BOGOTÁ, 19 jun (IPS) - Para Philip Alston, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, estas prácticas son "sistemáticas" en Colombia. Pero no tiene evidencias para clasificarlas de política de Estado, como argumentan muchas víctimas y defensores de derechos humanos.

"Me haría falta ver evidencias por escrito, o testimonios de personas confiables y que podrían confirmar que estas serían políticas del Estado", dijo Alston respecto del fusilamiento de civiles inocentes.

El profesor Alston, un experto independiente que presenta sus informes al nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), culminó el jueves una visita de 10 días a Colombia.

El relator encontró que "muchos en el gobierno" prefieren asumir que las ejecuciones de la fuerza pública son casos aislados protagonizados por algunas pocas "manzanas podridas" dentro de las filas.

La tesis, empero, es "insostenible", enfatizó.

"Es por la extensión geográfica y la cantidad de casos lo que me permite concluir que es una práctica sistemática", agregó en entrevista con tres medios internacionales, entre ellos IPS.

En octubre visitó Colombia la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.

En esa ocasión, ante una pregunta de IPS, Pillay, ex jueza de la Corte Penal Internacional, expresó que "un delito se convierte en crimen de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población civil".

"Nosotros estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales y parece ser que, efectivamente, esta práctica es sistemática y difundida, en mi visión", añadió.

Durante la estancia de Pillay, el gobierno derechista de Álvaro Uribe actuó por primera vez destituyendo inicialmente a 27 oficiales y suboficiales en unidades militares, e incluso disolvió una Brigada.

Además, ha adoptado 15 medidas recomendadas por la oficina local de la Alta Comisionada para frenar la práctica.

Justo durante la visita de Pillay, la emisora W Radio reveló la Directiva 029, expedida el 17 de noviembre de 2005 por el entonces ministro de Defensa y ex embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Camilo Ospina.

La Directiva, según Ospina, busca reglamentar el pago de recompensas a civiles y propiciar transparencia a los incentivos a militares.

Aunque defensores de derechos humanos anotan que hay subregistro, pues no se denuncian todos los casos, muchos relacionan esa Directiva con el hecho de que se pasó de 73 denuncias por ejecuciones extrajudiciales en 2005 a 122 en 2006 y a 245 en 2007, según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.

Alston dijo que el gobierno le aseguró que la Directiva fue modificada, cambiando el mecanismo del control de recompensas.

"He solicitado por escrito esas directivas (pues se supone son varias, aunque sólo se conoce una), pero todavía no las he recibido", señaló.

En su informe final incluirá entre sus recomendaciones "la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones".

Para la politóloga uruguaya Laura Gil, columnista del diario bogotano El Tiempo, el relator de la ONU "está diciendo que no hay una política de las autoridades, políticas del país, pero la responsabilidad de las Fuerzas Armadas está clara".

"Hay una práctica sistemática de los militares de producir ‘falsos positivos’ (como se les llama en Colombia), entonces la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas está clara. Y eso lleva a que hay una responsabilidad del Estado", dijo a IPS.

"Sin embargo, él (Alston) fue muy cuidadoso en no decir que éstos eran crímenes masivos", agregó.

Alston describió con un ejemplo en qué consisten los "falsos positivos", que prefirió caracterizar "como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio".

"Un ‘reclutador’ engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate", refirió.

"A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla", dijo Alston.

Añadió que "entre los ‘peligrosos guerrilleros’ que fueron dados de baja hay adolescentes de 16 y 17 años, un hombre joven con una edad mental de nueve años, un padre de familia abnegado cuyos dos cuñados están en servicio militar activo, y un joven soldado de licencia por vacaciones que visitaba a su familia".

"He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares" y "una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello", advirtió.

En Bogotá y en tres capitales departamentales, Alston recolectó más de 100 testimonios sobre hechos ocurrido en 13 de los 32 departamentos de Colombia.

Para Noche y Niebla, revista del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del jesuita Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), los "reclutadores", descritos como civiles por las autoridades, serían paramilitares de ultraderecha, que además proveen a los militares de armas para escenificar combates.

Alston encontró otro "patrón común": "el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes".

En Soacha, ciudad pegada a Bogotá por el sur, conoció a una mujer cuyo hijo desapareció en 2008 y dos días después resultó muerto en combate por guerrillero, en una apartada región. Este año fue asesinado de un disparo otro hijo suyo que había asumido la denuncia del caso y por ello recibía amenazas.

"Desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte, igualmente", señaló el Relator.

Otras familias han sido amenazadas para que no acudan a reuniones con organizaciones defensoras de derechos humanos a tratar el tema de sus parientes ejecutados, y para que se abstengan de demandar al Estado.

La semana anterior al arribo de Alston a Colombia, en la occidental ciudad de Cali hubo un intento de asesinar al testigo clave de una ejecución.

Además, Christian Salazar, director de la oficina local de la Alta Comisionada, dio a conocer que aumentan las amenazas contra fiscales que están sobre esos casos.

Al cuadro se suma la impunidad que encontró el relator de la ONU, cuyo mandato incluye determinar su magnitud y sus causas.

"La cantidad de enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja, aunque se espera que haya mejores resultados el próximo año", matizó.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación "no tiene suficiente personal, recursos o formación", dijo Alston, y urgió a incrementar "sustancialmente" los recursos a esa dependencia que está investigando más de 1.000 casos con 1.700 víctimas.

A su vez, la Procuraduría General de la Nación (ministerio público) ha abierto 683 expedientes disciplinarios por estos fusilamientos, en los que tiene vinculados a 1.602 miembros de la fuerza pública.

Alston expuso que "en algunas zonas" los jueces militares se dedican a impedir que los casos de violaciones de derechos humanos pasen a la justicia ordinaria, como lo ha ordenado la Corte Constitucional, y dilatan los juicios incluso durante años.

Destacó que las ejecuciones "repercuten de manera desproporcionada en las poblaciones rurales y pobres, pueblos indígenas, afrocolombianos, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y líderes comunitarios".

Pero Alston no sólo se ocupó de las ejecuciones cometidas por agentes estatales, y completó el mapa con grupos paramilitares de ultraderecha y guerrillas izquierdistas.

Las guerrillas llevan a cabo "cantidades significativas de homicidios ilegales" para controlar poblaciones rurales, intimidar a funcionarios elegidos, castigar a supuestos colaboradores del gobierno "o para promover objetivos criminales", señaló el profesor, además de usar indiscriminadamente minas antipersonal.

El Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) contabiliza 1.492 muertos fuera de combate entre julio de 2007 y junio de 2008.

En la mayoría de casos se responsabiliza al Estado por acción directa o tolerancia, según CCEEU, plataforma de cerca de 200 organizaciones humanitarias.

A partir del gobierno de Uribe (agosto 2002) las ejecuciones extrajudiciales se dispararon al 67 por ciento, según la misma fuente, y se reportaron en 27 de los 32 departamentos en los que se divide el país.

El CCEEU indica que 638 ejecuciones entre enero de 2007 y noviembre de 2008 son atribuidas al ejército.

Con todo, y a partir de una fuerte presión internacional, la tendencia es a la disminución.

Pero la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (APSCP), un movimiento que actúa en 23 departamentos, advirtió que "la reducción de la autoría de la fuerza pública en el último año, de 298 a 165, contrasta con el aumento de ejecuciones perpetradas por los grupos paramilitares, que subió de 267 a 372" en el mismo lapso.

Además, "la disminución estadística de las ejecuciones durante el último año encuentra su contrapeso en el aumento de los casos de desaparición forzada". (FIN/2009)

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