INDÍGENAS: Elusivo derecho a la tierra inflama protesta
Por
Milagros Salazar LIMA, nov (Tierramérica
) - En las últimas dos
décadas, América Latina avanzó en la firma de
instrumentos internacionales y nacionales para
reconocer y proteger derechos de los indígenas.
El problema es que no los cumple, reavivando la llama de la protesta.
Para los indígenas, el territorio está
asociado al alimento vital, pero también a la
forma en que ven el mundo, a la cultura y a la
herencia de los antepasados y a la que dejarán a sus descendientes.
Con importante población aborigen, México,
Colombia, Ecuador y Perú ratificaron el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), adoptado en 1989 para garantizar los
derechos territoriales, sociales, culturales y
económicos de los pueblos indígenas y tribales.
Todos, menos Colombia, votaron en 2007 la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"En teoría hay un reconocimiento importante,
pero en la práctica no existe", señaló a
Tierramérica el senador colombiano Jesús Enrique
Piñacué, de la Alianza Social Indígena.
El mayor "vacío" en Colombia es que el Estado
no somete a consulta de los indígenas sus normas
y medidas que podrían afectar a las comunidades,
como aprobar inversión privada en sus
territorios, pese a que lo exige el artículo
sexto del Convenio 169, afirma Piñacué.
Desde el 12 de octubre, organizaciones
indígenas colombianas protagonizan una inusitada
movilización en abierto desafío a las políticas
del presidente Álvaro Uribe y en reclamo de sus derechos colectivos.
En ese país de 44,6 millones de habitantes,
de los cuales 1,6 millones son aborígenes, la
guerra interna mata a un indígena cada 53 horas,
y desde 2002 por lo menos 54.000 han sido
expulsados de sus tierras ancestrales, según la
Organización Nacional Indígena de Colombia.
La Constitución colombiana de 1991 reconoció
a las poblaciones nativas como autónomas con
derecho a la propiedad colectiva de sus
territorios, y a mantener su lengua, creencias y formas de justicia.
Colombia no votó a favor de la Declaración de
la ONU, aduciendo problemas de seguridad
nacional, pues el documento recomienda que no se
desarrollen actividades militares en territorios
indígenas. Si la hay, las etnias deben ser consultadas.
En la Amazonia peruana, los aborígenes
también protagonizaron masivas protestas en
agosto, para exigir la derogación de varios
decretos que promueven la inversión privada en sus tierras.
El Congreso accedió a derogar dos de los
decretos más polémicos aprobados en el marco del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Pero el gobierno insiste en que el Convenio
169 de la OIT, ratificado en 1994, no da a las
comunidades derecho a vetar actividades que se
realicen en sus tierras y por lo tanto sólo ha
establecido como consulta talleres informativos a
los pueblos sobre concesiones mineras y petroleras ya consumadas.
"Muchos funcionarios ni siquiera conocen el
contenido de los convenios y otros los
interpretan erróneamente", señaló a Tierramérica
Graham Gordon, de la no gubernamental Asociación
Paz y Esperanza, que participó en la elaboración
del informe alternativo de la sociedad civil
sobre el cumplimiento del Convenio.
Perú fue uno de los principales impulsores de
la Declaración de la ONU, pero ahora pone énfasis
en su carácter no vinculante.
El artículo 42 de ese documento sostiene que
las Naciones Unidas y los Estados "promoverán el
respeto y la plena aplicación de las
disposiciones", lo que dista de ser una
disposición jurídica de carácter obligatorio.
La Constitución peruana de 1993 reconoce la
diversidad cultural y la participación política
de los aborígenes en cuotas, pero se refiere a
comunidades nativas y campesinas, que ocupan 55
por ciento de las tierras agrícolas, y no a
pueblos indígenas, lo que implicaría reconocerlos
más allá de una delimitación territorial.
Ecuador consiguió a pulso importantes
avances. Después del levantamiento del Inti
Raymi, en junio de 1990, dirigido por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (Conaie), el movimiento indígena se convirtió en un actor clave.
Así, los diputados que llegaron al Congreso
legislativo por el Movimiento Unidad
Plurinacional Pachakutik - Nuevo País,
gestionaron la ratificación del Convenio 169 en
1997 y, al año siguiente, el reconocimiento
constitucional de la consulta previa a las
comunidades antes de iniciar la explotación de
recursos naturales en sus territorios.
Este año, con la nueva Constitución aprobada
el 28 de septiembre, Ecuador se declaró como
Estado plurinacional e intercultural y ya no sólo
multiétnico. Treinta y cinco por ciento de la
población es aborigen, según las organizaciones nativas.
Sin embargo, el líder indígena Luis Macas, ex
presidente de la Conaie, explicó a Tierramérica
que en la nueva Constitución debería haberse
establecido no la consulta previa a las etnias,
sino el consentimiento previo, porque sólo así el
gobierno se vería obligado a cumplir.
Las comunidades anuncian un levantamiento si
se inicia una explotación minera a gran escala en
sus territorios, pero el presidente Rafael Correa
insiste en que los planes permitirán obtener
recursos para el desarrollo social de los nativos.
En 1990, México fue uno de los primeros
países en ratificar el Convenio 169, pero sus
medidas "no han aterrizado en la realidad frente
a los problemas gigantes y ancestrales"
pendientes, dijo a Tierramérica el indígena nahua
Matías Trejo, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Por la presión de la guerrilla zapatista en
el sur del país, en la Constitución de 2001 se
reconoció "la composición pluricultural del
país", sustentada en pueblos indígenas "que
conservan sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas o parte de ellas".
Pero el Estado sigue siendo el que determina
qué hacer con los territorios de las 62 etnias de
México, donde son indígenas 11 millones de los 104 millones de habitantes.
A diferencia de otros países, en México no
hay señales de movilizaciones masivas.
Cuarenta por ciento de los indígenas
mexicanos de 15 años y más no concluyeron la
educación primaria y, de ellos, 18 por ciento no
tiene ningún grado de instrucción.
Más de 40 por ciento de sus viviendas tienen
piso de tierra y no ofrecen resistencia ante
fenómenos naturales como sismos e inundaciones.
En Perú, el distrito más pobre es el
amazónico Balsapuerto. Más de 90 por ciento de
las comunidades nativas que viven allí no tienen servicios básicos.
* Con aportes de Helda Martínez (Bogotá),
Kintto Lucas (Quito) y Diego Cevallos (México).
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