BOGOTÁ, 3 feb (IPS) - El incumplimiento de las garantías pactadas entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las fuerzas militares colombianas para la operación de entrega el domingo de cuatro uniformados en poder de la guerrilla, alargó por un día el cautiverio de dos rehenes civiles.

Para este martes y el jueves quedó pospuesta la liberación del ex gobernador del central departamento del Meta, Alan Jara, y del ex diputado (legislador regional) del occidental departamento del Valle del Cauca, Sigifredo López, previstas inicialmente para este lunes y para el miércoles.

En su habitual lenguaje diplomático, el CICR confirmó el lunes que el gobierno violó las garantías dadas a la misión que recibió de manos de las de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)a tres policías y un soldado que permanecían cautivos de esa guerrilla.

La declaración del CICR aparentemente hizo que el presidente Álvaro Uribe emitiera minutos después la orden de cesar todos los vuelos de la fuerza aérea, de cualquier altura, durante la segunda y tercera fase de la operación.

Ambas fases están previstas respectivamente en el área del departamento del Guaviare (sur), donde estaría Jara, y en el sudoccidente de este país andino, donde sería entregado López.

La gestión del CICR ya había logrado revertir una orden presidencial, a la medianoche del domingo, de excluir del proceso a Colombianos por la Paz, grupo ciudadano liderado por la senadora del opositor Partido Liberal, Piedad Córdoba, y que desde septiembre sostiene un Diálogo Público Epistolar con esa guerrilla.

Uribe dispuso que sólo el CICR y los miembros de la fuerza aérea de Brasil, que aporta helicópteros y tripulantes, podían continuar con la operación.

La exclusión de Colombianos por la Paz, integrado por 150 intelectuales, artistas y periodistas hoy en día respaldados por 130.000 firmantes, probablemente fuera sinónimo del fin del proceso actual de liberaciones, pues se trata de un gesto de las FARC hacia las gestiones de ese grupo.

La crisis surgió debido a que el periodista Jorge Enrique Botero, integrante de la comisión de Colombianos por la Paz que acudió el domingo al río Caguán a recibir a los cuatro uniformados, denunció desde ese lugar y por teléfono satelital, que se registraban seguimientos y acoso militar a la misión humanitaria.

La intromisión de las fuerzas militares estuvo a punto de dar al traste con la entrega de los uniformados.

El hecho es que la comisión de Colombianos por la Paz, conformada también por Córdoba, la líder feminista Olga Amparo Sánchez y el periodista Daniel Samper Pizano, regresó con grabaciones de audio y vídeo, captadas por Botero, sobre la actuación militar.

Botero advirtió que sólo "el esfuerzo y persistencia de la Cruz Roja y de la senadora Piedad Córdoba, así como la decisión de las FARC de continuar con la operación, permitieron que finalmente se culminara con el proceso de liberación de los tres policías y un soldado".

El contenido y circunstancias de las grabaciones fueron discutidos por los tres primeros en una extensa reunión en la noche del domingo con el alto comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, Luis Carlos Restrepo, según supo IPS.

El jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christophe Beney, llamó urgentemente esa noche a mantener "calma, prudencia", y exhortó a que "nada justifica poner en peligro el retorno de las personas privadas de libertad a sus hogares".

Tras las gestiones del CICR con el gobierno, Córdoba anunció al mediodía del lunes que Colombianos por la Paz no haría ningún pronunciamiento sobre la crisis y seguiría adelante en busca del fin de la guerra de 45 años que vive este país, y que hunde sus raíces en conflictos de los años 40.

La senadora también rechazó el ataque terrorista con un coche bomba, perpetrado minutos antes de la medianoche del domingo en Cali, capital del Valle del Cauca, que dejó dos muertos y afectó la sede de un archivo policial y la sede regional del Partido Comunista.

Uribe le achacó casi de inmediato el atentado a las FARC y pareció utilizar el atentado para justificar la exclusión de Colombianos por la Paz.

Jara es rehén desde julio de 2001, y López desde abril de 2002. Su libertad estaba condicionada a un acuerdo humanitario de excarcelación de guerrilleros presos. Las FARC mantienen sometidos a canje a 22 oficiales y suboficiales de ejército y policía, incluido un general.

Uribe repudia el acuerdo humanitario, optó por ofrecer gruesas sumas de dinero y residencia en el extranjero a los miembros de las FARC que vigilan a los sometidos a canje, así como a los vigilantes de víctimas de secuestro extorsivo.

Mientras el periodista Samper "se quitó la camiseta" de su oficio y mantiene silencio sobre lo ocurrido en el Caguán, Botero recibió una lluvia de críticas por haber revelado los riesgos por los que pasó la operación.

IPS inquirió al historiador Jaime Zuluaga, profesor emérito de la estatal Universidad Nacional de Colombia y director académico del Instituto para el Desarrollo y la Paz, por qué razón se considera que la información es dañina en estos casos.

"Depende de la prioridad del momento", dijo a IPS.

"Si ésta es conseguir que se desarrolle exitosamente la operación y queden en libertad unas personas, hay que sacrificar temporalmente la transparencia. Armar el debate en ese momento es poner la operación en riesgo", consideró.

Para Zuluaga, no se trata de "ocultar los hechos y agachar la cabeza, sino de fijar las prioridades. Una vez los secuestrados estén en libertad, se puede sacar un comunicado bien documentado y serio, y explicar que la operación salió adelante a pesar de los obstáculos".

"Políticamente es más efectivo un manejo de esa naturaleza. Lo otro da la impresión de que cada cual trata de sacar ventaja política y la libertad de las personas pasa a ser secundario", agregó, aunque "no me queda la menor duda de que tanto las FARC como las fuerzas militares están tratando de sacar ventajas políticas de todo este proceso".

Por su parte, "si para el presidente Uribe la prioridad fuera la libertad de esas personas", hubiera guardado silencio ante las denuncias, señaló Zuluaga, "y hubiera dicho: que los liberen y después discutimos".

"En un conflicto armado, uno no puede pretender que las partes no traten de sacar ventaja política. Pero si el objetivo y el interés es la misión humanitaria y conseguir la libertad de las personas, hay que evitar caer en ese juego", expresó.

*Constanza Vieira es firmante del Diálogo Público Epistolar (FIN/2009)

Envíe sus comentarios al editor