Desde las 07:00 de la mañana está en pie en este lavadero ubicado en la norteña ciudad tailandesa de Chiang Mai. Esperaba haber terminado cuando llegaron dos clientes más.

No está en condiciones de rechazar a ninguno. “Necesito el dinero. Mi familia necesita que yo trabaje”, explica a IPS, mientras su voz tiene un dejo de desesperación al poner otra carga en el lavarropas.

A la entrada de este local hay seis máquinas de lavar. Los peldaños de una escalera conducen a la vivienda de Nangnyi Foung, a la que baja a altas horas de la noche solo para caer rendida antes de levantarse y volver a empezar.

Oriunda del estado de Shan, en la vecina Birmania, Nangnyi Foung llegó a Bangkok sumida en deudas.

Huyendo de la violencia persistente en su país natal, sacó préstamos y pagó abultadas sumas a intermediarios para que la trasladaran de modo seguro a Tailandia, donde, según había oído, la esperaban oportunidades laborales.

Diez años más tarde, todavía sigue trabajando para saldar sus deudas, levantándose diariamente para cumplir su riguroso turno de 14 horas, lavando, secando y planchando ropa ajena.

Al cabo de siete días de labor ininterrumpida, sus ganancias son de apenas poco más de seis dólares, buena parte de los cuales envía como remesa a su familia en Birmania.

Tomando la plancha a vapor, esta mujer relata a IPS que ahorra dinero durmiendo en el sótano del local. Si también tuviera que pagar alojamiento no podría mandar nada a sus cuatro familiares.

Los birmanos, que representan alrededor de 80 por ciento de los 2,5 millones de inmigrantes que componen la fuerza laboral de Tailandia, ayudan así de modo vital a sus parientes agobiados económicamente.

Birmania es uno de los países más pobres del sudeste asiático, y lucha por recuperarse tras décadas de estancamiento económico.

Actualmente, el salario mínimo en Birmania, equivalente a unos 180 dólares mensuales, alcanza para comprar entre ocho y 10 veces menos productos básicos de consumo diario, como arroz, sal, azúcar y aceite para cocinar, que hace 20 años. Allí, los ciudadanos promedio viven con menos de un dólar al día.

Aunque Birmania es el mayor exportador mundial de teca, jade, perlas, rubíes y zafiros, y tiene lucrativas industrias extractivas como la minera y la maderera, además de la generación de electricidad, muy poca de la riqueza natural del país llega a las masas. Aproximadamente 32 por ciento de la población vive bajo la línea de pobreza, y el desempleo es de 5,4 por ciento.

Según un estudio de 2006 sobre los trabajadores emigrantes de Birmania realizado por el Centro de Investigaciones Asiáticas para las Migraciones, más de dos tercios de los 600 consultados admitieron estar desempleados antes de emigrar a Tailandia.

Remesas sortean obstáculos

Aunque los trabajadores migrantes llenan vacíos cruciales en el mercado laboral tailandés y sus remesas representan cinco por ciento del producto interno bruto de Birmania, ninguno de los dos gobiernos ha intentado facilitar el flujo de dinero entre esas personas y sus familias.

Pese a que existen bancos comerciales o locales oficiales de “Xpress Money” (dinero exprés), la mayoría de los inmigrantes prefieren usar el canal informal de remesas conocido como sistema “hundi”.

Estas transacciones no autorizadas involucran a personas en Tailandia que transmiten los mensajes a miembros de su red en Birmania, quienes luego entregan la suma necesaria a la familia.

Algunos inmigrantes dependen de amigos y otros seres queridos que viajan entre los países vecinos para actuar como conductos, eludiendo así las costosas transferencias bancarias.

“No se puede confiar en los bancos, que además requieren un permiso de trabajo, una carta de recomendación de nuestro empleador y un pasaporte”, dice Nangnyi Foung. Muy pocos extranjeros tienen acceso a ese tipo de documentación.

Los inmigrantes cuyas familias viven en áreas rurales utilizan los servicios de intermediarios, que entregan el dinero en efectivo en la propia puerta del receptor, facilitándole el trámite.

Según un informe divulgado el 20 de este mes por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, los países asiáticos despacharon unos 60 millones de emigrantes al mundo, y estos “enviaron casi 260.000 millones de dólares a sus familias en 2012. Esto representó 63 por ciento de los flujos mundiales a los países en desarrollo”.

Pero el continente parece mal equipado para hacer frente a la llegada de remesas, que benefician a uno de cada 10 hogares asiáticos.

“Aunque la clara mayoría de la población de la región vive en áreas rurales, 65 por ciento de los lugares de pago están en áreas urbanas”, señala el informe. En la mayoría de los países asiáticos, solo los bancos están autorizados a realizar transacciones de divisas, dificultando que las comunidades rurales pobres accedan a fondos que proceden del exterior.

El estudio enfatiza la urgente necesidad de brindar “más opciones” a las familias receptoras de remesas para garantizarse y gastar este dinero, especialmente dado que nueve países asiáticos reciben actualmente envíos que “exceden 10 por ciento del producto interno bruto”.

El reporte tiene implicaciones políticas particularmente vitales para Asia sudoriental, donde 13 millones de migrantes actualmente viven y trabajan en el exterior. Tailandia se ha vuelto una “importadora neta” de mano de obra migrante, atrayendo a más del doble de la cantidad de migrantes para trabajar en su economía en expansión que lo que envía fuera de fronteras.

Mujeres resignan sus derechos laborales

Las mujeres constituyen casi 49 por ciento de los 214 millones de trabajadores migrantes en el mundo y son responsables de la mayor parte de las remesas que fluyen.

Muy conscientes de las necesidades de sus familias, como alimentación, vivienda, educación para hijos y hermanos menores, así como atención a la salud, a menudo las mujeres soportan condiciones extremas para enviar dinero a sus hogares.

El poblado de Mae Sot, ubicado en la frontera entre Tailandia y Birmania, alberga a la mayor cantidad de trabajadoras migrantes tailandesas, que trabajan más de 15 horas diarias en fábricas de vestimenta. Se estima que en 2012 este sector facturó 6.300 millones de dólares, mientras que las obreras que mantienen a la industria en funcionamiento ganaron entre 66 y 100 dólares por mes.

Kyoko Kusakabe, profesora adjunta de género y desarrollo en el Instituto Asiático de Tecnología y coautora de “La fuerza laboral oculta de Tailandia”, dijo a IPS que la mayoría de las inmigrantes en Mae Sot “evitan las huelgas y pierden sus derechos” en pro de mantener sus empleos.

Según ella, esto es parte de una cultura que obliga a las mujeres a ser “responsables” desde edades muy tempranas, mientras sus pares del sexo opuesto tienen pocas obligaciones.

