SANTIAGO (IPS) El presidente de Chile, Ricardo Lagos, logró autorización del Senado para enviar un contingente del Ejército a la fuerza multinacional de paz en Haití, al costo de duras críticas de oficialistas y opositores por los aspectos políticos y constitucionales de su decisión.

El primer grupo de 120 efectivos de las fuerzas especiales del Ejército viajó el 3 de marzo a la convulsionada isla caribeña en dos vuelos. Luego se sumarán 100 soldados de infantería y 80 de apoyo logístico para completar un contingente de 300 personas.

El debate en el Senado en Valparaíso (120 kilómetros al oeste de Santiago) se prolongó por más de cuatro horas hasta casi la medianoche del 2 de marzo. Finalmente 34 legisladores aprobaron la solicitud de Lagos y 11 votaron en contra.

Pero aun quienes se pronunciaron a favor impugnaron el procedimiento del mandatario, quien a fines de febrero anunció, como ”un hecho consumado” el envío de las tropas, luego de que el depuesto presidente Jean Bertrand Aristide abandonó Haití y el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dispuso la creación de la fuerza multinacional.

Varios senadores recordaron que el Poder Ejecutivo no puede disponer envíos de tropas al exterior sin autorización legislativa. ”No somos un buzón y el presidente no es un patrón de fundo” (hacienda), se quejaron algunos legisladores.

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Cristián Barros, argumentaron ante los senadores que a Chile corresponde actuar en la pacificación y normalización institucional de Haití como miembro rotativo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Este planteamiento fue también objetado por quienes sustentan la tesis de un ”golpe blando” promovido por Estados Unidos contra el gobierno legítimo de Aristide, y que cuestionan tanto la reacción tardía del Consejo de Seguridad como la marginación del conflicto haitiano de la OEA (Organización de Estados Americanos).

El diario La Tercera afirmó el 1 de marzo que Lagos se sumó a la fuerza multinacional en un ”gesto” hacia Estados Unidos y Francia, sugiriendo que Chile busca aproximarse a Washington en el Consejo de Seguridad tras el distanciamiento de hace un año, cuando este país sudamericano se opuso a la invasión de Iraq.

Lagos esperaba que Brasil, el otro miembro latinoamericano del Consejo de Seguridad, enviara tropas de inmediato para proyectar un compromiso regional en Haití, pero el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció una eventual participación militar solo ”en una segunda etapa”.

Las críticas y los apoyos de los senadores a la decisión de Lagos tuvieron un carácter transversal, con representantes de la gobernante Concertación por la Democracia, de centroizquierda, y de la oposición de derecha, alineados en una u otra postura.

Sergio Fernández, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), y Ricardo Núñez, del cogobernante Partido Socialista, coincidieron en criticar un cambio en la doctrina de la política internacional chilena de apoyo a los gobiernos democráticos legítimamente elegidos, como era el caso, dijeron, de la administración de Aristide.

El rebelde senador Nelson Avila, expulsado de la coalición gobernante en 2003, y Sergio Romero, del derechista Partido Renovación Nacional, recordaron que Lagos tuvo otro traspié en esa doctrina, cuando en abril de 2002 dio un eventual respaldo al efímero derrocamiento del presidente Hugo Chávez en Venezuela.

Dos ex comandantes de la Armada, Jorge Martínez Bush, senador designado en representación de esa rama castrense, y Jorge Arancibia, de la UDI, criticaron a su vez el envío de tropas a Haití pues la crisis del país caribeño se agravará y el contingente chileno correrá riesgos de sufrir bajas.

Cerca de la medianoche del 2 de marzo, una vez conocida la votación del Senado, el general Luis Emilio Cheyre, comandante del Ejército, eludió pronunciarse sobre el fondo del debate pero dio un implícito respaldo a Lagos.

”Es inaceptable que la nación no tenga un común sentimiento” hacia los soldados que cumplirán en Haití una misión que ”las autoridades les han impuesto conforme al tratamiento del derecho internacional vigente y a las características de un mundo globalizado”, dijo Cheyre. (FIN)