"El Estado es burocrático, lento y pesado, y este crimen es tecnológico, moderno e innovador", aseguró a IPS el abogado
venezolano Alejandro Rebolledo, organizador de la
VIII Conferencia
Internacional Antilavado de Dinero y Contra Riesgos y Fraudes,
realizada los dos primeros días de este mes en Caracas.
"El gran desafío de este delito es que es eminentemente
transnacional", planteó el argentino Raúl Saccani, responsable de los
servicios contra ese crimen y la investigación de fraude en América
Latina de la firma mundial de auditoría KPMG, otro de los expertos
consultados por IPS durante la reunión.
"Cada año se lavan 1,6 billones de dólares, que equivalen a 2,7 por
ciento del producto interno bruto (PIB) mundial", cifró Rebolledo,
director del sitio antilavadodedinero.com.
Asociaciones financieras elevan la cifra a 3,6 por ciento del PIB
global, mientras que los organismos multilaterales prefieren hablar de
un arco de entre 1,5 y cinco por ciento, por lo oculto del delito de
legitimación de capitales de origen ilícito. El Fondo Monetario
Internacional lo equipara a 40 por ciento de la economía total
latinoamericana.
Mediante el lavado se vuelcan al sistema financiero y comercial fondos
de origen criminal para que simulen proceder de actividades legítimas
y puedan circular y ser usados sin que la justicia los detecte.
Las categorías de lo que se considera blanqueo de capitales
evolucionan constantemente. En febrero, el intergubernamental Grupo de
Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Activos (GAFI) incluyó
en este rubro la evasión fiscal, el contrabando y el uso de armas de
destrucción masiva.
La mexicana Fanny Galíndez consideró que "el lavado de capitales es un
fenómeno que da transparencia a una gran cantidad de delitos, que
podrían llamarse producto criminal bruto", y criticó que todavía las
regulaciones se concentran en el sector financiero y no tratan con el
mismo rigor otras "actividades vulnerables".
Son áreas tan dispares como joyería, blindaje y compraventa de
vehículos, negocios de préstamo, arte, inmuebles, tecnología,
comunicación o entretenimiento, entre otras decenas. "No es equitativo y
genera fugas para que las células de delincuencia laven. Todos deben
regularse igual", afirmó Galíndez, directora de la consultora mexicana
Transactions.
Quizás la complejidad del fenómeno explique las múltiples
denominaciones del delito de dar apariencia legal al dinero y activos
de origen ilícito: lavado, blanqueo o legitimación de fondos son las
más usadas, y en las jurisdicciones penales se usan términos como
"delito de uso de recursos de procedencia ilícita".
Algo parecido pasa con las definiciones. El diplomático venezolano
Julio Cesar Pineda precisó que al blanqueo le llaman Pokémon, por ser
como los muñecos de ese videojuego japonés, que mutan constantemente
para que no se les atrape.
También señaló que funcionarios de la Organización de las Naciones
Unidas y otras entidades multilaterales consideran al lavado como el
caballo que transporta a los cuatro modernos jinetes del Apocalipsis
criminal: las drogas, la delincuencia organizada, el terrorismo y la
corrupción.
Galíndez brindó otra luz, al calificar el delito como "un fenómeno de
desorden social, sociocultural y socioeconómico", detrás del que hay
"sociedades quebrantadas, sectores de la población a los que se deja
sin opciones, sin educación y sin recursos".
Desde 1989, cuando el entonces Grupo de los Siete países más ricos,
ahora devenido en Grupo de los Ocho países más poderosos, creó el
GAFI, la comunidad internacional tiene reglas concertadas de
regulación y acción para un delito sin fronteras.
El GAFI dictó 40 recomendaciones de obligado cumplimiento, que son revisadas periódicamente. Sus miembros directos son 36, pero suman
más de un centenar con grupos regionales asociados, como Gafisud (de
los países sudamericanos y México) o el Grupo de Acción Internacional Contra el Lavado del Oeste de África.
Rebolledo indicó que en el caso americano, "los gobernantes plantearon
este año la creación de una Corte Penal Regional, destinada a combatir
la delincuencia organizada". En particular, el presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, propuso crear una base de datos regional "para
seguir el flujo de dinero de supuestos inversionistas".
Para el especialista, la mayor barrera para el combate del delito es
la corrupción, porque impide la investigación, la persecución y las
condenas. "Cuando hay instituciones débiles, la delincuencia encuentra fácilmente los resquicios vulnerables para penetrar", apuntó.
Rebolledo citó al escritor italiano Francesco Forgione, autor de
"Mafia export", quien asegura que "puede existir política sin mafia,
pero no mafia sin política".
Saccani, quien ayudó a la justicia argentina a investigar delitos
económicos antes de trabajar para KPMG, entiende que hubo "un esfuerzo
notable" de las políticas internacionales y las legislaciones para
combatir los delitos generadores de dinero ilegal.
Pero, en tanto, "el espectro de delitos precedentes ha crecido
exponencialmente", y van mutando.
Otro problema fundamental es su carácter transnacional. "El lavador
hace un ‘shopping’ de jurisdicciones, para ver por dónde le conviene
más pasar el dinero ilegal, porque por cuantas más de ellas pase, a la
justicia le será más difícil seguir la ruta y la cadena de evidencias
para conectar los fondos con el delito de origen", destacó.
Además, subrayó Saccani, las leyes no bastan. "Hay que hacer que la
justicia actúe" contra un tipo de delito de "muchos actores y gran
complejidad probatoria".
Para ello es necesario que los jueces "se actualicen y capaciten" para
enfrentar a "delincuentes que tienen todos los recursos y están muy
bien asesorados", puntualizó.
Bismark Rodríguez, representante de Panamá, donde es socio para
servicios de riesgo de la firma auditora Deloitte, abundó en la
complejidad de combatir "un delito apalancado con enormes recursos y
gran sofisticación tecnológica".
"No es un papel o una firma: es una estructura, una tipología, un
esquema electrónico, y se hace muy difícil sustanciarlo dentro de los
delitos tipificados", afirmó.
A su juicio, hay grandes avances en cuanto a normas y a su acatamiento
por el sector financiero, con unidades de cumplimiento cada vez más
capacitadas, "pero se debe mejorar mucho en cuanto a su aterrizaje de
la sustanciación, procesamiento y sentencia de casos particulares
sospechosos".
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