Para Kusakabe, esta cultura se refleja en los patrones de las remesas: cuando la economía está en auge, los envíos de dinero que hacen los hombres aumentan, volviendo a caer cuando la economía está en crisis. En cambio, las remesas de las mujeres se mantienen estables independientemente del clima económico general, lo que sugiere que ellas ahorran más y postergan sus propias necesidades en épocas de austeridad económica, a fin de preservar el sustento de sus familias.

La investigación de Kusakabe concluyó que aunque las mujeres no cobren sus salarios o pierdan sus empleos, piden prestado dinero para enviarlo a sus hogares, temerosas de que sus hijos o sus padres pasen hambre sin su apoyo financiero.

El comité, creado por el Ministerio del Interior, recomendó esa sentencia para el propietario del inmueble, en las afueras de Dhaka, donde funcionaban cinco talleres textiles.

El colapso del edificio Rana Plaza, el 24 de abril, el mayor accidente en el sector textil de la historia bangladesí, dejó en evidencia las duras condiciones laborales en esa industria de 20.000 millones de dólares y las falencias de seguridad para millones de trabajadores, que ganan apenas 38 dólares al mes.

El comité concluyó que el terreno donde estaba ubicado el Rana Plaza era inadecuado para un edificio de varios pisos, y señaló que la construcción era “de muy mala calidad”.

“Una parte del edificio fue construida sobre tierra donde antes hubo un cuerpo de agua, que fue tapado con desechos”, dijo este jueves 23 el presidente del comité, Khandaker Mainuddin Ahmed, a la agencia de noticias AP.

Ahmed dijo que Sohel Rana, propietario del Rana Plaza, fue “el principal culpable, y por él murieron 1.127 personas”.

El informe concluyó que se ignoraron los códigos de construcción al convertir el edificio, originalmente destinado a ser un centro comercial de seis pisos, en un complejo fabril de ocho plantas donde trabajaban más de 3.000 empleados.

Khandaker señaló que Rana y los propietarios de los talleres textiles, cuatro de los cuales fueron arrestados, obligaron a los empleados a seguir trabajando a pesar de que el 23 de abril se detectaron fracturas en la estructura.

“Amenazaron a los empleados con despedirlos o recortar sus salarios si se negaban a ir a trabajar”, indicó.

El comité también señaló que los propietarios usaban generadores de energía en los pisos superiores, desafiando así las regulaciones. El peso de los generadores, sumado al de la maquinaria textil, desencadenó el colapso.

Nuevas normas de seguridad

Una delegación de Estados Unidos, encabezada por la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Wendy Sheran, llegará este domingo a Bangladesh para reunirse con representantes del gobierno.

“Hablarán sobre reformas a las leyes laborales”, dijo el embajador estadounidense Dan Mozena.

“Hablarán sobre estándares de protección contra incendios… y sobre las pautas mínimas para la seguridad de las estructuras”, indicó.

El gobierno bangladesí ya prometió endurecer las inspecciones a las fábricas y facilitar la sindicalización de los trabajadores, así como crear consejos para aumentar los salarios de los tres millones de empleados en el sector textil.

Mozena dijo que todavía había “algunos asuntos importantes” por discutir, aunque no especificó cuáles.

Los bajos salarios y los reiterados accidentes fatales desataron varias protestas en los principales centros de producción textil de Bangladesh, frenando los embarques y obligando a algunos distribuidores a desviar sus envíos a otros países.

Más de 2.500 personas fueron rescatadas del desastre en el Rana Plaza. El comité instó al gobierno a brindarles tratamiento médico gratuito.

Publicado en acuerdo con Al Jazeera.

Otros tratan de emigrar a Egipto a través de túneles subterráneos, pero muchos mueren cuando estos colapsan.

Un acuerdo entre Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica) y la israelí COGAT (Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, por sus siglas en inglés) permite a los gazatíes acceder a la mayor parte de la tierra arable en la llamada “zona de amortiguación”.

Ese límite, creado por Israel y que impide a los gazatíes acercarse a 300 metros de la frontera, se redujo a 100 metros gracias a este convenio.

La zona de amortiguación abarca a algunas de las tierras más fértiles de Gaza, uno de los territorios más densamente poblados en el mundo, con más de 1,5 millones de personas en un área de 41 kilómetros de largo y entre seis y 12 de ancho.

Pero, a pesar del acuerdo Hamás-COGAT, “la situación sigue siendo volátil e impredecible, y los agricultores son extremadamente vulnerables”, dijo a IPS el activista Muhammad Suliman, de la organización de derechos humanos gazatí Al Mezan.

“Los palestinos siguen recibiendo disparos y son asesinados cuando están dentro o cerca de la zona de amortiguación”, añadió.

Mientras, marineros palestinos que trabajan dentro de la zona habilitada para la pesca, que el martes 21 fue extendida de tres a seis millas náuticas de la costa, en ocasiones son también atacados o arrestados por las fuerzas israelíes.

Obligados a depender de la ayuda

Aunque la desesperación económica de los residentes en Gaza se ha aliviado en parte por el incremento de la ayuda internacional, el desempleo sigue en alza. La franja se convirtió en uno de los lugares del mundo más dependientes de la asistencia externa.

“Más de 85 por ciento de los gazatíes dependen de la ayuda para sobrevivir, mientras que el desempleo afecta a 55 por ciento” de la población económicamente activa, dijo Suliman.

“La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés) pide donaciones a toda la comunidad internacional para ayudar económicamente a los gazatíes”, dijo Chris Gunnes, portavoz de esa oficina.

“¿No sería mejor que Israel levantara su bloqueo y permitiera que los gazatíes fueran autosuficientes?”, añadió.

“A menos que se levante el bloqueo y se permita que algunas de las personas más emprendedoras salgan de Gaza para hacer negocios, el territorio seguirá siendo cada vez más dependiente de la ayuda internacional”, dijo a IPS.

Cada vez más ataques

Según Al Mezan, los ataques contra los pescadores de la franja aumentaron, paradójicamente, desde que Hamás e Israel acordaron un cese del fuego en noviembre.

En la primera semana de este mes, Israel hundió seis barcos palestinos, dañó nueve generadores de energía y 41 faroles usados por los pescadores al faenar de noche. En total hubo 13 incidentes separados de ataques contra embarcaciones palestinas.

Al Mezan señaló que en la tercera semana de mayo israelíes dispararon con metralletas contra un grupo de barcos pesqueros cuando se encontraban cerca de la costa Beit Lahiya, en el norte de la franja.

Los israelíes arrestaron a dos hombres, Mahmoud Zayid, de 27 años, y su hermano Khalid, de 25, que iban en una pequeña embarcación dentro de la zona permitida para la pesca y a apenas tres millas náuticas de la costa.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios subraya que, según los Acuerdos de Oslo, de 1993, los pescadores palestinos pueden navegar a hasta 20 millas náuticas de la costa.

Desde que Israel impuso el bloqueo en 2006, el área se redujo a seis millas náuticas, con un efecto devastador. Ese año se capturaron 2.500 toneladas de sardinas, mientras que en 2012 se obtuvieron apenas 234 toneladas.

