Una denuncia de Bolivia sobre potenciales impactos en su territorio de la construcción en la Amazonia brasileña de dos represas podría demorar el inicio de las obras, cuyo estudio de impacto ambiental será discutido en noviembre.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se propone levantar dos centrales hidroeléctricas, Jirau y San Antonio, en un tramo accidentado del río Madeira en el occidental estado brasileño de Rondonia, con potencias de 3.300 y 3.150 megavatios respectivamente.
El río Madeira es el principal afluente del Amazonas y nace en la cordillera boliviana.
Un reciente informe del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo reclamó un acuerdo entre ambos países como "único camino posible para hacer efectivo el proyecto de aprovechamiento del río Madeira" así como "un análisis más profundo" sobre la posibilidad de alteraciones fluviales transfronterizas.
Jorge Molina, autor del reporte, destacó que la cuenca del Madeira "concentra 95 por ciento del flujo anual de los ríos bolivianos y todas las vías navegables" del país.
Las demandas bolivianas pueden prolongar las discusiones sobre el proyecto, cuyo estudio de impacto ambiental se revisará en cuatro audiencias el mes próximo.
Las autoridades brasileñas han dicho, por ahora, que están dispuestas a escuchar a sus vecinos.
"Si Bolivia presenta formalmente un cuestionamiento consistente, será considerado y podrá modificar la operación de la central de Jirau, más cercana a la frontera, para que ese embalse no afecte a su territorio", aseguró a Tierramérica Valter Muchagata, del estatal Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama).
En su capacidad máxima, la represa elevaría el nivel de ríos en la parte boliviana, lo que justificaría el acuerdo bilateral, pero el contrato y las reglas de operación impiden esa posibilidad, sostuvo.
La construcción de las dos represas urge, según autoridades energéticas y empresarios, para evitar la repetición del "apagón" de 2001, cuando Brasil tuvo que adoptar medidas de contención del consumo eléctrico.
El tema se coló incluso en la campaña electoral: el socialdemócrata Geraldo Alckmin, presidenciable de la oposición, acusa al gobierno de Lula de lentitud en autorizar grandes proyectos hidroeléctricos.
Pero construir represas en Brasil, especialmente en la Amazonia, es difícil desde fines de los años 80. En diciembre de 1988, el asesinato del ambientalista Chico Mendes dio visibilidad nacional e internacional a la lucha ecologista y social en la Amazonia.
En 1989, el Primer Encuentro de los Pueblos Indígenas puso en jaque el proyecto de cinco centrales en el río Xingú, hasta hoy paralizado, en la Amazonia oriental. El mismo año, otro encuentro nacional dio origen al Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués).
El MAB estima que en Brasil los embalses desplazaron a más de un millón de personas, en su mayoría no indemnizadas ni reasentadas.
"Jirau y San Antonio perjudicarán a más de las 3.000 personas previstas por las empresas que impulsan el proyecto, la estatal Furnas y la constructora Odebrecht", dijo a Tierramérica Wesley Ferreira Lopes, coordinador del MAB en Rondonia.
"El MAB organiza a la población para resistir dentro de la legalidad, pero también en confrontación hasta las últimas consecuencias, si se construyen las centrales", afirmó.
El activista teme que luego se reanude el proyecto de la hidrovía del río Madeira, ahora olvidada, para expandir la producción local de soja y otros granos de exportación, con fuerte aumento de la deforestación amazónica.
"Investigaciones especializadas apuntaron que el lecho del embalse de Jirau podrá elevarse seis metros, lo que podría ampliar la inundación, alcanzando territorio boliviano", señaló Glenn Switkes, de la no gubernamental Red Internacional de Ríos.
Pero según Muchagata, del Ibama, "el estudio de impacto ambiental del proyecto prevé un depósito de sedimentos intenso al principio pero que se equilibra después de 10 años. Si se eleva más el lecho, se reducirá el volumen de agua, sin superar el límite de su nivel".
"Todas esas cuestiones pueden presentarse en las audiencias públicas a mediados de noviembre. El proceso está abierto a todos los interesados y permite introducir cambios si surgen problemas serios", acotó el funcionario.
Superados los cuestionamientos se concedería licencia previa para iniciar la construcción, sujeta a controles hasta la autorización final.
La iniciativa privada y las autoridades consideran que un atraso en las centrales del Madeira aumentaría los riesgos de escasez energética en Brasil. Sin embargo, no todos concuerdan.
"Salvo que la economía crezca mucho más de lo previsto, hasta 2010 no habrá problemas y hay centrales termoeléctricas a gas natural para casos de emergencia", dijo a Tierramérica Luiz Pereira, director del no gubernamental Instituto para el Desarrollo Estratégico del Sector Eléctrico.
"Es equivocado calificar de 'trabas' a las exigencias ambientales, como hacen quienes presionan por una rápida autorización, aunque los ambientalistas a veces exageran también", opinó.
Que el Madeira sea compartido con Bolivia complica los proyectos, pero su aprovechamiento binacional sería benéfico, según el especialista. "La integración energética es una buena solución para Brasil y América del Sur, con el fin de superar la dependencia de fuentes dominantes, como el gas boliviano y la gigantesca central hidroeléctrica de Itaipú, que Brasil comparte con Paraguay", concluyó.
* El autor es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 14 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
