RÍO DE JANEIRO – Sin “extirpar el agronegocio”, Brasil no tendrá “viabilidad como sociedad y como naturaleza”, es el veredicto de un académico que manifiesta el antagonismo entre el ambientalismo y la gran agricultura, en tela de juicio ante la crisis climática.
Es “el enemigo número uno de Brasil” acusó Luiz Marques, sociólogo, profesor jubilado de la Universidad de Campinas, una ciudad del sureño estado de São Paulo, en su diatriba contra la agricultura latifundista volcada a la exportación, que generó airadas reacciones de agricultores en las redes sociales.
Además de depredar la naturaleza y concentrar riqueza, controla el Congreso Nacional por medio de la “bancada ruralista”, que dispone de una mayoría de diputados y senadores para impulsar leyes contra el ambiente, argumentó el profesor en una entrevista al medio digital “O joio e o trigo” (paja y trigo) el 17 de septiembre.
Los incendios forestales, que se volvieron incontrolables por buena parte del país desde junio y cubren actualmente de humo 80 % del territorio nacional, intensificaron acusaciones y temores, pero también estimularon intentos de diálogo entre ambientalistas y una parte del agronegocio apodada como “moderna”.
Delitos ambientales ajenos
No es justo atribuir al agronegocio la culpa por la deforestación, que responde por la mayor parte de las emisiones de los gases invernadero en Brasil, defiende Pedro de Camargo Neto, un ganadero que ya ocupó funciones importantes en el Ministerio de la Agricultura y presidió la Sociedad Rural Brasileña.
Casi toda la deforestación amazónica es ilegal, debido a la actividad criminal de los “grilleros”, invasores que se adueñan de tierras públicas, “garimpeiros” (mineros mayormente ilegales) y madereros. “Es responsabilidad del gobierno y de la policía reprimirlos, no del agronegocio”, argumentó a IPS.
En relación a los incendios, el “productor agrícola es uno de los mayores afectados, es un perdedor”, acotó por teléfono desde Bandeirantes, un municipio de solo 8000 habitantes en el centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul, donde tiene una hacienda.
“No proponemos el fin de la propiedad privada ni del crédito agrícola, pero la bancada ruralista sí muestra hostilidad al ambientalismo, propone leyes contra el ambiente y los bosques amazónicos”: Marcio Astrini.
La Confederación Nacional de la Agricultura y Ganadería (CNA) estimó en el equivalente a 2700 millones de dólares las pérdidas del agronegocio, debido a los incendios de junio a agosto, que quemaron la vegetación de 2,8 millones de hectáreas en los predios rurales. Esa cuenta no incluye a septiembre, que ha sido el peor mes.
El momento, el de un país en llamas cuatro meses después de inundaciones que afectaron más de 2,4 millones de personas y dejaron por lo menos 183 muertos en el meridional estado de Rio Grande do Sul, es propicio al diálogo reconocieron Camargo y ambientalistas, pese a la acumulación de resentimientos, prejuicios y quejas en el pasado.
Alianza por biocombustibles
Camargo propone, por ejemplo, la promoción de los biocombustibles como un puente entre ambientalistas y el agronegocio, como forma de reducir el uso de combustibles fósiles, la mayor fuente de emisiones de gases que recalientan el planeta.
Juntos deben oponerse a la exploración petrolera en la denominada Margen Ecuatorial, que comprende el área de la desembocadura del río Amazonas, donde se imagina haber una gran riqueza en hidrocarburos, ya que cerca están los abundantes yacimientos descubiertos en Suriname y Guyana.
Un aumento de la oferta que abarate los hidrocarburos fósiles conspira contra los biocombustibles como etanol, biodiésel y el biogás que genera electricidad o biometano, un perfecto sustituto del gas natural, del que Brasil es o puede ser gran productor, razona Camargo.
En la década de 2010 una política gubernamental de reducción forzada de los precios de la gasolina generó una grave crisis en la industria del etanol de caña de azúcar. El sector se desnacionalizó con la venta de empresas quebradas a grupos extranjeros.
La agricultura brasileña es crecientemente energética, al ser la segunda mayor productora mundial de etanol, solo por detrás de Estados Unidos, y con el aumento de la mezcla del biodiésel en el diésel fósil a 15 % en 2026. Localmente se considera una forma concreta de participar en el esfuerzo de la mitigación del cambio climático.
Contradicción
Pero el sector vive una contradicción, con su mayoría de productores y su poderosa representación en el legislativo Congreso Nacional oponiéndose a las medidas ambientales y de contención de la crisis climática, aunque sea totalmente dependiente del clima, especialmente de las lluvias.