Según la organización internacional Oxfam, las restricciones económicas impuestas por Israel están llevando a los gazatíes a arriesgar sus vidas saltando la valla fronteriza para cruzar a Israel en busca de trabajo, o atravesando los quebradizos túneles que llevan a Egipto.

En un informe que realizó en colaboración con Oxfam, el grupo Al Mezan señaló que, el año pasado, 101 palestinos intentaron cruzar la valla que separa Gaza de Israel, 53 de los cuales eran menores de 18 años. También en 2012, 18 palestinos murieron y 26 resultaron heridos cuando pretendían atravesar los túneles que van a Egipto.

El año pasado, el pescador Mahmoud y dos de sus amigos intentaron saltar la valla. Sus amigos murieron por disparos israelíes, pero él pudo escapar con una herida de bala en una pierna.

El joven había perdido su empleo de tiempo parcial en un café, donde ganaba cuatro dólares al día. Desesperado por obtener un trabajo que le permitiera mantener a su familia, se arriesgó a emigrar a Israel.

Noventa palestinos, incluyendo a 11 niños y tres mujeres, murieron en la zona de amortiguación en los últimos tres años y, como apuntó Suliman, “si bien algunos de estos eran combatientes… la mayoría eran civiles”.

Emma Bonino

Gracias a sus perspectivas de unirse a la UE, toda el área de los Balcanes se ha vuelto más estable y segura.

Pero, lamentablemente, este magnetismo virtuoso ya no ejerce la misma influencia sobre nuestros propios ciudadanos.

La UE se percibe cada vez más asociada a las políticas de austeridad que conducen a la recesión, el desempleo y la desesperación social. Y, lo que es más preocupante, hay señales de que la crisis actual no se limita a la esfera económica del bloque, sino que también impacta en sus valores más fundamentales.

En toda Europa vemos una intolerancia creciente, un apoyo cada vez mayor a los partidos xenófobos y populistas, discriminación y debilitamiento del imperio de la ley y poblaciones enteras de inmigrantes indocumentados, prácticamente sin derechos, castigados por su estatus más que por sus conductas individuales.

Nuestra comunidad inclusiva y abierta está amenazada por acciones destructivas que llevan a cabo grupos nacionalistas y demagógicos. Pero ellos no son los únicos que infligen daños a la UE.

En algunos países, incluida Italia, vemos demasiadas violaciones al Estado de derecho y y a los tratados internacionales y europeos, un sistema judicial poco confiable, condiciones inhumanas y degradantes en las prisiones, serios atropellos a los derechos humanos y casos graves de no rendición de cuentas.

¿Cómo podemos predicar el respeto a los valores universales en el exterior si estamos entre los países más condenados por la Corte Europea de Derechos Humanos?

Es de nuestro vital interés reaccionar ante todas estas tendencias alarmantes.

Para defender la construcción europea, necesitamos redescubrir su misión. Sus padres fundadores tuvieron que dejar de lado todo un mundo de prejuicios y temores. A partir de sus trágicas experiencias, sabían que construir fortalezas y muros bajo el disfraz de garantizar la paz y la seguridad era una ilusión.

Eligieron la integración y rechazaron las barreras. Entendieron que todas las libertades están estrechamente vinculadas: uno no puede querer el libre comercio y obstaculizar la libre circulación de las personas.

Grupos nacionalistas y demagógicos propagan temores y prejuicios por toda Europa, explotando el malestar y la desesperación social de quienes están sin empleo y no tienen fe en su futuro.

Como enfatizó el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi: “Es de particular importancia en esta coyuntura enfrentar el elevado desempleo de larga duración y el juvenil”. Esta es una misión fundamental del nuevo gobierno italiano. El flujo de datos todavía es deprimente, y nos urge a adoptar nuevas medidas en coordinación con nuestros socios y en pleno respeto de nuestros compromisos fiscales.

Sin embargo, creo que la opción no es simplemente entre ajuste fiscal y derroche, y que tampoco se puede abordar el temor y el disgusto con Europa solamente a través de medidas económicas o de ingeniería financiera. Ninguna solución es creíble sin una dimensión política y sin acompasar toda la arquitectura europea.

Necesitamos un nuevo logro: una solución federal.

He invertido mucho tiempo, pasión y energía en apoyar la creación de una Europa federal, no por motivos ideológicos sino simplemente porque no conozco otro sistema capaz de permitir que 500 millones de personas –de diferentes naciones, culturas, religiones y que hablan una multiplicidad de idiomas– vivan juntas en libertad y diversidad en el siglo XXI.

Federalismo no significa que el gobierno central europeo deba convertirse en un Leviatán, como describen las aterradoras palabras de los eurofóbicos.

Hace un par de años propuse una “federación ligera”, un modelo institucional que absorbiera no más de cinco por ciento del producto interno bruto europeo para financiar funciones gubernamentales específicas como la política exterior y de seguridad, investigaciones científicas, redes transeuropeas y seguridad de las transacciones comerciales, entre otras.

Por ejemplo, ¿cómo pueden los gobiernos europeos brindar una seguridad adecuada con menos recursos financieros? Solo un sistema europeo de defensa compartida, con Fuerzas Armadas comunes e integradas, nos permitirá salir del rincón al que nos confinan las severas restricciones presupuestarias.

Los gobiernos europeos son reticentes a dar pasos decisivos hacia este objetivo. Las consecuencias de esa reticencia son iniciativas fragmentadas, derroche de recursos y una disminución de la influencia europea en el escenario mundial.

Lo mismo se aplica a la investigación científica, un área donde a menudo los programas nacionales son demasiado pequeños para ser productivos y competir exitosamente con los enormes proyectos de las otras potencias mundiales.

Las elecciones parlamentarias europeas de 2014 serán una prueba significativa. Si queremos impedir el peligro de que los partidos populistas estén sobrerrepresentados, necesitamos poner a la Europa federal en el escenario central de la campaña electoral.

Las familias políticas pro europeas deberían presentar su propio candidato a la presidencia de la Comisión Europea (órgano ejecutivo del bloque) y agendas políticas para el futuro de la UE, poniendo énfasis en que una solución federal ahorrará recursos financieros significativos.

De este modo, la perspectiva federalista puede asumir un significado concreto para toda la ciudadanía, evitando el riesgo de que la perciban como una cuestión jurídica abstracta.

En 2014, exactamente un siglo después del asesinato de (el archiduque de Austria y heredero al trono del Imperio Austro-Húngaro) Franz Ferdinand en Sarajevo, que condujo a la destrucción de Europa, tendremos otra oportunidad de dar ímpetus al proyecto federal, bajo la presidencia italiana de la UE.

Y después de 2014, una evaluación de los tratados puede dar a la ciudadanía europea una sensación de propiedad más potente de sus instituciones comunes, y garantizar una mejor coexistencia entre los países de la eurozona y los demás estados miembro.

