AMBIENTE-BRASIL
¿Tarjeta roja para Porto Alegre?
Por
Clarinha Glock PORTO ALEGRE, jul (IPS/IFEJ
) - Porto Alegre, la
ciudad del sur de Brasil que fue pionera en
presupuestos participativos y políticas
ambientales, y sede inicial del Foro Social
Mundial, está de vuelta en la escena internacional.
Elegida como una de las 12 sedes del
campeonato mundial de fútbol 2014, la capital del
sureño estado de Rio Grande do Sul, con cerca de
1,4 millones de habitantes, vive un dilema.
En agosto, su ciudadanía votará si acepta o
no la construcción de edificios residenciales en
la zona de Ponta do Melo, a orillas del río
Guaíba. La consulta se inserta en un contexto de
planes de grandes obras, como la ampliación de
estadios deportivos y el tendido de avenidas,
destinados a recibir mejor a los visitantes del campeonato de fútbol.
Pero algunos de estos proyectos son
cuestionados ante la justicia por su potencial
daño ambiental. La Ley Orgánica de Porto Alegre
determina que las áreas próximas a la ribera son de preservación permanente.
La Ponta do Melo, situada entre el centro y
la zona sur de Porto Alegre, fue antiguamente un
área portuaria y de interés para la seguridad
nacional. Entre 1952 y fines de los años 90
funcionó allí la empresa naviera Estaleiro Só
(Astillero Único). En 1976, el municipio la
eximió del pago por la utilización del predio que
ocupaba, de 60.000 metros cuadrados.
Al quebrar Estaleiro Só, la justicia
determinó su ejecución y remate para pagar deudas
laborales. En 2005, los terrenos fueron rematados
por la empresa SVB Participações Empreendimentos,
que los transfirió a BMPar Empreendimentos.
Por entonces, la ley municipal 470/2002 sólo
autorizaba a erigir allí instalaciones
comerciales con varias restricciones urbanísticas.
En 2008, BMPar interesó a un grupo de
concejales con la idea de que un gran proyecto
tendría viabilidad económica, argumentando que
una obra mixta, comercial y residencial,
contribuiría a una mayor seguridad del área.
El concejo municipal redactó una reforma de
la ley 470 para permitir la construcción de
edificios residenciales en el área, que pasó a ser llamada Pontal do Estaleiro.
Entonces empezaron las protestas. "El
proyecto no respetó la participación de la
sociedad", argumentó el concejal Beto Moesch, que
había votado en contra de la ley 470 en 2002 y se
opuso a su reforma el año pasado.
En varias audiencias públicas, representantes
de la empresa se mostraban abrazando a concejales
frente a una platea que les gritaba "vendidos".
La fiscalía abrió proceso para investigar
denuncias de sobornos a legisladores municipales
para que apoyaran la reforma, pero el caso fue archivado.
La reforma de la ley 470 fue aprobada en una
tensa sesión en febrero de este año.
Ante la reacción social, el alcalde José
Fogaça interpuso un veto y sometió otro proyecto
al concejo, con el añadido de que la población
debía ser consultada. Mientras, se aprobó una
enmienda ampliando de 30 a 60 metros la faja de
tierra que debe permanecer libre entre la orilla y las construcciones.
En consecuencia, la empresa BMPar declaró que
desistiría de erigir viviendas en el Pontal. Aun
así, la reforma de la ley 470 fue votada
nuevamente en el Concejo y se fijó un plazo de
120 días para convocar la consulta ciudadana.
Para el Movimiento en Defensa de la Ribera
del Guaíba un "Sí" de las urnas a las
construcciones residenciales instalaría un
peligroso precedente de ocupación de zonas costeras.
Ricardo Gothe, titular de la Secretaría
Extraordinaria de la Copa del Mundo 2014
vinculada a la alcaldía de Porto Alegre, replicó
para este artículo que "esa ya es un área
privada, y tendrá atractivo, calificación y
protección". Lo que no se ocupa se destruye, según Gothe.
