El presidente Vicente Fox y las dos principales cadenas de televisión de México viven una luna de miel, que comenzó cuando el gobierno disminuyó el espacio que las emisoras debían ceder al Estado a modo de pago de impuestos.
Fox redujo por decreto de 12,5 a 1,25 por ciento de su programación el tiempo que debían entregar al Estado las emisoras de radio y televisión privadas, tras negociar con Televisa y TV Azteca, dos empresas que tienen más de 80 por ciento de la audiencia televisiva.
El gobierno había organizado en marzo una mesa de diálogo para definir cambios en ese impuesto y en las normas que rigen la relación del Estado y los medios de comunicación con más de 40 organizaciones empresariales, sociales, académicas y de políticos.
Pero Fox, tras 70 reuniones de ese grupo sin lograr un acuerdo, decidió días atrás decretar la reducción del impuesto por cuenta propia.
TV Azteca y Televisa aplaudieron la decisión, pero los grupos que participaron en las negociaciones se sintieron burlados. Mientras, los diputados de oposición e incluso algunos del propio gobierno prometieron derogar el decreto.
Fox actuó como en los tiempos en que gobernaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 1929 a 2000, de forma unilateral y en acuerdo con quienes podrían beneficiarlo en la proyección de su imagen, opinó Miguel Granados, columnista del semanario Proceso y del diario Reforma.
Tras la reducción del impuesto, el trato que dan Televisa y TV Azteca al gobierno se llenó de elogios, mientras las voces contrarias al decreto desaparecieron de los noticieros de las dos emisoras de televisión.
La mayoría de radioemisoras y otras cadenas de televisión locales, cuyo trozo en el pastel de la audiencia es mínimo respecto de Televisa y TV Azteca, no modificaron su actitud frente al gobierno y dieron cabida al debate que desató el decreto presidencial.
El pago de impuestos en espacios en la programación data de los años 70, pero nunca operó a cabalidad y el gobierno de turno los manejaba con discrecionalidad.
El presidente Fox casi no usó la prerrogativa y en vez de ello prefirió gastar recursos públicos para contratar espacios de propaganda en la televisión y radio locales.
La relación entre los medios de comunicación y el PRI fue tradicionalmente estrecha en el pasado, tanto que en los años 60 y 70 se veía como un hecho normal que los dueños de las emisoras de televisión, periódicos y radioemisoras se afiliaran al partido de gobierno y aceptaran cualquier tipo de censura de parte del presidente.
La independencia de los medios de comunicación comenzó a ganar terreno en la década del 80, pero las dos principales empresas de televisión siempre estuvieron identificadas con el PRI hasta antes de 2000, cuando Fox se transformó en el primer presidente electo ajeno a ese partido.
En México, el espectro radioeléctrico es de propiedad del Estado y los empresarios interesados en instalar una emisora de televisión o de radio deben recibir el aval del gobierno para obtener una frecuencia.
Las críticas al decreto son injustas, pues el gobierno lo único que hizo es modernizar la relación con los medios electrónicos sin renunciar a sus derechos a difundir mensajes y sin imponer trabas a la libertad de expresión, declaró Fox.
El tiempo de transmisión otorgado al Estado disminuyó, pero el espacio se emitirá en horarios de mayor audiencia. Además se reglamentó el derecho a réplica ante acusaciones que contra cualquier persona o institución hagan los medios de comunicación, explicó el mandatario.
Mientras, un centenar de académicos, escritores y políticos, a través de una carta pública, rechazaron el decreto de Fox y lo consideraron una retroceso político, social y cultural para el Estado.
Los escasos minutos que se conservan sólo podrán ser utilizados por el gobierno federal y únicamente para mensajes de escasos segundos. Esto significa la desaparición de programas de contenido distinto a los que suelen difundir los medios comerciales, señalaron en la carta.
Están amenazados los programas y anuncios de las campañas electorales y de los partidos políticos, así como las series de instituciones educativas y de servicio público, añadieron.
La nueva normativa ha sido formulada al gusto de los empresarios más poderosos de esa industria, sentenciaron los firmantes.
Sobre el derecho a réplica, destacado por Fox, el nuevo reglamento indica que el afectado puede quejarse ante el medio de comunicación. No obstante, el medio tiene la posibilidad de evaluar la queja y decidir por su cuenta si procede o no una aclaración.
En la mesa de negociaciones para reformar las normas que rigen a los medios de comunicación y el Estado y, dentro de ellas, el impuesto en tiempo aire que debían pagar los medios de comunicación electrónicos, había propuestas para usar ese tiempo en programas educativos y dar voz a grupos no gubernamentales.
Otras incluía dividir el tiempo aire a modo de pago de impuestos, repartiendo a la mitad la entrega en dinero y la otra en difusión de mensajes. Con el dinero recaudado se aspiraba a promover la producción audiovisual independiente bajo las directivas de un consejo ciudadano.
Esas propuestas y otras quedaron archivadas. Lo que Fox hizo es bailar al son que le toquen en este tema (las empresas de televisión), opinó la investigadora de medios de comunicación Beatriz Solís.
Sin embargo, esas grandes compañías entienden que se hizo justicia.
El presidente corrigió una barbaridad histórica y en un reconocimiento a la responsabilidad de los medios decidió eliminar este absurdo impuesto (el tiempo aire) y los industriales del ramo se comprometieron a seguir contribuyendo a su responsabilidad social, dijo Javier Alatorre, el principal presentador de noticieros en TV Azteca.
Televisa y TV Azteca son poderosas empresas dueñas de la mayoría de los canales de televisión de México y con importantes inversiones en América Latina y Estados Unidos. (FIN/IPS/dc/dm/ci ip/02
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