Si Europa no soluciona sus problemas de recesión y populismo, podemos perder todo lo que logramos desde los años 50, sin que podamos estimar cuánto llevará recuperar el mismo nivel de democracia, prosperidad y estabilidad que tuvimos.

Pero si adoptamos una nueva visión, comprometemos a nuestros pueblos y unimos a nuestros gobiernos, podemos empezar una nueva fase en la que impulsemos el crecimiento y fomentemos la legitimidad democrática y la influencia mundial.

* Emma Bonino es la ministra de Relaciones Exteriores de Italia.

Esos temas obstruyen el diseño del plan de México dentro del Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (ONU REDD). En Panamá llevaron a sus pueblos indígenas a retirarse del programa.

“El gobierno anterior dejó escapar la oportunidad de concluir el proceso por temor a la participación social, especialmente de pueblos indígenas y comunidades campesinas”, dijo a IPS el presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), Gustavo Sánchez.

La administración que inició su sexenio en diciembre no se ha pronunciado “sobre si va a hacer suyo el borrador existente” del plan nacional, añadió.

“México sería el segundo país en avance de la región de Mesoamérica, porque Costa Rica ya está en el proceso de aplicación de la consulta, después de llegar a un acuerdo entre indígenas y el gobierno”, refirió.

La REDD+ es un plan de acción que financia programas nacionales en 16 países del Sur en desarrollo para combatir la deforestación, reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero.

La iniciativa fue lanzada en 2008 por una agencia y dos programas de la ONU: la FAO, que se ocupa de alimentación y agricultura, el PNUMA, que entiende sobre ambiente, y el PNUD, encargado de cuestiones de desarrollo. Su fin es promover la conservación, el manejo sostenible y el aumento de los depósitos de carbono en los bosques existentes.

Por América Latina participan Bolivia, Ecuador, Panamá y Paraguay, mientras que hasta ahora se adhirieron como socios sin recibir financiamiento Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Perú. En total, participan 46 países del Sur.

México tiene unos 65 millones de hectáreas cubiertas de árboles, que son parte de los territorios de unas 2.300 comunidades, 600 de las cuales manejan empresas forestales, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Este país, con casi 117 millones de habitantes, emite anualmente unas 748 millones de toneladas de CO2, uno de los contaminantes responsables del recalentamiento del planeta. Cerca de 16 por ciento corresponde a las actividades agropecuarias, la tala de bosques y a otros usos de suelo.

Las autoridades estiman que se pierden anualmente unas 150.000 hectáreas de bosques, pero organizaciones ambientalistas sitúan esa merma por encima de las 500.000 hectáreas.

En febrero, los pueblos indígenas panameños se retiraron del programa piloto, al considerar que irrespeta la consulta libre, previa e informada, lesiona los derechos colectivos sobre la tierra y vulnera la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007.

“El Estado nos tiene marginados. Lo primero que debe garantizar el programa son las salvaguardas indígenas. No tiene sentido continuar con el programa”, dijo Héctor Huertas, de la Corporación de Abogados Indígenas de Panamá, que representa a la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá.

Por eso, explicó a IPS, la coordinadora que agrupa a los siete pueblos originarios de la nación centroamericana interpondrá en los próximos días una demanda ante un tribunal administrativo en contra de la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá para detener la REDD+.

En Panamá, un país de 3,5 millones de personas, habitan unos 417.000 indígenas, según el censo de 2010, sobre una superficie de 16.634 kilómetros cuadrados, equivalente a 29 por ciento del territorio total. Los territorios indígenas funcionan bajo la figura de propiedad colectiva y su tierra no puede ser enajenada ni vendida.

La crisis en ese país con el plan abona la sospecha de docenas de organizaciones no gubernamentales y académicos de distintas partes del mundo de que la REDD+ no es una solución de fondo para los problemas ambientales.

Además, puede ser una lección para los países que estructuran esos programas.

El estudio “Análisis legal de temas transversales en la ejecución de REDD+. Lecciones aprendidas de México, Vietnam y Zambia” , destaca que “las leyes de México no especifican quién posee el carbono, pero podemos presumir que los propietarios de los bosques y los sujetos de derechos serán los beneficiarios directos”.

“La clarificación de los derechos de la tenencia de la tierra es un componente crucial de los enfoques forestales para combatir el cambio climático y definir los derechos de carbono relacionados”, plantea el documento, publicado el 2 de mayo por ONU REDD.

El informe “Juntando las piezas para una buena gobernanza de REDD+: un análisis de 32 propuestas de preparación nacionales”, publicado en marzo, concluye que pocos países de esta iniciativa “consideran opciones de diseño o retos específicos relacionados con la repartición de beneficios, resolución de conflictos o sistemas de administración de ganancias”.

Pero destaca como positivo que “la mayoría incluye planes para abordar estos temas mientras las actividades preparatorias avanzan”.

El documento , elaborado por Lauren Goers Williams, del estadounidense Instituto de Recursos Mundiales, sostiene que “relativamente pocas propuestas preparatorias identifican pasos siguientes específicos para abordar los desafíos de tenencia de la tierra o establecer mecanismos de coordinación con instituciones locales durante la planeación y ejecución de REDD+”.

Aunque en México hay seis proyectos piloto de la REDD+, conocidos como acciones tempranas, es difícil que la estrategia nacional quede lista este año.

“Es preocupante cómo avanzan las acciones tempranas, porque no hay un eje nacional que tendría que venir primero. Se le da menos importancia a propiedad y derechos y más a la medición, reporte y verificación del carbono. Se avanza más en la parte técnica, pero no tiene ninguna perspectiva de sostenibilidad”, criticó Sánchez.

Organizaciones no gubernamentales concernidas en el proceso pedirán a la Comisión Nacional Forestal una definición respecto de la negociación de la estrategia nacional, para dirimir los temas críticos.

En el caso de Panamá, Huertas explicó que los pueblos originarios “demandábamos que hubiera expertos indígenas en el programa y que la consulta la hiciera la coordinadora. Ahora queremos una suspensión bajo el principio precautorio, porque se vulneran derechos fundamentales”.

El retiro indígena se ventila en el 12 periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que se desarrolla en Nueva York entre el 20 y el 31 de este mes.

ONU REDD adelanta actualmente una evaluación externa del programa en Panamá.

Su estudio indica que “para asegurar la distribución exitosa y equitativa de los beneficios de REDD+, la legislación respectiva debe incorporar procedimientos y normas claras y armonizadas, permitiendo la participación abierta entre actores en los niveles subnacional y nacional”.

El experto, quien ha publicado más de 350 informes sobre manejo ambiental y asuntos relacionados, subrayó que la región necesita “una acción urgente en todos los niveles”.

El especialista alertó también que la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera está llegando a un punto límite.

