Pena de muerte vuelve a rondar Afganistán

Prisión de Pul-e-Charki

Crédito: Rebecca Murray/IPS

KABUL, dic (IPS) - Décadas de guerra han dejado miles de muertos en Afganistán. Pero las últimas ejecuciones fueron dispuestas por el Estado y dictadas directamente por el presidente Hamid Karzai.

El ataque suicida perpetrado en febrero en la sucursal del Banco de Kabul en la nororiental ciudad de Jalalabad, fue uno de los más sangrientos de este año. La mayor parte de los 40 muertos y 70 heridos eran integrantes de servicios de seguridad que hacían cola a mediodía para cobrar su salario. El movimiento extremista Talibán se atribuyó el crimen.

En el consecuente clima de indignación popular contra los dos atacantes que sobrevivieron, el pakistaní Zar Ajam y el afgano Mateullah, el presidente Karzai dio luz verde en junio a sus ejecuciones en la horca en la notoria prisión de Pul-e-Charki de Kabul.

"Hubo una enorme presión sobre Karzai para que ordenara ejecutar a los dos hombres", indicó Horia Mosadiq, periodista e investigadora de Amnistía Internacional. "Mucha gente hacía declaraciones públicas al respecto, realmente querían que pasara algo", apuntó.

Según Amnistía Internacional, con sede en Londres, 139 países han abolido la pena capital por ley o de hecho. Pero Afganistán no está entre ellos. En esta nación hay más de 100 personas en el pabellón de la muerte, incluso algunas mujeres.

"Nuestra mayor preocupación es que el sistema judicial no garantiza procesos justos", remarcó Mosadiq. "Primero, no hay presunción de inocencia. Segundo, no se procesan testimonios, pruebas ni testigos. Tercero, la policía no es profesional y recurre a la tortura para extraer confesiones", precisó.

"Bajo tortura mucha gente termina confesando un delito que no cometió. Por último, el papel de la corrupción no es menor, al igual que las conexiones y la presión política", añadió.

En 2007 hubo 15 ejecuciones. Además, se cree que Karzai cedió a la presión política, en especial antes de su reelección, cuando se opuso en 2008 a una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una moratoria mundial a la pena de muerte.

"Los tribunales afganos siguen aplicando la pena de muerte, pero Amnistía no había registrado ejecuciones en los últimos dos años", señaló la organización después de los ahorcamientos de junio.

"La pena de muerte era muy utilizada por el régimen del Talibán, hasta que fue derrocado en 2001. La disminución de ejecuciones en el actual gobierno fue bienvenida por el movimiento abolicionista como una señal alentadora", añadió.

Shabeer Ahmad Kamawal, director de la Fundación Internacional Legal de Afganistán que ofrece defensa judicial sin costo, señaló que el proceso de uno de los casos por asesinato que atiende fue injusto.

Kamawal cree en la inocencia de su cliente, Mohammad, condenado a muerte por una disputa violenta con su hermano Hakim por un arreglo matrimonial entre sus hijos.

Según el abogado, cinco hijos de Mohammad mataron a su tío y a uno de sus primos en la calle y huyeron. Pero su cliente y otro de sus hijos, que estaban en su casa cuando se cometió el crimen, fueron detenidos y procesados. *

"El hecho es que no encontraron a los principales responsables, y el castigo recayó sobre personas inocentes", indicó Kamawal.

"No hay una campaña oficial contra la pena de muerte, pero podemos hablar con el juez para conmutar el castigo por cadena perpetua", apuntó. "La abolición no es una prioridad ahora. Cuesta mucho trabajo organizar una campaña, y en este momento la gente no la aceptaría", explicó el abogado.

Si bien el gobierno central intenta implementar un sistema jurídico basado en el derecho, la justicia tradicional persiste, en especial en las comunidades rurales.

En un sonado caso el mes pasado en la oriental provincia de Ghazni, una viuda y su hija fueron lapidadas y acribilladas por hombres armados, supuestamente vinculados al Talibán, por "delitos morales", ante la impasible mirada de miembros de la comunidad.

En julio, el asesino del hermano del presidente, Ahmed Wali Karzai, polémico hombre fuerte de la sureña provincia de Kandahar, recibió un inmediato y brutal castigo.

El guardaespaldas Sardar Mohammad, que efectuó dos disparos a quemarropa a Karzai en su oficina, fue muerto en el acto por sus colegas en el mismo recinto.

"Fue escandaloso", señaló Horia Mosadiq. "Me asqueó cuando Karzai declaró que el Talibán había matado a su hermano, pero que él había perdonado al asesino. Cómo pudo perdonarlo, si fue ejecutado de inmediato, colgado en la parte de atrás de un vehículo policial y luego en la calle del bazar", dijo indignada.

Mosadiq señaló que el hecho le hizo recordar el infame asesinato del expresidente Mohammad Najibullah (1986-1992) en 1996, quien fue sacado por miembros del Talibán de la residencia de la ONU donde estaba refugiado, torturado, arrastrado por las calles y colgado en público.

Mohammad Farid Hamidi, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, dijo no saber de activistas locales trabajando por la abolición de la pena capital. La posición de la organización al respecto es compleja, añadió.

"Por un lado, la gente está a favor (de la pena de muerte), que se enmarca en el contexto de problemas religiosos y culturales, así como en la Constitución y el Código Penal", señaló.

"Pero en la actual situación del estado de derecho, con corrupción en el gobierno, la policía y la justicia y una cultura de impunidad, la mayor preocupación de la Comisión es conseguir juicios justos en los casos pasibles de ser penados con la muerte", explicó.

"Por tanto, la Comisión pide al presidente y al gobierno una suspensión, para que puedan poner fin a la corrupción y fortalecer el sistema judicial y los mecanismos estatales", apuntó.

"Por un buen tiempo pareció que estaba en vigor una suspensión de hecho", señaló Heather Barr, de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York. "El caso de los culpables del ataque al Banco de Kabul fue una excepción. No sabemos si fue un incidente aislado o el retorno al uso generalizado de las ejecuciones", añadió.

* Los nombres de los protagonistas fueron cambiados para proteger sus identidades. (FIN/2011)