Originalmente, recuerdan los ambientalistas,
el Pontal fue cedido por el municipio al
astillero con un fin específico. Agotado éste, debería retornar al uso público.
El arquitecto y urbanista Nestor Ibrahim
Nadruz explicó para este artículo que el proyecto
volverá más caótico el tránsito en la zona y
causará daños a la ribera por la construcción de los edificios.
El resto de los predios perderán los vientos
y la luminosidad natural que aporta el río,
aumentarán las aguas servidas y la basura y la
población se verá privada de la famosa puesta del sol en el Guaíba.
Mientras se define el futuro de Ponta do
Melo, una acción popular intenta evitar supuestos
perjuicios a otras áreas de preservación permanente.
El recurso de amparo, presentado por
ecologistas, pide la urgente suspensión de leyes
de enero de este año que autorizaron a ampliar
los estadios de dos clubes de fútbol, el Sport
Club Internacional y el Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.
Los proyectos, alega el recurso, prevén
construcciones con alturas superiores a las
permitidas en el Plan Director de la ciudad y
mayor concentración de edificios por metro
cuadrado, con impactos negativos en materia
urbanística, ambiental y de seguridad aérea.
El complejo Beira-Rio, del Internacional,
además del techado del estadio, incluye torres de
apartamentos, estacionamientos y calles a través
de un parque, que no son exigencias de la
Federación Internacional de Fútbol Asociado
(FIFA), organizadora del campeonato, reconocieron
los directores del club ante el Concejo Municipal de Medio Ambiente (Comam).
Gothe dijo que todavía no había recibido de
la FIFA la lista de obligaciones de las ciudades
en materia de instalaciones deportivas,
infraestructura y servicios. Pero la Secretaría
Extraordinaria ha divulgado algunas iniciativas
presentadas como esenciales para recibir a los visitantes en 2014.
"Son obras que llevan 30 años en el papel y
que, aprovechando un evento de la magnitud de la
copa del mundo, obtendrán el financiamiento que
necesitan", argumentó Gothe. Se revitalizará la
zona costera, se atraerá turismo y progreso, dijo.
Esa valorización coloca a Porto Alegre en la
mira de grandes firmas inmobiliarias. "Es posible
que vaya a operar Goldsztein Cyrela" a Ponta de
Melo, respondió para este artículo el abogado de
esa empresa constructora que hace parte de la
corporación Cyrela Brazil Realty, la mayor firma
dedicada a inmuebles residenciales.
En el fondo de las discusiones está el
Guaíba, cuyas aguas bañan la ciudad, aunque no
está definido si se trata de un río o de un lago,
un debate que también está en curso.
La ley federal 4771/65 establece que no se
pueden erigir construcciones a menos de 500
metros de las orillas de los ríos, para asegurar
la preservación de esos cursos de agua. Pero si
se declara lago al Guaíba, la franja de
protección obligatoria se reduce a 30 metros.
Según el estatuto de la ciudad, alteraciones
como las previstas para el campeonato de fútbol
sólo pueden decidirse con participación y aprobación de la sociedad.
Los ecologistas están resabiados con
experiencias anteriores. En 2007, en una
audiencia pública para analizar cambios al Plan
Director, el Comam denunció que habitantes de
otros municipios habían sido trasladados en
autobús y recibieron refrigerios gratuitos para
ocupar espacios en el recinto y evitar la llegada
masiva de vecinos y ambientalistas.
De no ser por la presión del Comam y del no
gubernamental Foro de Entidades, afirman, se
hubieran aprobado los cambios atendiendo sólo los
intereses de empresarios de la construcción.
* Este artículo es parte de una serie
producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ
(siglas en inglés de Federación Internacional de
Periodistas Ambientales) para la Alianza de
Comunicadores para el Desarrollo Sostenible
(http://www.complusalliance.org). Publicado
originalmente el 11 de julio por la red
latinoamericana de diarios de Tierramérica.
(FIN/2009) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
|