“Hay 445 partes por millón (PMM) de dióxido de carbono, esto es apenas cinco PPM por debajo… del límite que fue proyectado como catastrófico para el mundo”, dijo a IPS.

Dado que cada año se suman 2,5 PPM a la atmósfera, Douglas advirtió que dentro de dos años la Tierra alcanzará un punto decisivo, en el que eventos climáticos aun más catastróficos podrían azotar a la población mundial.

“Hemos llegado a una coyuntura en la que todo el planeta afronta una situación precaria”, dijo el científico. “Nos dirigimos a un momento peligroso para la Tierra”, alertó.

“Consecuencias potencialmente irreversibles”

El año pasado fue el más cálido de la historia reciente, con las temperaturas más altas desde que comenzaron a ser registradas en 1895.

“Aún recordamos al huracán Sandy… y la destrucción que causó en nuestra región y en la costa oriental de Estados Unidos”, indicó Douglas, antes de puntualizar que muchas partes afectadas todavía no se han recuperado.

Otro científico especializado en clima, John Crowley, dijo que el ciclo del nitrógeno en el planeta se ha desequilibrado gravemente debido al uso excesivo de fertilizantes no orgánicos.

“Eso, según especialistas, tiene consecuencias catastróficas y potencialmente irreversibles, que obligan a repensar los sistemas agrícolas, incluyendo el uso de fertilizantes”, dijo a IPS.

Estos dos científicos participaron de una reunión de expertos sobre formulación de políticas ambientales, celebrada el 15 y el 16 de este mes en esta ciudad y auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“En 2011, cuando por primera vez analizamos estos temas, quedó claro que el conocimiento sobre el cambio climático en el Caribe es insuficiente”, indicó Crowley, también representante de la Unesco.

En 2009, un grupo de artistas jamaiquinos lanzaron una campaña de educación nacional sobre cambio climático. Fue parte de un proyecto implementado por Panos Caribbean, organización regional que ayuda a periodistas a cubrir temas de desarrollo sostenible, y por el Comité Nacional de Educación sobre Ambiente.

Los artistas produjeron un paquete de información diseñado para educar al público jamaiquino, que incluyen un disco compacto de canciones sobre el recalentamiento planetario, con un tema principal titulado “Cambio climático” y que también tiene su video clip.

Un asunto mundial

“Creo que finalmente hemos despertado a la urgencia de la situación, y que finalmente hemos puesto a prueba y excedido la capacidad del planeta de absorber y asimilar los contaminantes que creamos y descargamos”, dijo Douglas.

“Lo que necesitamos ahora es nada menos que algo como un Proyecto Manhattan” pero para rescatar a la Tierra, sostuvo.

Marcus Natta, analista de proyectos del Ministerio de Desarrollo Sostenible de San Cristóbal y Nieves, dijo a IPS que la reunión había sido muy oportuna.

“Lo importante de esta conferencia particular es que se concentró en la acción. Creo que a diferencia de muchas otras reuniones, si esta vez realmente podemos concretar a acción luego de la planificación, lograremos un gran éxito”, señaló.

La pequeña isla de Nieves es considerada uno de los pocos paraísos de la Tierra que permanece intacto y una de las maravillas del Caribe. Douglas espera que las acciones acordadas en la reunión sirvan para preservarla así.

“Esperamos que, en el contexto que afrontamos hoy, se puedan preservar su belleza y encanto por mucho tiempo mientras tomamos acciones sabias para proteger el hábitat de la humanidad y de todas las criaturas vivientes”, dijo el científico a sus colegas.

“Tenemos que protegernos a nosotros mismos. Son nuestras actitudes, nuestros valores y nuestro fracaso en cambiar nuestro comportamiento que nos llevaron a este punto crítico”, alertó.

Además señaló que la humanidad va por un camino que “amenaza con sumergirnos en un ciclo perpetuo de pobreza y miseria”.

“En los últimos años hubo importantes avances en materia de derechos básicos en este país, pero en varias áreas persisten las vulnerabilidades”, dijo Átila Roque, director ejecutivo del capítulo brasileño de esta organización no gubernamental con sede central en Londres.

“La amenaza a la vida de la población en general por parte del accionar de criminales sigue siendo grave y los organismos estatales que deben garantizar los derechos de la sociedad a menudo se convierten en agentes de violaciones de esos derechos”, comentó Roque a IPS.

El estudio “El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, que analizó la situación existente al respecto el año pasado en 159 países, dedica más de cuatro páginas a Brasil, en las que se destacan la alta incidencia de los delitos violentos, así como el uso excesivo de la fuerza y hasta la aplicación de torturas de parte de las fuerzas encargadas de combatir el crimen.

Las fuerzas policiales de Río de Janeiro son un caso extremo, afirmó Roque, pues hay agentes que “usan el uniforme como instrumento para violar la ley y sumarse así al delito”.

El representante de Amnistía Internacional (AI) entiende que el Estado tiene dificultades para luchar contra esta nueva forma de delincuencia organizada.

“Este es un fenómeno que ha ganado visibilidad en los últimos tiempos y que pone de manifiesto, sobre todo, un proceso de deterioro de la seguridad pública, que no fue capaz de contener la expansión del crimen organizado en las propias filas de la policía”, puntualizó.

El despliegue en Río de Janeiro de las Unidades de Policía Pacificadora (comunitaria) ha sido una de las fórmulas eficaces para reducir la tasa de homicidios, pero esa estrategia comunitaria no ha sido ni tan rápida ni tan abarcadora como para alcanzar a las llamadas “milicias” (bandas parapoliciales).

“Si no se presta atención a la profundidad del problema, no se mejorará la situación de la impunidad y de los derechos humanos”, sentenció Roque.

El informe de AI también indicó que el sistema penitenciario de Brasil debería tener al menos 200.000 efectivos más para atender la gran cantidad de presos existentes en el país, que en general sufren “condiciones crueles, inhumanas y degradantes”.

Para Roque, el creciente aumento de la población carcelaria de Brasil, con 198 millones de habitantes, contribuye a que se perpetren atentados contra los derechos humanos en las penitenciarías, abarrotadas con más de 500.000 reclusos en todo el país, una cantidad solo superada por Estados Unidos, China y Rusia.

Además, más de 40 por ciento de esos presos aún no cuentan con sentencias firmes.

Una delegación de AI, que visitó el año pasado las prisiones del noroccidental estado de Amazonas para investigar la veracidad de las denuncias sobre malos tratos, encontró que los detenidos estaban “hacinados en celdas fétidas e inseguras”.

“Se recogieron varios informes sobre torturas, como el simulacro de ahogamiento por medio de bolsas de plástico, golpizas y la aplicación de descargas eléctricas, una práctica que en la mayoría de los casos son responsabilizados policías militares estaduales”, apunta el informe.

La vulnerabilidad indígena

La investigación de AI también aborda el tema indígena, deteniéndose en la situación de la etnia guaraní kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul, acosada por la intimidación, la violencia y las amenazas de expulsión de sus tierras ancestrales.