Actualmente la llamada «bancada ruralista” impulsa 25 proyectos de ley que flexibilizan o eliminan normas ambientales y restringen los derechos indígenas a sus tierras ancestrales.
Camargo forma parte de un grupo 13 líderes del “agronegocio moderno” que trata de influir en la elaboración de las nuevas metas climáticas brasileñas, dentro de las llamadas contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés), que son el puntal del Acuerdo de París, de 2015, para contener el incremento de las temperaturas.
Brasil y los demás países parte deben presentar una actualización de su NDC en febrero de 25 a las autoridades de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMUCC), que sigue el cumplimiento de estos compromisos nacionales voluntarios.
Los dirigentes presentaron sus propuestas el 2 de septiembre en una carta abierta a la Secretaría Nacional del Cambio Climático, en que reconocen el recalentamiento global como causa de los eventos extremos y el interés del sector agropecuario en reducir sus emisiones de gases invernadero.
Pero sugieren que Brasil evite ampliar sus metas de reducción de las emisiones y priorice el cumplimiento de las metas ya acordadas y la adaptación a los efectos ya visibles. Hay que eliminar la deforestación ilegal antes de combatir la que es legal, opinaron.
Dirigentes de cinco organizaciones ambientalistas criticaron a los representantes del “agro moderno” por proponer un retroceso en un momento de definición de las nuevas metas para el período 2030-2035 y de eventos extremos no solo en Brasil, que exigen mayor ambición en contener las emisiones de gases invernadero.
El “agro moderno” no niega el cambio climático como gran parte del sector, el apodado “ogronegocio”, pero discrepa en el quehacer, según Marcio Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima (OC), una red de 119 organizaciones de la sociedad civil.
Discrepancia en metas climáticas
El Observatorio propuso una NDC que reconozca las prácticas y tecnologías del sector agrícola brasileño que minoran las emisiones, como la siembra directa, la fijación biológica del nitrógeno y el uso de los desechos para generar electricidad, y que deberían de ser ampliadas.
“Reconocemos el sector agrícola como una posible solución, como un protagonista en la reducción de las emisiones, que se beneficiaría mientras las reduce”, por eso no se entiende la postura del “agro moderno”, difícil de sostener en los foros internacionales, ante el riesgo de un aumento de tres grados en la temperatura global, destacó Astrini.
El Observatorio está abierto al diálogo con el agronegocio y no se considera responsable del antagonismo establecido, sostuvo a IPS por teléfono desde Nueva York, donde participaba en la Semana del Clima, un foro de debates promovido por el Climate Group en asociación con la Asamblea General de Naciones Unidas.
“No proponemos el fin de la propiedad privada ni del crédito agrícola, pero la bancada ruralista si muestra hostilidad al ambientalismo, propone leyes contra el ambiente y los bosques amazónicos”, subrayó.
Un gran escollo es que el “agro moderno” no se disocia se sus colegas que deforestan, invaden tierras públicas y violan leyes ambientales, ni les hace la crítica, “una tarea que no es nuestra”, concluyó.
No hay diálogo posible con la ganadería extensiva de vacunos, según João Meirelles, director general del Instituto Peabiru, organización social con sede en Belém, puerta de entrada de la Amazonia y ciudad de 1,4 millones de habitantes que será sede de la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la CMNUCC, en noviembre de 2025.
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Es un segmento que “no aprendió a modernizarse, avanza en las fronteras de ocupación aún abiertas en Brasil, destruye las microcuencas hidrográficas, compacta el suelo, quema los pastizales. Quemar hace parte de su DNA”, sentenció Meirelles a IPS, por teléfono desde la sureña ciudad de Ribeirão Preto, donde estaba de visita familiar.
Con las grandes empresas más responsables, si hay diálogo e incluso acuerdos, recordó. Un ejemplo es la “Moratoria de la soja”, firmada en 2006 por empresas, como las industrias de aceite, que prometieron no comprar el grano sembrado en tierras deforestadas a partir de 2008.
“El diálogo es bienvenido porque hay intereses comunes entre los productores reales y el ambientalismo, ellos necesitan lluvias, buenos suelos, todo lo que los ambientalistas demandan”, apuntó Délcio Rodrigues, director ejecutivo del no gubernamental Instituto ClimaInfo, dedicado a la información y debates climáticos.
Los biocombustibles favorecen una alianza, pero “la base común para el diálogo es aislar el ‘ogronegocio’, la criminalidad de quienes invaden las tierras indígenas, roban tierras públicas y violan o tratan de debilitar la legislación ambiental”, acotó a IPS también desde la Semana del Clima en Nueva York.
ED: EG
