Unos 3,8 millones de bolivianos decidirán este domingo si ratifican o rechazan el proyecto de constitución impulsado por el gobierno izquierdista de Evo Morales y movimientos sociales, que promueven «una revolución democrática y cultural para refundar la república».
Junto a la opción por el Sí o el No al texto de ley fundamental de 411 artículos elaborado por la Asamblea Constituyente, la ciudadanía deberá decidir también si los productores agropecuarios pueden poseer 5.000 o 10.000 hectáreas de tierra como máximo. Se pretende así terminar con los latifundios, en un país donde una persona o grupo familiar llegó a tener hasta 100.000 hectáreas.
La última encuesta del Observatorio de Gestión Pública, difundida por los medios estatales, indica que 66 por ciento de los entrevistados son partidarios de ratificar el proyecto aprobado por 163 de los 255 asambleístas en diciembre de 2007, tras un año y medio de arduas discusiones en el marco de un país convulsionado. El No recogió 31 por ciento.
Esos porcentajes están en sintonía con el triunfo abrumador logrado en agosto de 2008 por Morales, el primer presidente indígena en la historia de este país, donde la mayoría de sus casi 10 millones de habitantes se reconocen descendientes de los pueblos originales. En el referéndum de entonces ratificó su mandato con 67 por ciento de los votos.
La nueva constitución, que reemplazará en caso de aprobarse a la vigente desde 1967, define a Bolivia como un estado unitario, social de derecho plurinacional comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e intercultural.
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También se consagra el dominio estatal sobre los recursos naturales, como los cuantiosos yacimientos de hidrocarburos, y promueve la reforma agraria con la posibilidad de expropiar tierras sin función social para distribuirlas entre indígenas y campesinos pobres, previo pago de una justa indemnización.
Les es reconocida a los indígenas su lengua, al oficializar los 36 idiomas que se hablan en el país, así como su cosmovisión, mitos, historia oral y tradiciones que forman su identidad.
Otro capítulo indica que los presidentes podrán ser reelegidos sólo por un mandato consecutivo más, por lo cual, en caso de aprobarse, Morales podrá presentarse como candidato el 6 de diciembre, cuando también se elegirán un vicepresidente, 157 legisladores nacionales, nueve prefectos (gobernadores) y 327 alcaldes.
El referendo constituyente del domingo contará con la presencia de más de un centenar de observadores internacionales, entre ellas las misiones de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, del estadounidense Centro Carter, del Mercado Común del Sur (Mercosur), de la Comunidad Andina de Naciones y de Unión de Naciones Suramericanas.
"Será el proceso electoral con mayor presencia de observadores internacionales de nuestra historia democrática", dijo el presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni.
Esta consulta es el final de un capítulo que se comenzó a escribir en 1990, cuando pueblos olvidados del nordeste de Bolivia, entre las llanuras y la amazonía, se lanzaron a reivindicar sus derechos a la vida y territorio, frente a la presión de latifundistas y empresarios madereros que los despojaron de sus espacios ancestrales.
Una marcha de humildes indígenas de zonas tropicales, iniciada en la ciudad de Trinidad, capital del departamento del Beni, recorrió entonces 600 kilómetros hasta La Paz y, luego de interpelar al poder que los mantuvo olvidados, consiguió el reconocimiento de sus tierras de origen y reclamó la reforma de la Constitución.
El tránsito de esa demanda hasta la redacción del proyecto constitucional y la votación de este domingo fue largo y sinuoso.
Se sucedieron en estos 18 años enardecidas batallas por la recuperación de los recursos naturales, como el agua en 2000 y los hidrocarburos en 2003, a la par de que se cuestionaba la validez del sistema institucional y del modelo de economía de mercado, alimentando en esa lucha la popularidad del entonces líder de los cultivadores de coca, el hoy presidente Morales.
