LA PAZ, oct (IPS) - Ser actora política en Bolivia
es una profesión de riesgo. Cientos de denuncias
de violencia lo avalan, pero permanecen sin
sanción mientras un proyecto de ley para proteger
los derechos de las mujeres en funciones públicas
peregrina desde hace nueve años por su aprobación.
La gerente general de la Asociación de
Concejalas de Bolivia (Acobol), María Eugenia
Rojas, recalcó a IPS la urgencia de que sus
agremiadas cuenten con una norma que las proteja
y genere conciencia sobre una realidad tan grave como poco conocida.
Pero también reconoció fatiga por la
insensibilidad del Congreso legislativo ante la
demanda, incluso tras la llegada a la Presidencia
en 2006 de Evo Morales, al frente de un gobierno
de reivindicaciones indigenistas que refundó las
bases del Estado con una Constitución vigente
desde febrero, donde los derechos de la mujer fueron muy reforzados.
Rojas desestimó escoger un caso de violencia
por actividad política como el más grave. "¿El de
la concejala que perdió a su bebé por agresiones,
la golpiza que estuvo a punto de matar a otra, o
la violación de una autoridad municipal?", se preguntó.
Pero no tuvo dudas en un factor común en las
más de 200 denuncias acumuladas tan sólo en la
asociación. "Tienen detrás una historia de
discriminación y violencia por razón de género", denunció.
La violencia de género por ejercicio político
se manifiesta en muchos niveles, pero adquiere su
mayor virulencia e impunidad en los municipios de las zonas rurales.
"Las humillaciones en público a las
concejalas elegidas por voto democrático o los
latigazos aplicados como castigo por las
comunidades indígenas reclaman atención por el
ultraje a los derechos de las mujeres", explicó Rojas.
La historia de la defensa de los derechos de
las mujeres en su actividad como funcionarias
públicas elegidas tiene para Acobol la carga de
frustración de que hasta ahora ninguno de los
agresores fue sancionado por la justicia.
Fue esa realidad la que llevó en un proceso
de consultas muy participativo a proponer un
proyecto de Ley Contra el Acoso y la Violencia
Política en Razón de Género, al concluir que
sólo así podría defenderse el derecho de las
mujeres a participar en política en condiciones de equidad y de seguridad.
Sólo Ecuador cuenta en América Latina con una
ley similar a la planteada en Bolivia.
Actualmente, una de las mujeres que en 2005
se sumó a impulsar el proyecto está al frente
del Ministerio de Justicia. Se trata de Celima
Torrico, antigua dirigente sindical, reportera de
radioemisoras populares y presidenta de la
Asociación de Concejalas del central departamento de Cochabamba.
Una revolución con rostro de mujer
Las mujeres de Bolivia fueron protagonistas de la lucha por los cambios sociales y políticos plasmados en la nueva Constitución. Aplicar esos avances es otra historia. Las organizaciones de mujeres campesinas e indígenas querían la mitad de los lugares en las listas para los comicios de diciembre de 2009. Pero las cúpulas partidarias siguen siendo reductos masculinos.
En Bolivia, donde las mujeres son ligera
mayoría entre sus 10,2 millones de habitantes,
más de 62 por ciento de la población es indígena o mestiza.
En diciembre Bolivia tendrá elecciones
generales y las mujeres debían ocupar 50 por
ciento de las candidaturas a cuerpos colegiados
según la nueva Constitución, aunque esa mitad
sólo se logró en el Senado y en las llamadas listas plurinominales.
Torrico cambió recientemente su postura sobre
la ley y aboga ahora por ampliar su cobertura a
los hombres que participan en política y sufren
también de violencia por sus cargos o sus
posturas sobre la administración de los gobiernos
municipales, según detalló a IPS en su despacho.
El proyecto en su redacción actual tiene como
objetivos prevenir, proteger, sancionar y
erradicar el acoso y la violencia contra las
mujeres candidatas, electas y en ejercicio de sus funciones.
Garantiza los derechos políticos y otorga
seguridad jurídica a nivel nacional, de sus nueve
departamentos y sus 327 municipios, que es donde
se han registrado la mayoría de los casos de
discriminación y agresión política por razón de género.
"Una ley no es suficiente, pero es un paso
fundamental e hito importante porque constituye
un referente, más cuando se establece determinado
tipo de penalidades y cuando se jerarquizan
ciertas conductas que ameritan determinado tipo
sanciones", comentó a IPS la delegada adjunta del
Defensor del Pueblo (ombudsman), Patricia Flores.
"No se limita a una amonestación, sino que se
castiga como delito", al incluirlo en el Código Penal, subrayó.
