"Si la economía se define claramente para apuntalar un desarrollo
sostenible sin recurrir a experimentos basados sobre el mercado o
soluciones técnicas será un éxito", dijo Alex Scrivener, oficial de
políticas del
World Development Movement, (Movimiento
Mundial
de Desarrollo conocido por sus siglas en inglés WDM), con sede en
Londres.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Ban Ki-moon, dijo la semana pasada que la comunidad
internacional debe alcanzar un consenso sobre una economía verde
inclusiva, "que saque a la gente de la pobreza y proteja el
ambiente".
Esto, señaló, requiere colaboración internacional. Pero también
inversión, financiación, experiencias compartidas y transferencia
de
tecnología.
Un tema clave de la cumbre, conocida como Río+20, que se realizará
del 20 al 22 en Río de Janeiro, será cómo integrar una "economía
verde" al concepto más amplio de desarrollo sostenible.
Según WDM, "una verdadera economía verde adoptará la justicia
económica, el derecho de las comunidades pobres a definir su propio
camino para salir de la pobreza, y terminar con las políticas
perniciosas que priorizan la ganancia a la gente y al ambiente".
También pondrá fin, dice WDM, a "nuestra obsesión con el
crecimiento
económico y con un consumo no sostenible, los que reubicará
haciendo
hincapié en cómo cubrir las necesidades de todo el mundo de manera
verdaderamente sostenible".
El borrador del plan de acción, documento que se discutirá en
Río+20,
divulgado en enero era vago y dejó afuera muchos de los compromisos
concretos, señala la organización, pero las siguientes
negociaciones
parecen haberlo diluido todavía más.
Sin declaraciones específicas, como la disponibilidad de fondos
para
facilitar a los países en desarrollo la implementación de políticas
verdes o un cronograma concreto para la eliminación de los
subsidios
a los combustibles fósiles, el documento final de Río+20 corre el
riesgo de ser una declaración sosa de generalidades, añade.
WDM observa que las naciones industrializadas como Gran Bretaña,
además de los bancos y las compañías multinacionales, utilizan el
término "economía verde" como cortina de humo para esconder sus
planes de privatizar bienes globales y crear nuevos mercados para
los
servicios que la naturaleza provee en forma gratuita.
"De este caballo de Troya surgirán nuevos mecanismos de mercado que
permitirán que el sector financiero obtenga más control sobre la
gestión de los bienes globales", alerta la organización.
En vez de contribuir al desarrollo sostenible y a la justicia
económica, esta "economía verde corporativa" llevará a la
privatización de la tierra y de la naturaleza, las que pasarán a
ser
controladas por compañías multinacionales que las alejarán de las
comunidades que dependen de ellas, indicó WDM.
Scrivener no cree que el Fondo Verde para el Clima alcance el
objetivo de reunir 100.000 millones de dólares para 2020.
"La falta de fondos públicos se volvió la excusa de los países
industrializados para justificar su falta de colaboración económica
para el clima o su intento de utilizar fondos privados para cubrir
el
vacío", añadió el funcionario de WDM.
"La realidad es que, si bien la crisis de deuda soberana en Europa
aumentó la presión sobre la disponibilidad de fondos públicos, se
perdió totalmente la oportunidad de explorar nuevas fuentes",
indicó
Scrivener.
Por ejemplo mencionó que la idea de introducir nuevos impuestos a
sectores muy contaminantes como la aviación y los transportes,
mencionada durante la
cumbre de
Copenhague a fines de 2009, quedó en el olvido, pese a que ese
tipo de medidas bastarían para cubrir la falta de fondos públicos.
"Cuando se habla de escasez de fondos no debemos olvidar la deuda
climática que el mundo industrializado le debe a las naciones en
desarrollo", remarcó.
Ese dinero, que representaría una ínfima proporción de los
presupuestos de las naciones ricas, "no debería considerarse como
un
compromiso discrecional y su otorgamiento debería verse como
prioritario", añadió.
"Por desgracia, es poco probable que en Río de Janeiro se anuncie
un
paquete con fondos nuevos, y el borrador preliminar del documento
final no establece nada significativo por fuera de la tradicional
asistencia oficial al desarrollo, de 0,7 por ciento del producto
interno bruto", se lamentó Scrivener.
"Es malo, pero creo que la principal batalla en la cumbre girará en
torno a los principios para definir una nueva economía verde",
remarcó.
La actual crisis económica debiera servir de lección para los
gobiernos sobre la inherente inestabilidad, la falta de
sustentabilidad de nuestro sistema económico y las razones de por
qué
debe ser reemplazado.
Pero los gobiernos se concentran en regresar a un crecimiento
económico que no es sostenible e, incluso, evalúan asignar un valor
monetario a la naturaleza, lo que podría extender la influencia de
los inestables mercados financieros sobre el ambiente.
La crisis también hace que los gobiernos resten importancia a los
grandes desafíos que plantean el cambio climático, la reducción de
la
pobreza y la degradación ambiental.
"Vemos que eso ocurre en diferentes ámbitos como la falta de
ambición
del borrador del documento final de Río+20", observó.
En lo que respecta al cambio climático, esa mentalidad quedó
demostrada en el retiro de Canadá, Japón y Rusia del Protocolo de
Kyoto, así como por el intento de considerar al gas natural como
una
fuente de energía barata que emite poco dióxido de carbono.
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