La constitución puesta a referéndum ahora representa un Estado fuerte, con una economía moderna, plural, diversificada y propietaria de las fuentes de excedentes concentradas en los recursos naturales como los hidrocarburos, según el vicepresidente Álvaro García Linera.
Además de la fortaleza estatal, se destaca la igualdad como principio de convivencia y reconocimiento a "las mayorías indígenas", quienes junto a "la gente humilde y trabajadora" serán consultadas para las decisiones del gobierno, añadió.
García Linera sostiene que un tercer pilar del cambio promovido por el gobierno se basa en un Estado descentralizado y con autonomías.
En la teoría, los tres principios representan un objetivo del gobierno y de la oposición, pero condiciones externas como los precios oscilantes de las materias primas anticipan dificultades en la construcción de una economía fuerte, expresó a IPS el sociólogo y profesor universitario Joaquín Saravia.
La economía de Bolivia está "subordinada al capitalismo internacional", precisó Saravia, para explicar los problemas que se avecinan con la caída de los precios de los hidrocarburos, que representan el 50 por ciento de las exportaciones y que en la aún bonanza de 2008 contribuyeron para que el país recaudara 6.000 millones de dólares por todas las ventas externas.
"Seguimos en una crisis sistémica muy profunda en el país", indicó a IPS Carlos Arce, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.
"Algunos sectores de la clase dominante también actúan intentando preservar privilegios y posiciones de poder, y esa crisis ha llegado al Estado, que se ha mostrado incapaz de ofrecer gobernabilidad, comentó.
Los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz (este), Beni (nordeste), Chuquisaca (sudeste) y Tarija (sur) organizaron la resistencia al proyecto político del presidente Morales, con el argumento de que se estaba en los albores de un gobierno totalitario.
El sociólogo Saravia anticipa que la debilidad de un Estado genera una contradicción con la sociedad, y en ese ámbito el gobierno podría asumir un carácter autoritario para obligar al cumplimiento de la nueva constitución.
"Ese es el carácter de los estados latinoamericanos y al parecer se volverá a presentar en Bolivia", anticipa.
Arce, a su vez, observa un ambiente de enfrentamiento fundado en una pugna por "intereses materiales profundos" y descarta que el referéndum de este domingo determine un cambio de fondo. Asegura que sólo se trata de modificaciones "superficiales y en la superestructura política".
Lejos de la anunciada revolución pregonada por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Arce asegura que hasta ahora sólo se logró recomponer el sistema de partidos políticos tras el debilitamiento de los actores que gobernaron en el último cuarto de siglo y terminaron cuestionados por la falta de respuestas ante las necesidades nacionales.
El ex presidente Carlos Mesa (2003-2005), en tanto, advierte deficiencias técnicas en la redacción del proyecto de constitución, por la ausencia de un mayor debate sobre el contenido, y denuncia la creación de categorías de ciudadanía al privilegiar a los grupos indígenas y culturales, generando desventaja para la población mestiza.
La opinión es compartida por el aymara Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), el primer vicepresidente indígena del país, quien lamenta la concesión de libertades, dominio sobre territorios y ejercicio de gobiernos autónomos a los pueblos originarios, sin mencionar la igualdad de condiciones para mestizos.
"La intencionalidad de un Estado inclusivo es aceptable, pero el proyecto está realizando una inclusión a partir de una mayoría, socio-étnica, cultural e indígena que desestima al otro sector minoritario de blancos y mestizos. Ni es tan inclusivo, ni deja de ser excluyente como los sistemas societales del pasado reciente", remarca Saravia.
Acerca de la anunciada revolución democrática, Arce la califica de "utopía reaccionaria del MAS" por intentar convertir a los indígenas y pequeños productores en una nueva burguesía, frente a una "realidad material y económica donde los agentes y clases dominantes ligados al capital monopólico, terratenientes y empresarios se mantienen en pie".
En tanto, la situación de la clase obrera y sectores empobrecidos, no cambia, explica.
