Las cuatro modernas autopistas de la capital chilena, gestionadas por privados y puestas como ejemplo de progreso, están ahora en el ojo del huracán debido al aumento de los peajes, que en algunos casos llega a casi 30 por ciento, y a los fuertes recargos para los usuarios morosos.
Un grupo de transportistas de carga se manifestó este lunes en contra del aumento en las tarifas de los peajes, que comenzó a regir el 1 de enero en dos de las autopistas urbanas construidas por empresas privadas en Santiago, mientras que las otras dos cambiarán sus valores este miércoles.
La movilización de una hora convocada por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), que incluyó transitar con los pesados vehículos a paso de hombre, provocaron graves problemas de congestión del tránsito. Empero, pese a las molestias, no se registraron incidentes.
No obstante, el presidente de la CNDC, Andrés Ovalle, advirtió que se trató de una protesta de "alerta" y que, si el gobierno centroizquierdista de Michelle Bachelet no responde a sus demandas, las próximas manifestaciones serán de mayor magnitud y en todo el país.
El gobierno, en tanto, a través del ministro del Interior, Belisario Velasco, se remitió a señalar que "había una mesa de conversación estudiando ese y otros temas relacionados con el transporte".
A los reclamos de esta asociación empresarial se han sumado las quejas de los automovilistas y de algunos parlamentarios, que buscan frenar "abusivos" cobros y castigos a deudores.
Las firmas concesionarias indican que el aumento de las tarifas oscila entre 10 y 28 por ciento, variación que obedece al horario y los tramos que recorran los usuarios.
Además, dos de ellas, Vespucio Sur, de 23 kilómetros, y Costanera Norte, que tiene un eje de 36 kilómetros y otro de 7,5 kilómetros, comenzaron a cobrar la llamada tarifa de saturación, que se aplica en los horarios en que las velocidades de circulación son muy bajas debido al aumento del tránsito.
De esta forma, las concesionarias cobran un promedio de 32 pesos por kilómetro (seis centavos de dólar) en las horas donde el tránsito es expedito, se eleva a 62 pesos (12 centavos de dólar) cuando hay más congestión y a 95 pesos por kilómetro (18 centavos de dólar) en momentos de mayor saturación.
Las cuatro autopistas fueron licitadas internacionalmente por el Ministerio de Obras Públicas (Mop) y construidas en el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), de acuerdo a la Ley de Concesiones de 1996, aprobada para aumentar las inversiones en infraestructura pública.
Para hacer efectivos los cobros por parte de las empresas, cada vehículo dispone de un dispositivo electrónico, llamado televía o tag, que se activa automáticamente cada vez que pasa por debajo de los pórticos instalados en distintos puntos de las vías, en las cuales se puede circular a un máximo de 100 kilómetros por hora.
La semana pasada, la agrupación Automovilistas Unidos de Chile (AUCH) advirtió que presentará un recurso de protección contra las empresas concesionarias de las autopistas por lo que considerar alto precio de las tarifas.
También llamaron a boicotearlas. "Estamos pidiendo a los automovilistas que pongan carteles y no usar las autopistas. Las empresas que no tienen clientes quiebran y sólo 15 por ciento de los automovilistas están dispuestos a pagar", dijo el director de AUCH, Francisco Plaza.
El senador Jaime Naranjo, del cogobernante Partido Socialista, también anunció que presentará ante la justicia una demanda colectiva por "cobros abusivos" en contra de las empresas concesionarias de Vespucio Sur, Costanera Norte, Vespucio Norte Express, de 29 kilómetros, y Autopista Central, que tiene un eje de 40 kilómetros y otro de 20 kilómetros.
A comienzos de enero, el senador Pablo Longueira, del opositor partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), afirmó que el Mop aceptó que las empresas que controlan las autopistas establecieran de forma inconstitucional la llamada "tarifa de saturación".
Todo esto se suma a la controversia surgida el año pasado por los abultados cobros que se aplican en caso de morosidad. Según el artículo 42 de la Ley de Concesiones, las empresas pueden demandar a los deudores hasta por 40 veces el pago incumplido de la televía.
Hasta diciembre, los juzgados de Santiago acumulaban más de 8.000 querellas de las autopistas urbanas contra los clientes morosos.
Ante los reclamos de los usuarios, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, declaró que las alzas eran de público conocimiento y que, si las personas no quieren pagar, nadie las obliga porque hay "rutas alternativas gratuitas (caleteras)".
Pero la polémica siguió cuando diversos medios de comunicación comprobaron denuncias hechas por los usuarios en cuanto a que no existirían caminos optativos en todas las carreteras urbanas y que varias de las "caleteras" habilitadas estaban en mal estado.
Considerando las evidencias, la presidenta Bachelet llamó al funcionario, a través de una entrevista radial, a revisar la situación en terreno y a tomar las medidas correspondientes. Este lunes comenzaron a realizarse trabajos en los algunos de los puntos conflictivos.
Del mismo modo, Bitrán anunció el domingo pasado, en una entrevista concedida al diario local El Mercurio, que el gobierno enviará al parlamento este mes una reforma a la Ley de Concesiones.
La nueva normativa mantendrá el aumento de precios en horas de congestión, pero reducirá la abultada multa que deben pagar los morosos de la televía. Por lo menos, la Asociación de Concesionarios de Obras Públicas Chile (Copsa) ha informado que está abierta a modificar el excesivo cobro a los deudores.
Bitrán también informó de otros cambios: se instalarán pórticos en todas las autopistas interurbanas del país y se implementará la factura única, ya que hasta ahora cada concesionaria envía su propia boleta a los usuarios.
De esta forma, justificó el ministro, se asegura el retorno a la inversión de los privados y se regula el uso del automóvil en la ciudad.
El Mop inclusive está evaluando, en conjunto con el alcalde de la municipalidad de Santiago, instalar un sistema de peajes para entrar al centro de Santiago, la ciudad más grande de Chile además de su capital, con 6,5 millones de habitantes.
Rossana Negrete, periodista de 30 años, ocupa regularmente las autopistas concesionadas de Santiago. A su juicio, las alzas son "injustas y totalmente desproporcionadas". Reclama que el servicio entregado es de mala calidad, dado que "generalmente en las horas peak (mañana y tarde), horario en que precisamente subieron los cobros, las vías están congestionadas".
"Además, hay un hecho que pocas personas han mencionado, y es que a cada cliente le llega cada mes una boleta con el gasto total de la autopista, pero la empresa no hace el detalle del consumo, y si uno quiere conocer esa información, hay que pagar (adicionalmente), a diferencia de lo que sucede con otros servicios como el agua o la luz", comentó a IPS.
También critica la actitud del gobierno, ya que afirma que "no hay buenas vías alternativas". "Su labor es tener buenas calles, sin hoyos y con un transporte público que sea eficiente, cosa que actualmente no existe. Todos los años los automovilistas tenemos que pagar altos permisos de circulación y las calles siguen exactamente igual", acotó.