“Los líderes campesinos e indígenas de esa región son vulnerables a la violencia de terratenientes y el riesgo de muerte sigue siendo alto”, admitió Roque. Se trata de una “acción organizada de exterminio de un pueblo con la connivencia del Estado y la parálisis de la sociedad”, sostuvo.

El informe de AI cuestiona la publicación en julio de 2012 de una ordenanza de la Procuraduría General de la Nación, que permite el desarrollo de proyectos, mineros e hidroeléctricos y construcciones militares en tierras indígenas sin que se efectúen las consultas a las que tienen derecho según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos originarios y tribales, que Brasil ratificó en 2002.

Flavio Machado, coordinador regional del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), señaló a IPS que los pueblos indígenas sufren el “total desprecio” de las autoridades brasileñas y que afrontan una de las más graves situaciones desde los tiempos de la dictadura (1964-1985).

“Hay una ofensiva conjunta contra los pueblos indígenas, (cuyos miembros) son tratados como ciudadanos de segunda clase”, aseguró Machado, quien colaboró con AI para la parte indígena del informe anual.

Los 45.000 miembros de la etnia guaraní kaiowá constituyen la segunda mayor población indígena del país. La mayoría vive en pequeñas parcelas confinadas del sur del estado de Mato Grosso do Sul, soportando niveles de violencia y agresión superiores a la media nacional.

La tasa de homicidios de Brasil es de 27,4 por cada 100.000 habitantes, según el Mapa de la Violencia 2012. Pero en el pueblo guaraní-kaiowá, esa media trepa hasta 140 por cada 100.000 personas, explicó Machado.

En los últimos 10 años fueron asesinados 12 líderes indígenas solo en el estado de Mato Grosso do Sul, la mayoría de ellos de la etnia guaraní kaiowá.

“La violencia es ejercida por ganaderos y sicarios a sus órdenes. Hay una milicia para matar indígenas y evitar que sus tierras ancestrales sean demarcadas por las autoridades. Hasta ahora solo han sido reconocidas oficialmente 10 por ciento del territorio que les corresponde por ley”, denunció el CIMI, vinculado a la católica Conferencia Nacional de Obispos

Machado afirmó que el problema más grave que afrontan estos indígenas es el suicidio, angustiados por no ver perspectivas de futuro en sus vidas. Según los datos de la Dirección de Salud Indígena Especial del Ministerio de Salud, se registraron 611 casos de autoeliminación entre 2000 y 2012.

“Esta es la consecuencia del proceso de confinamiento en pequeñas parcelas sin posibilidades de desarrollo”, comentó.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no ha recibido a representantes de las comunidades aborígenes desde que asumió en enero de 2011, a pesar de haber hecho numerosas peticiones, cuestionó el CIMI.

Como ellos, muchos otros seguidores del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) se han visto obligados a abandonar sus hogares en Hurungwe, luego de ser amenazados por milicias que estarían vinculadas a la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (Zanu-PF).

“Ya pasó un mes desde que dejamos el distrito de Hurungwe, luego de que la milicia Jochomondo, vinculada al Zanu-PF, puso cerco a nuestra casa acusándonos de instar a la población a registrarse para votar al MCD”, dijo Severe a IPS.

Desde el año pasado, la milicia de Jochomondo habría aterrorizado a los residentes de Hurungwe, un baluarte del Zanu-PF, haciendo casi imposible que los partidos de la oposición realicen campaña.

Severe dijo a IPS que las elecciones en este país de África austral se ven siempre afectadas por las amenazas y la violencia.

“Esta no es la primera vez que hemos sido víctimas de intimidación. En la campaña presidencial de 2008 fuimos golpeados por ser simpatizantes del MCD”, señaló.

Las próximas elecciones presidenciales de Zimbabwe están previstas para fines de este año, aunque aún no se ha fijado la fecha exacta de la votación.

El presidente Robert Mugabe, de 89 años, ocupa el cargo desde hace 33 años. Su gobierno se ha caracterizado por la corrupción, la opresión, el acaparamiento de tierras y una economía tambaleante.

El primer ministro Morgan Tsvangirai informó a los medios de comunicación que la fecha de los comicios será fijada una vez que se complete el proceso de inscripción de votantes.

Con ese fin, se lanzó un proceso de registro móvil, mediante oficinas temporales de inscripción en distintas partes del país.

Ese operativo concluyó el 19 de este mes, pero los zimbabwenses todavía pueden inscribirse directamente en el Registro General de votantes.

Todo el proceso de inscripción se ha caracterizado por lentitud burocrática y por intimidaciones de grupos violentos, supuestamente vinculados al Zanu-PF.

Pedzisai Ruhanya, director del independiente Instituto de la Democracia en Zimbabwe, dijo a IPS que el proceso ha sido caótico.

“La experiencia del sistema de registro móvil de votantes no ha sido adecuada. Fue caótica y se caracterizó por la manipulación política”, señaló.

Las milicias vinculadas al Zanu-PF, que se llaman a sí mismas Al Shabaab, al igual que el grupo radical islámico somalí, estarían amenazando también al electorado en la central provincia de Midlands.

“El sistema móvil de registro irritó a los secuaces del Zanu-PF, que dirigieron su furia contra los maestros de las comunidades rurales, advirtiéndoles que no votaran por los dos sectores del MCD”, dijo a IPS un funcionario de Midlands.

El partido opositor se dividió en 2006 en dos facciones: el MDC-T, liderado por Tsvangirai, y e MDC-N, encabezado por Welshman Ncube.

Funcionarios de Marondera, capital de la provincia de Mashonalandia Oriental y a unos 72 kilometros al este de Harare, dijeron que los aldeanos fueron obligados por milicias a participar del proceso de registro.

“Los pobladores sufrieron abusos por parte de milicianos del Zanu-PF, que cantaban canciones de la guerra de liberación y eslóganes del partido, y que los obligaron a registrarse para votar”, dijo Marondera a IPS.

Policías de los pueblos de Bindura y de Mazowe, en la provincia de Mashonalandia Central, 90 kilómetros al norte de Harare, dijeron que la población todavía vive con temor de que se repita la violencia de las pasadas elecciones. Muchos residentes no se animan si quiera a expresar públicamente a qué partido respaldan.

“Nadie usa camisetas del MDC-T aquí luego de las violentas elecciones de 2008, que dejaron a miles de personas heridas”, dijo un alto funcionario policial a IPS.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional denunciaron que la campaña presidencial de 2008 se llevó a cabo “en un contexto de extendidos casos de asesinatos, torturas y ataques contra supuestos partidarios de la oposición”.

Por su parte, Human Rights Watch indicó en un informe de este año, titulado “Race Against Time: The Need for Legal and Institutional Reforms Ahead of Zimbabwe’s Elections” (Carrera contra el tiempo: La necesidad de reformas legales e institucionales de cara a las elecciones de Zimbabwe), que más de 200 personas murieron en la violencia de 2008.

