El recuerdo de la matanza hace tres años de 45 indígenas en el estado mexicano de Chiapas reanimó el conflicto entre gobierno y guerrilla, que no ve señales de paz.
«Al contrario de lo que dice la profusa campaña publicitaria gubernamental, nada ha cambiado. Nada hay en Chiapas que permita asegurar que Acteal (lugar donde fueron asesinados los 45 nativos a manos de paramilitares) no se repetirá», señaló el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en un comunicado.
El pronunciamiento contrastó con la visión que prevalece en la mayoría de los políticos, analistas y grupos sociales, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó el día 1 la Presidencia por primera vez en 71 años. El presidente Vicente Fox ordenó la retirada militar de algunas zonas de Chiapas.
Pero, además, políticos respetados por la guerrilla fueron designados en los cargos que se relacionan con el conflicto, y se presentó al Congreso legislativo un proyecto sobre derechos indígenas preparado en 1996, tal como pedía el EZLN, y el gobierno prometió cumplir otras demandas del grupo.
Para alimentar aun más las visiones optimistas, el día 8 asumió en Chiapas un nuevo gobernador que también goza del respeto del EZLN y que es el primero ajeno al PRI en la historia de ese estado, mientras el gobierno de Fox ordenó la retirada este viernes de nuevos destacamentos militares de la zona.
No obstante, la guerrilla afirmó que «la guerra sucia que hizo posible (la matanza de Acteal) sigue actuando. La doctrina contrainsurgente que lo inspiró sigue presente. Las estructuras paramilitares que lo realizaron siguen intocadas. La protección a los asesinos continúa».
«El EZLN hace un llamado (…) a todas las personas honestas de México y el mundo para que se movilicen exigiendo que se termine la política que hizo posible (la matanza de) Acteal y que se cumplan las señales demandadas para la reanudación del diálogo», añadió.
Las negociaciones de paz se interrumpieron en 1996, por la negativa del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) a aceptar el proyecto de ley sobre derechos indígenas, preparado por diputados sobre la base de los acuerdos de San Andrés, firmados por la guerrilla y el gobierno.
El 22 de diciembre de 1997, en medio de las tensiones generadas tras la suspensión del diálogo, paramilitares asesinaron a 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, relacionados con un grupo pacifista contrario al gobierno.
Noventa y siete personas, entre ellas algunos funcionarios de nivel medio del anterior gobierno de Chiapas, fueron encarcelados por el crimen. Sin embargo, la guerrilla y algunas organizaciones humanitarias aseguran que los autores intelectuales permanecen en la impunidad.
Los paramilitares siguen actuando a pesar de las ofertas del gobierno de Fox, tanto que el miércoles expulsaron de una comunidad prozapatista a nueve familias, denunció el EZLN.
Organizaciones humanitarias aseguran que en Chiapas operan al menos 12 grupos paramilitares, contra los que Fox prometió actuar.
Entre la matanza de Acteal y el mes pasado, los paramilitares asesinaron a 150 indígenas más, aseguró el grupo humanitario Fray Bartolomé de las Casas.
Decenas de indígenas y miembros de grupos humanitarios y religiosos realizaron este viernes en Chiapas y otros puntos del país actos para recordar a los muertos de Acteal y demandar al gobierno sanción a los culpables.
El gobierno de Fox tiene el interés legítimo y sincero, demostrado en los hechos, de buscar la paz en Chiapas, apuntó el secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Santiago Creel.
Para el nuevo gobierno, el EZLN no es una amenaza a la seguridad nacional. «Por el contrario, son ellos lo que han estado amenazados, los que más gente han perdido desde 1994», fecha en que el grupo irrumpió en la escena, declaró Adolfo Aguilar, consejero de Seguridad Nacional.
«La guerra no fue declarada contra nosotros, sino contra un régimen que ya se acabó. Nosotros venimos a hacer la paz y no la vamos a construir con los mismos criterios con los que se construyó la guerra», afirmó Aguilar.
Los problemas actuales de Chiapas se vinculan más con las condiciones de miseria, marginación y atraso social profundo que sufre la población del estado que con la guerra, sostuvo.
Pero el EZLN, que gracias a una ley de pacificación de 1996 no puede ser atacado, desconfía y asegura que el gobierno no ha hecho aún nada para controlar a los paramilitares.
Por eso, demanda «que se abandone definitivamente la óptica guerrerista y que haya un compromiso serio con la vía política». (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/00