NUEVA YORK, 24 ago (IPS) - La cuestión de las torturas a detenidos practicadas por personal estadounidense en diferentes lugares del mundo volvió a la escena este lunes, a raíz de varias decisiones que ocuparon los principales títulos de la prensa de este país.

En primer lugar, la Oficina de Responsabilidad Profesional, una repartición de carácter ético que funciona en el Departamento de Justicia, recomendará reabrir una decena de casos de presuntas torturas a prisioneros.

Por otra parte, en respuesta a una orden judicial emitida a raíz de una demanda que presentó hace cinco años la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), el fiscal general Eric Holder decidió difundir un informe elaborado en 2004 por el inspector general de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Ese reporte detalla las técnicas de "interrogatorios potenciados" empleadas por la CIA y algunos de sus contratistas contra sospechosos de terrorismo de "alto perfil".

Este lunes, el diario The Washington Post informó que Holder encargará a un fiscal especial, John Durham, una investigación sobre varios casos de torturas a prisioneros en Iraq y Afganistán, que debería además determinar si es necesario abrir un proceso penal más amplio.

Por último, el presidente Barack Obama creará un nuevo equipo de funcionarios experimentados para interrogar a prisioneros sospechosos de graves actos de terrorismo.

La unidad se llamará "Grupo de Alto Nivel para el Interrogatorio de Detenidos", o HIG, por sus siglas en inglés. Será controlado por el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y tendrá su sede en el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Esto permitirá que la Casa Blanca supervise directamente sus acciones, quitándolas de la órbita de la CIA.

"Es alentador que la oficina de ética del Departamento de Justicia reconozca que la interrupción de las investigaciones sobre serios casos de abusos fue una mala idea, y que quienes violaron la ley deben hacerse responsables", dijo Jameel Jaffer, director del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU.

"Sin embargo, es esencial que el alcance de cualquier investigación penal no tenga limitaciones iniciales, como excluir el escrutinio sobre altos funcionarios que autorizaron torturas o redactaron memorandos que fueron usados para justificarlas", continuó.

"Una investigación que empiece y termine con los llamados interrogadores ‘díscolos’ será indefendible, ante la evidente participación del alto nivel que ya es de dominio público. Tampoco debería usarse ninguna limitación de ‘buena fe’ como escudo para los interrogadores que sabían o deberían haber sabido que estaban violando la ley", agregó.

Se considera que la reapertura de esta decena de casos tiene el potencial de permitir que los interrogatorios de la CIA y de los mercenarios sean objeto de juicio penal por cometer actos brutales contra los detenidos.

Según informes de prensa, los interrogadores usaban taladros eléctricos, simulacros de ejecuciones y amenazas contra las familias de los prisioneros para aterrorizarlos y conseguir que hablaran.

Todavía no está claro si la información que buscaban tenía algún valor de inteligencia o no, aunque el ex vicepresidente Dick Cheney insistió en que esas técnicas resultaban muy valiosas.

El informe del inspector general de la CIA se mantuvo en secreto desde 2004, aunque se filtraron algunos detalles. También se cree que parte de su contenido fue incluido en un reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja que se publicó en el New York Review of Books.

El documento recorrió un proceso que parecía eterno a través del sistema judicial federal de Estados Unidos y que terminó cuando un juez se negó a darle a la CIA más tiempo para elaborarlo.

Fragmentos filtrados de ese informe sobre la legalidad y efectividad del programa de "interrogatorios potenciados" señalan que agentes de la CIA cometieron graves torturas.

El director ejecutivo de la ACLU, Anthony D. Romero, señaló en un comunicado: "Partes del informe que se han filtrado arrojaron luz sobre el alcance del programa de torturas de la CIA y plantean serias preguntas sobre qué detalles se ocultan todavía. Es esencial difundir el informe (…) para saber qué delitos se cometieron y quién estuvo involucrado".

Durante el gobierno del antecesor de Obama, George W. Bush (2001-2009), las conclusiones del inspector general fueron remitidas a fiscales federales del Departamento de Justicia, pero estos decidieron no seguir adelante con ninguno de los casos.

Holder adoptó un punto de vista diferente cuando leyó el informe del inspector general que detallaba truculentos abusos físicos y mentales, así como muertes de detenidos en Iraq y Afganistán.

La prensa señala casi como una certeza que Holder designará a un fiscal especial para evaluar nuevamente esos casos.

Una pregunta importante sobre esa investigación es si se centrará únicamente en los interrogadores cuyas tácticas excedieron su autoridad legal o si escalará más alto para averiguar quién autorizó o facilitó el uso de esas técnicas.

Otra duda es si los abogados del Departamento de Justicia que prepararon los "memorandos de torturas" justificándolas también serán blanco de los fiscales.

Hasta ahora, los informes de prensa sugieren que estos casos serán remitidos a los colegios estaduales de abogados, que tienen la facultad de sancionar a los fiscales por mala conducta o incluso inhabilitarlos para el ejercicio de la profesión.

Dos ex abogados clave del Departamento de Justicia prepararon estos memorandos: Jay S. Bybee, quien ahora es juez federal, y John Yoo, actualmente profesor de leyes en el occidental estado de California.

En el caso de las torturas a detenidos en la prisión de Abu Ghraib en Iraq, el Departamento de Defensa llevó a cabo más de una decena de investigaciones para determinar quién había sido el responsable.

Apenas un puñado de quienes entonces fueron etiquetados como "manzanas podridas" fueron juzgados y encarcelados. El Departamento de Defensa no halló evidencias de que las órdenes hubieran procedido de ningún funcionario del gobierno de Bush.

Informes de prensa señalan que Holder nombrará a John Durham, un fiscal que ha hecho carrera en el Departamento de Justicia, para liderar la nueva investigación.

En los últimos dos años, Durham investigó la destrucción de vídeos de interrogatorios por parte de la CIA, y por lo tanto está familiarizado con el tema.

Los hechos de este lunes crean una situación delicada para Obama, que ha buscado tomar distancia de toda revisión de políticas o prácticas implementadas por su predecesor.

El presidente suele decir que prefiere mirar hacia adelante y no hacia atrás, pero dejó en claro que las decisiones de este lunes son responsabilidad del fiscal general.(FIN/2009)

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