Hasta ahora no se realizó ningún arresto por los casos de supuesta intimidación. Mientras, el portavoz del Zanu-PF, Rugare Gumbo, minimizó las denuncias.

“No existen grupos terroristas vinculados a nuestro partido. ¿Por qué habríamos de someter a la población cuando es bien sabido que el MCD ha perdido votantes frente al Zanu-PF?”, dijo a IPS.

En tanto, el analista político Rejoice Ngwenya sostuvo que el proceso de registro móvil había sido deficiente.

“Fue desarticulado y débil, quizás en forma deliberada. No hay educación sobre el voto en Zimbabwe… La Comisión Electoral no tiene ni la capacidad ni la voluntad política” para informar a la población, dijo a IPS.

“Las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos se esfuerzan al máximo, pese a los obstáculos de la Ley de Orden Público y Seguridad”, indicó.

La ley le da un poder extraordinario a la policía, y muchos señalan que Mugabe utilizó esto para intimidar a la oposición.

Grupos locales de derechos humanos también cuestionaron el proceso de registro móvil.

“Apoyamos la iniciativa, pero estamos preocupados por la forma en que se desarrolló en áreas rurales, donde integrantes del Zanu-PF distribuyeron formularios de adhesión al partido, señalando que eran necesarios para el registro”, dijo a IPS el director de la organización local Información y Educación Juvenil para un Cambio de Comportamiento, David Chidende.

También denunció que se instalaron varios centros de registro en los baluartes del Zanu-PF y pocos en las áreas dominadas por el MCD.

“Hay casos de mujeres embarazadas y menores de edad extranjeros sin la documentación requerida que encuentran dificultades para ser atendidos en los hospitales y centros de salud. Hay bastantes incidencias”, lamentó a IPS la presidenta de la organización no gubernamental Andalucía Acoge, Sylvia Koniecki.

El Real Decreto Ley 16/2012 emitido el 20 de abril de 2012 por el gobierno español del derechista Partido Popular (PP) establece que, con independencia de su situación legal o irregular en el país, las mujeres extranjeras tienen derecho a asistencia sanitaria pública durante el embarazo, parto y postparto.

Según ese texto legal, los extranjeros indocumentados menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria gratuita “en las mismas condiciones que los españoles” y, de superar esa edad, deben ser atendidos en caso de “urgencia, enfermedad grave o accidente”.

La mayoría de los inmigrantes “sin papeles” tiene así limitado su acceso a los centros de salud. Pueden contratar un seguro público de 710 euros anuales (913 dólares), sin incluir medicinas, pero a un costo que no pueden solventar generalmente, según varias organizaciones.

El senegalés indocumentado Alpha Pam, de 28 años, falleció el 21 de abril en el hospital de Inca de Mallorca, en las orientales Islas Baleares, por una tuberculosis que no le fue diagnosticada a tiempo. Sus familiares denuncian falta de asistencia, mientras las autoridades dicen que fue debidamente atendido. Sin embargo, el director del nosocomio, Fernando Navarro, fue destituido este miércoles 22.

El caso fue denunciado el 17 de este mes ante la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, por Izquierda Unida, la coalición liderada por el Partido Comunista.

El gobierno de Mariano Rajoy, embarcado en una política de recortes fiscales y de derechos laborales, calculó un ahorro de 500 millones de euros (645 millones de dólares) con el retiro a partir de septiembre de 2012 de 873.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes irregulares, según el Programa Nacional de Reformas 2013.

“No habrá tal ahorro”, consideró Gabriel Ruiz, encargado del programa de inmigrantes de la organización no gubernamental Médicos del Mundo en la sureña ciudad de Málaga, porque al ser excluidos de la atención sanitaria primaria, aumentará el número de usuarios en los servicios de urgencias “y estos son más costosos”.

Ruiz dijo a IPS que la población inmigrante está en general en situación de exclusión social y por ello es más vulnerable a enfermedades derivadas del hacinamiento o la alimentación deficiente. “Al apartarla del sistema sanitario público no sólo ponemos en riesgo su salud, sino la del resto de la sociedad por posible propagación de enfermedades”, subrayó.

Desde el gobierno se justifica la reforma afirmando que el sistema de salud era un “coladero” para la inmigración irregular. Pero un informe de 2012 de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) concluyó que quienes más usan el sistema de salud pública son los propios españoles.

Las sedes de las delegaciones malagueñas de Médicos del Mundo y Málaga Acoge reciben a extranjeros con boletas de pago de atención de urgencias, hecho que contraviene lo estipulado en el decreto ley. “Llegan desesperados con facturas desorbitadas que acumulan intereses por no haber sido abonadas”, apuntó Ruiz.

El gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, también en manos del PP, informó el 8 de este mes que retirará todas las facturas que se hayan emitido indebidamente y devolverá el dinero cobrado en los servicios de urgencias a los inmigrantes.

Es que cada una de las 17 comunidades autónomas españolas ha aplicado el decreto de distinta forma. Andalucía, Cataluña, Asturias, el País Vasco e Islas Canarias se negaron a aplicarlo.

Entidades sociales andaluzas llaman la atención sobre los muchos casos que vienen recogiendo y que solucionan en su mayor parte al actuar como intermediarias con las autoridades.

Según Ruiz, “faltan directrices claras del gobierno local para todos los dispositivos sanitarios de Andalucía”.

“En una sola semana hemos tenido dos o tres casos de inmigrantes indocumentados a los que se les niega la atención primaria o se les deriva a otros organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuando es el propio centro de salud el que debe gestionar la cobertura sanitaria”, declaró Ruiz.

Desde la Delegación Provincial de Salud malagueña reconocen que hay incidentes, que ya los había antes de que entrara en vigor el decreto, pero son “casos aislados” que la institución trata “de solventar en la medida de sus posibilidades”, explicó a IPS una portavoz de ese organismo público.

“No deberíamos tener ni un solo caso. Faltan instrucciones precisas de la administración autónoma a los hospitales y centros de salud para evitar que se produzcan incidentes”, indicó a IPS el director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina.

En un estudio de esta organización no gubernamental, realizado del 1 de septiembre al 17 de diciembre de 2012, se recogieron 42 casos en 20 centros de salud de seis provincias de Andalucía que afectaron a 69 inmigrantes, 77 por ciento de ellos en situación irregular.

El informe apunta que a 38 por ciento de los afectados se les negó la expedición de una nueva tarjeta sanitaria, a 23 por ciento la solicitud de consulta médica primaria, y a otro 23 por ciento se le emitió factura por la prestación médica realizada. Entre los afectados hubo ocho menores de edad y tres mujeres embarazadas.

Ruiz piensa que estos casos son la punta del iceberg de la crisis social y que el número de inmigrantes irregulares con problemas de atención o facturación indebida es mucho mayor.