El proyecto sanciona a los autores de actos
de acoso y violencia política contra candidatas,
autoridades electas y en ejercicio, con sanciones
administrativas, civiles y penales, que incluyen
la suspensión temporal o definitiva de la actividad pública.
Detrás de la violencia de género contra las
políticas en cargos públicos está la resistencia
a ceder el ejercicio del poder y la administración de recursos, aseguró Rojas.
EL GÉNERO, UN PLUS PARA AGRESIVIDAD
La propia ministra Torrico es un ejemplo de
las variadas formas de discriminación a las que
se enfrentan las mujeres cuando deciden participar en política.
Tenía 13 años cuando su padre, un agricultor
de la comunidad indígena de Chillijchi, en los
valles andinos de Cochabamba, le pidió
sustituirlo en las tareas de secretario de actas de un sindicato regional.
Los pobladores la rechazaron por mujer y
adolescente y Torrico no logró siquiera verificar
la asistencia de los afiliados antes de que le
arrebataran el libro de actas. Entonces "la mujer
debía quedarse en casa lavando ropa, atendiendo a
los hijos, cocinando, y ni siquiera tenía derecho
para asistir a reuniones", recordó la ministra.
No se amilanó y pronto pasó a la comunicación
radial, donde se destacó por recoger y difundir
testimonios de la gente del pueblo. En su
vestimenta habitual mantiene el sombrero ligero y
la pollera (falda étnica) corta, propios de las
mujeres de los valles, lo que generó el rechazo
de sus colegas y sigue siendo objeto de críticas.
En 2007, como consejera departamental en la
Prefectura (gobernación) de Cochabamba, soportó
el peso político del entonces prefecto y ahora
candidato a la Presidencia, Manfred Reyes. Por
orden suya fue vigilada y los teléfonos de su
familia intervenidos, en medio de un violento
conflicto entre cultivadores de coca y opositores al gobierno de Morales.
Cuando fue nombrada ministra, las críticas
fueron inmediatas y el colegio de abogados la
declaró persona no grata, entre otros argumentos,
por su condición de chola (mujer del campo y/o
rasgos indígenas). Su propia madre le pidió que
volviera a la comunidad a cultivar la tierra,
para evitar las críticas por su origen y falta de estudios académicos.
Con las dirigentes sindicales, "a veces
lloramos de impotencia por lo que sucede", confío
reflexiva a IPS, mientras compartía entrevista e
infusión de hojas de coca, en una capital donde
no es frecuente que los ministros dialoguen con los periodistas.
Torrico aseguró que es la evidencia la que la
llevó a la conclusión de que el proyecto debe
ampliarse para proteger a todas las personas
frente a la violencia política cuando se
desempeñan como autoridades elegidas
democráticamente, porque las agresiones tienen más orígenes que el de género.
"Hay también autoridades hombres
maltratados", reveló al discrepar de las
organizaciones de mujeres que insisten en una ley
específica para enfrentar la violencia política
por razón de género y proponen normas separadas
para enfrentar otras agresiones en el campo del ejercicio público.
Acobol justifica esta tesis en que todos los
análisis muestran que "las relaciones de poder
ejercidas con violencia afectan de manera directa
a las mujeres por el hecho de ser 'mujeres' y por
estar en funciones político-públicas".
Un estudio realizado por Acobol entre 2000 y
2005 y actualizado con los dos centenares de
denuncias posteriores, mostró que 36 por ciento
del acoso y los maltratos buscaban forzar a las
concejalas a dejar su cargo para dar paso a un
varón designado como reemplazante.
Un 20 por ciento de denuncias fueron de
violencia física y otro 19 por ciento de acoso y
presiones para evitar que ejerciesen su función
de fiscalización y vigilancia en los gobiernos municipales.
El resultado de la dura experiencia es que
las concejalas no repiten. No vuelven a
postularse al cumplir su periodo de cinco años,
porque salvo excepciones concluyen que la función
pública no merece el sacrificio, lo que corta en
la base la emergencia de liderazgos femeninos, explicó Rojas.
Sólo cuatro por ciento de las concejalías
tienen rostro femenino y en las 327 alcaldías
municipales, sólo 25 tienen al frente una mujer, según datos de Acobol.
La vulneración a los derechos de las mujeres
que ejercen la política se produce contra
militantes de todos los partidos y todas las
ideologías, así como dentro de los pueblos
indígenas y las agrupaciones ciudadanas, destacó Rojas.
Pero la geografía sí hace la diferencia. La
dirigente de las concejalas bolivianas detalló
que en las regiones llanas y amazónicas se acepta
más la incorporación femenina a cargos políticos,
mientras en los valles y montañas andinas las
mujeres que son autoridad pública soportan más
opresión y discriminación, por la pervivencia de una estructura muy patriarcal.
(FIN/2009)
