No tiene sentido que se mantenga Ginebra como principal sede europea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) si se aprueban este domingo las leyes que restringen la inmigración y el asilo, dijo a IPS el alcalde de Ginebra, André Hediger, del izquierdista Partido del Trabajo.
Son leyes injustas e inmorales para un país que siempre ha acogido a los refugiados, declaró. Si son aceptadas, uno de los peligros será que se conviertan en el embrión de la xenofobia y del descontento con relación a los residentes de la comunidad internacional que vive y trabaja en la ciudad, en particular a las personas de ascendencia africana y asiática, previno Hediger.
Ginebra también es sede de numerosas organizaciones del sistema de la ONU y es lugar de trabajo de unos 40.000 funcionarios y empleados, que diariamente cruzan la frontera desde la vecina Francia, donde residen.
"En el paraíso no hay espacio suficiente para todos", dijo el líder del partido Unión Democrática de Centro (UDC), Christoph Blocher, en defensa a su propuesta de las dos leyes, que serán aprobadas o rechazadas en referéndum por los ciudadanos suizos.
Desde otra perspectiva, el académico y político socialista Jean Ziegler calificó las dos iniciativas de "horribles leyes racistas y xenófobas".
Las reformas que Blocher propuso anulan prácticamente el derecho de asilo y la inmigración de personas que no sean doctores en ciencias nucleares, bromeó Ziegler, quien se desempeña actualmente como relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho a la Alimentación.
"Como suizo, siento vergüenza, un sentimiento generalizado entre los europeos hoy día", admitió el ex diputado y escritor.
Las encuestas de opinión adelantan que las dos normas obtendrán una aprobación generosa. Las leyes son respaldadas por el partido de Blocher, de extrema derecha, por el Partido Radical, de la derecha empresarial, y por el Partido Demócrata Cristiano, de centroderecha.
El debate librado en las últimas semanas enfrenta dos bandos. Para unos, la inmigración libre es imposible y sólo el ingreso de una mano de obra calificada tiene un efecto económico positivo.
La otra posición alienta políticas más abiertas de inmigración y de concesión de asilo. Así mismo sostiene que las restricciones a los refugiados violan compromisos humanitarios contraídos por el país.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), que regula la aplicación de la Convención de 1951 relativa al estatuto de los refugiados, estimó que algunas de las disposiciones de las leyes debatidas en Suiza se refieren a los derechos de solicitar y obtener el asilo.
Eventualmente, la aplicación de las nuevas normas podría "negar el acceso a la protección internacional", advirtió esta semana Ron Redmon, portavoz del Acnur. Las reformas a la ley de migraciones acentúan el criterio de selección por círculos concéntricos, es decir aquel que se basa en órbitas imaginarias alrededor del país receptor, el cual es actualmente aplicado por muchas naciones industrializadas, y que privilegia a las personas procedentes del aro más próximo al centro, que para el caso suizo son los ciudadanos europeos.
Actualmente, en Suiza viven alrededor de 1,5 millones de extranjeros, que representan 20,4 por ciento de la población. Mientras que los refugiados suman 46.800, cerca del 0,6 por ciento.
Durante el año pasado, 70,3 por ciento de los casos de otorgamiento de ciudadanía correspondieron a ciudadanos de las naciones en desarrollo, o de los círculos concéntricos más alejados, para usar el eufemismo de las nuevas normas.
La iniciativa sobre migraciones procura desalentar la presencia de inmigrantes irregulares, es decir sin documentos legales de residencia. En Ginebra hay unas 14.000 personas en esas condiciones, calculó Ziegler, quien también citó datos de la organización humanitaria Caritas, que en junio pasado estimó entre 300.000 y 340.000 el número de extranjeros indocumentados en toda Suiza.
Para Ziegler en Ginebra hay una doble moral, porque según dijo, no hay un solo café sin extranjeros indocumentados, y se encuentran hasta en el Hospital Cantonal, del estado de Ginebra.
Uno de los aspectos de la reforma a la ley de asilo que más rechazo ha provocado es el requisito de que los solicitantes presenten, dentro de las 48 horas de ingreso al país, un documento de identidad válido.
Una persona que proviene de un país bajo un régimen de opresión no puede regresar a reclamar un pasaporte. Es completamente absurdo, opinó Ziegler. En este caso, según las nuevas leyes, la persona podría ser expulsada, lo cual es una violación al derecho de asilo, recalcó.
Entre las fuerzas sociales que se oponen a las nuevas normas figuran los partidos Socialista, el más votado en Suiza, y el Verde, además de agrupaciones políticas cantonales (provinciales) y locales, las principales centrales obreras, las iglesias Católica y Protestante y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y ambientales.
El relator especial de la ONU sobre Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y otras Formas de Intolerancia, Doudou Diène, dijo en un informe presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en Suiza existen tendencias discriminatorias.
Diène observó que en las actividades políticas y en los medios de comunicación de este país crece la retórica de la defensa de la identidad nacional y de la amenaza de la presencia extranjera.