En un recorrido por centros de salud malagueños de atención primaria, empleados confirmaron a IPS un descenso notable de la cantidad de inmigrantes irregulares que demandan asistencia, lo que achacaron a falta de información entre los usuarios sobre la continuidad de la asistencia en Andalucía a pesar del decreto.

Sin embargo, se han dado casos de recepcionistas que se han negado a atenderles. El informe de Málaga Acoge concluye que la mayoría de las incidencias en la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles se produjeron con el personal de atención al público en los centros sanitarios.

En México hay más de 300 especies comestibles de estos invertebrados, según un estudio que publicaron este mes el Departamento de Entomología de la holandesa Universidad de Wageningen, y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Pero investigaciones nacionales reportan más de 500 en el centro, sur y sudeste de México, país megabiodiverso y con una persistente pobreza que afecta a 47 por ciento de sus habitantes.

“Los insectos son una fuente viable y económica de alimento de calidad que podría llegar a ser incluso mejor que alimentos industrializados que se consumen en la actualidad”, dijo a IPS la investigadora Julieta Ramos-Elorduy, del Instituto de Biología de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.

En su opinión, este país “está preparado para un consumo masivo, pero se necesita educar a la gente sobre técnicas y formas de comercializarlos. No hay preocupación por protegerlos. No hay medidas oficiales”, señaló la especialista que investiga desde la década de 1970 las bondades de estos bichos de edad milenaria y que ha reportado 549 especies comestibles.

La cuestión adquiere dimensiones ambientales, en especial en el Día Internacional de la Diversidad Biológica que se celebra este miércoles 22.

La ingesta de insectos o entomofagia es una tradición indígena en México, como constató el Códice Florentino, escrito por fray Bernardino de Sahagún (1499-1590) y que llegó a describir el consumo de 96 especies.

Algunos insectos contienen hasta tres veces más proteínas que un kilogramo de carne y presentan una concentración de nutrientes solo superada por el pescado, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

El menú mexicano de insectos se compone de chinches, gusanos, escarabajos, mariposas, larvas de hormigas y moscas, abejas, avispas y chapulines –un tipo de saltamontes–, presentes en casi todo el territorio. Se los prepara asados, fritos o en diferentes tipos de salsas.

Varios de estos manjares saltaron en las últimas décadas de las cocinas de hogares rurales y pobres a las mesas de restaurantes de moda.

En la ciudad de Mitla, cercana al sitio arqueológico zapoteco del sureño estado de Oaxaca, una pequeña empresa usa los gusanos (Hypopta agavis) del vegetal agave para elaborar una sal picante con que se acompaña el mezcal, bebida alcohólica que se destila de la misma planta.

“Nos basamos en una receta casera. La molienda se hace a mano y usamos una mezcladora manual. Empacamos también a mano”, dijo a IPS la gerenta comercial de la firma Gran Mitla, Diana Corona, que produce 300 kilogramos de sal de gusano por mes.

Un kilogramo requiere 300 gramos de gusanos molidos, otros 300 de chiles (ajíes picantes) secos y 400 gramos de sal.

Los gusanos se recogen entre agosto y octubre, luego se congelan para abastecer la producción, pues entre noviembre y mayo la recolección está vedada en todo el país.

La publicación de la FAO indica que más de 1.900 especies forman parte de dietas tradicionales de al menos 2. 000 millones de personas en todo el mundo. Los preferidos son escarabajos, orugas, abejas, avispas, hormigas, saltamontes, langostas y grillos.

La recolección y cría de insectos pueden generar empleos e ingresos y tienen potencial industrial, según los autores.

“Eso puede lograrse si los insectos se cultivan y comercializan en grandes cantidades. Pero los productores deben tener conciencia de que están perdiendo recursos”, señaló Ramos-Elorduy, quien investiga la productividad de especies de insectos del maíz y de la calabaza y formas para aumentarla.

“La técnica de recolección es la misma en todas partes, pero no hay legislación que estipule las técnicas adecuadas. La gente las desconoce. Además, se paga muy poco”, lamentó.

En un estudio, Ramos-Elorduy, Andrés Juárez y José Manuel Pino alertan: “este valioso recurso gastronómico, debido a diversos problemas ambientales y socioeconómicos, corre peligro de desaparecer”.

El trabajo, publicado en diciembre, concluye que “el impacto ambiental, el cambio cultural y el uso de la tierra hacen que el consumo de insectos se vea disminuido, principalmente entre los grupos de jóvenes”.

La productora Corona está de acuerdo en que se adopten normas para proteger estas especies. “Son necesarias regulaciones sobre recolección y comercialización. Es parte de la gastronomía mexicana y hay que cuidar el recurso”, sostuvo.

Por lo mismo, muchos recolectores son reacios a hablar de cómo y dónde extraen insectos.

El reporte de la FAO recomienda infraestructura automatizada y marcos regulatorios para una producción estable, confiable y segura. Además, hace hincapié en la posibilidad de que la biomasa de insectos se emplee como materia prima de la alimentación animal.

En Colombia, un manjar que se puede adquirir al paso es la crujiente hormiga culona (Atta laevigata), tostada y salada. El origen de este y otros platillos también es indígena.

Pero “entrar a los bosques por grandes extracciones de insectos es muy delicado, porque estos se ubican en áreas de vida silvestre”, advirtió a IPS el biólogo colombiano y planificador regional, Jaime Bernal Hadad.

Colombia tiene una pobreza que afecta a 32,7 por ciento de la población y es el segundo país más megabiodiverso del mundo, después de Brasil.

“En los ecosistemas tropicales, si bien hay gran diversidad de especies, la cantidad por especie es poca”, dijo Bernal Hadad. “Con grandes extracciones se pueden extinguir especies o generar desequilibrio ambiental”.

“Los cucarrones (escarabajos o coleópteros) en los árboles caídos de los bosques aportan a su descomposición y al equilibrio de esos bosques. Las avispas y abejas juegan un papel importante en la polinización”, describió. Y, “si bien hay grupos indígenas que consumen coleópteros, que son apetecidos, son grupos minoritarios que no alcanzan a causar problema”, dijo.

Para Bernal Hadad, criar insectos “es una opción interesante. Pero entran en juego otros factores, como el tema cultural de aceptación y consumo”.

“Por supuesto que en Europa puede considerarse exótico, pero si hablamos de poblaciones marginales en América Latina, el tema es distinto y hasta apabullante”, apuntó.

En la lucha contra el hambre “no se pueden descartar asuntos más estructurales”, advirtió. Y, además, “vale preguntarse si la propuesta podría ser controlada o si se vuelve otro método de afectación de la conservación, ya no por la ganadería y la madera, sino por los insectos”, reflexionó. Entonces seguiríamos reproduciendo la destrucción de los sistemas naturales, sin soluciones reales”.

Con aportes de Helda Martínez (Bogotá).