanistan: Recent Patterns and Trends” (Corrupción en Afganistán: Patrones y tendencias recientes), divulgado en febrero, calcula que los afganos pagaron 3.900 millones de dólares en coimas el año pasado.

Cuando falta poco más de un año para que las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cedan el control total del territorio a las autoridades locales, la sociedad afgana se pregunta cuáles han sido los progresos desde 2001, cuando la invasión liderada por Estados Unidos desalojó del poder al movimiento islamista Talibán.

Muchos se preguntan cómo puede avanzar este país si hace 12 años que es escenario de combates cada vez más frecuentes y destructivos.

Según el último informe sobre “Protección de civiles en conflictos armados”, elaborado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, el número de bajas civiles aumentó 23 por ciento en los primeros seis meses de este año respecto de 2012.

Toda esta situación se agrava con la falta de confianza de la población en la administración de Karzai.[related_articles]

“Hay una enorme brecha de comunicación entre el pueblo y el gobierno”, advirtió Abdul Khaliq Stanikzai, gerente regional de la no gubernamental Sanayee Development Organisation.

“La población no tiene ni mecanismos ni instrumentos para hacerse oír y para influir en la toma de decisiones del gobierno”, dijo a IPS.

Esto ha creado una gran desconfianza mutua, que se agrava debido a la brecha entre las expectativas creadas y el logro de las aspiraciones en materia económica, de desarrollo, de derechos humanos, de funcionamiento de las instituciones y, sobre todo, de justicia social e igualdad.

“Tras el derrocamiento del Talibán, la población esperaba un gobierno transparente e igualitario. Ahora, nadie espera nada del gobierno”, dijo Asif Karimi, coordinador de proyectos en Kabul de The Liaison Office, organización dedicada al fomento de la paz entre comunidades afganas.

La mayoría de los afganos, apuntó, repudian tanto al Talibán como al gobierno de Karzai.

Por su parte, Mirwais Ayobi, profesor de derecho y ciencias políticas en la Universidad de Herat, cree que la población se vuelca cada vez más por el movimiento islamista. “Si le pides al Talibán que resuelva una disputa, se enfoca en lograr una reconciliación”, dijo a IPS.

Ayobi considera que la corrupción en el sistema político y administrativo es un enorme desafío, porque erosiona la confianza de los ciudadanos.

Afganistán se ubicó en el tercer lugar del Índice de Percepción de la Corrupción 2012, elaborado por la organización Transparencia Internacional, detrás de Somalia y Corea del Norte.

El monto de los sobornos varía de un sector a otro, según el estudio de HOOAC-UNODC.

“Las coimas suelen ser mayores en el sistema judicial”, señaló, donde promedian los 300 dólares. Mientras, los sobornos que cobran funcionarios de aduanas rondan los 200 dólares, y los que exigen otros empleados públicos van de 100 a 150.

Muchos analistas creen que se trata de un problema estructural, entre ellos Rahman Salahi, exdirector de la Shura de Profesionales de Herat, organización no política que reúne a abogados, economistas, maestros, ingenieros y otros que demandan una más activa participación de la sociedad civil en la reconstrucción del país.

“Hasta hace pocos años, teníamos lo que básicamente era un sistema económico socialista, basado en el molde dejado por la ocupación soviética”, explicó Salahi a IPS.

“Cuando intervino la comunidad internacional adoptamos un sistema de libre mercado sin contar con las adecuadas estructuras institucionales para supervisarlo o para adoptar pautas”, añadió.

Antonio Giustozzi, catedrático visitante en el Departamento de Estudios de Guerra en el King’s College de Londres y experto en Afganistán, explicó que “la cantidad de ayuda enviada al país, así como los mecanismos para su distribución y asignación, excedieron la capacidad de absorción de la sociedad y de las instituciones para administrarla”.

Este desajuste entre el flujo de ayuda y la estrecha capacidad de absorción dio lugar a la corrupción, que ahora está “totalmente enraizada en el sistema político”, señaló el analista.

Aparte de esas razones estructurales, la comunidad internacional también habría fomentado una cultura de impunidad en el país al fortalecer a los señores de la guerra.

Organismos internacionales “les dieron poder político y dinero a los señores de la guerra, a esos que cometieron crímenes, a esos que mataron a miles de inocentes, a esos que están involucrados en el sistema de corrupción”, afirmó Sayed Ikram Afzali, jefe de cabildeo y comunicaciones de la organización Integrity Watch Afghanistan.

“La población pensaba que las cosas cambiarían, que habría justicia e igualdad tras la derrota del Talibán”, dijo a IPS, pero eso no ocurrió.

No obstante, todavía cree que hay esperanza. “Los señores de la guerra no tienen raíces en la población, porque le han negado la justicia social a los afganos y secuestraron al Estado. Es tiempo de que el Estado se libere de estas personas”, señaló.

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