La existencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que se atribuyó un robo de armas en un destacamento militar en el septentrional departamento de San Pedro, es puesta en duda por expertos y dirigentes políticos de este país.
Tras el asalto al cuartel, el gobierno de Paraguay concentró fuerzas de seguridad en el área en busca de los responsables. Pero la aparición en público del EPP despertó suspicacias de diversos sectores, que lo consideran una invención para criminalizar la lucha campesina.
Un grupo de hombres atacaron en la medianoche del 31 de diciembre el puesto militar de la III División de Caballería en Tacuati, San Pedro. Luego de saquear el arsenal de la dependencia militar, la incendiaron.
La Policía Nacional aseguró haber emprendido una investigación exhaustiva. Mientras, la inquietud que se apoderó de las fuerzas armadas. El gobierno del presidente Fernando Lugo ordenó un operativo militar y policial en los septentrionales departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay.
Este despliegue, hoy en pleno desarrollo, tiene por ahora el objetivo de diagnosticar la situación en los tres departamentos con miras a establecer una nueva estructura de seguridad en el área.
"Se busca restablecer el orden y la seguridad con el fin de brindar suficientes garantías para la convivencia pacífica, en vista de los hechos acaecidos", dijo a IPS el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Elvio Segovia, quien minimizó las versiones sobre la existencia del EPP.
En los últimos años, tanto en San Pedro como en Concepción se intensificaron los enfrentamientos entre organizaciones de campesinos sin tierra y grandes productores. Amambay, en la frontera con Brasil, es considerado zona de paso del narcotráfico.
"En la zona existen grupos delictivos, como bandas de traficantes que buscan atemorizar a la población. Por ello, el objetivo del operativo es identificar los vínculos de esos grupos con redes de protección política", explicó Segovia.
El funcionario resaltó "el movimiento campesino no tiene capacidad ni recursos" para enfrentarse con la actividad de esos grupos criminales, que operan a nivel internacional.
En la zona del puesto militar de Tacuati se halló un panfleto en el cual el EPP se atribuía el ataque, según confirmó a la prensa la militante de izquierda Carmen Villalba.
Desde la cárcel de mujeres Buen Pastor de Asunción, Villalba advirtió que el caso de Tacuati era sólo el inicio de la lucha armada en Paraguay.
Villalba fue condenada a 18 años de prisión en 2005 por su participación en el secuestro de María Edith Debernardi, nuera de Enzo Debernardi, quien fuera ministro de Hacienda de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
El analista político Alfredo Boccia, quien ha realizado investigaciones sobre la historia reciente de Paraguay, en especial sobre el periodo de transición hacia la democracia, tiene la impresión de que sí existe un grupo armado de formación incipiente.
En ese sentido, resaltó que el grupo no atacó un destacamento militar fuerte, pero que se notaba la intención de lograr publicidad con el operativo.
Boccia consideró que las organizaciones campesinas en sí no tienen participación, pero que la población rural en general sí estaría involucrada, porque los miembros de este grupo se desplazarían sin problemas por esas áreas.
"Es una zona pobre, desprotegida, donde mucha gente cree que ésa (la insurgencia armada) es la solución, por la ausencia del Estado", señaló.
Por su parte, Rocío Casco, líder del Partido del Movimiento al Socialismo (P-MAS), dijo a IPS: "Dudo de la existencia del EPP. A lo mejor es algo que se inventó para criminalizar la lucha campesina."
"El gobierno se ve obligado a realizar esta movilización" de tropas para "defender el proceso iniciado el 20 de abril pasado", cuando el centroizquierdista Lugo se consagró como presidente electo en las urnas, sostuvo la dirigente.
Según Casco, detrás del ataque se encuentran grupos poderosos que no quieren perder sus privilegios y apelan a todos los medios a su alcance para impedir el proceso de cambio político y social en el país.
Desde el inicio del operativo el sábado 10 fueron detenidos seis campesinos, sospechosos de integrar el EPP, que luego recuperaron la libertad.
Los detenidos aseguraron haber sido torturados por policías y militares desplegados en Tacuati, informó la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
Esta institución también resaltó la muerte a manos de sicarios, el lunes, de Martín Ocampos, dirigente de la Organización Campesina del Norte, en Hugua Ñandu, localidad del departamento de Concepción donde entre 1989 y 2005 fueron asesinados 12 agricultores en la lucha por la tierra.
"El relato de las víctimas (de tortura) demuestra que policías y militares sin preparación para una investigación real recurren a la tortura para incriminar a cualquier persona", declaró Juan Martens, abogado de la CODEHUPY.
Martens recordó que el uso sistemático de la tortura por parte de la Policía paraguaya en sus investigaciones consta en un informe del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura, Nanfred Nowak, en noviembre de 2005.
La operación se extenderá por tiempo indefinido y la participación militar se limita al apoyo logístico a las acciones de la Policía Nacional, según el ministro del Interior, Rafael Filizzola.
Alrededor de 400 soldados y 200 policías intervienen en el despliegue.
