Fútbol en un alto de la marcha Crédito: Judith Henríquez Acuña/IPS

BOGOTÁ, 23 oct (IPS) - "La policía sí disparó" contra indígenas que protestan, rectificó el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, tras lo cual cedió a una fuerte presión al citar a los líderes del levantamiento aborigen a una reunión el próximo domingo.

Pero el mandatario derechista sólo reconoció en la noche del miércoles un episodio grabado por indígenas en el resguardo La María, en el sudoccidental departamento de Cauca, y retransmitido ese día por el canal internacional estadounidense CNN. En el video se ve a un francotirador que dispara su arma de fuego en dirección de los manifestantes.

Sobre los tres muertos registrados desde que comenzó el alzamiento el 12 de este mes, uno de ellos dos días después y otros dos el martes pasado, Uribe reiteró que "los indígenas no han muerto por disparo de la fuerza pública sino por explosivos de los terroristas", como denomina a las guerrillas izquierdistas.

A su vez, el director de la policía nacional, general Óscar Naranjo, afirmó que se han empleado "hasta 700 efectivos policiales" contra "la llamada minga de resistencia indígena", aunque la semana pasada habló de "mil".

Naranjo identificó al francotirador por su nombre, y justificó su actuación porque, según él, "250 indígenas" lanzaban explosivos desde un barranco cercano.

Y aunque la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular (minga significa trabajo colectivo para el bien común) ya ha recorrido de sur a norte la mitad de los 98 kilómetros entre La María y su meta Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, el presidente Uribe fijó la cita a las 9 de la mañana en Popayán, capital del vecino departamento de Cauca, 130 kilómetros al sur de Cali.

Las autoridades indígenas no reaccionaron de inmediato a la propuesta de diálogo del presidente. Este jueves al mediodía, la coordinación de la Minga aún no había sido contactada por el mandatario.

EN EL CAMINO

El miércoles en Santander de Quilichao, en Cauca y a unos 60 kilómetros de Cali, sesionó en la mañana la asamblea, presidida por la consejera guambiana Ayda Quilcué y 115 gobernadores de cabildos, para organizar la alimentación y el agua de los cerca de 20.000 hombres y mujeres de la Minga.

En el calor del mediodía, entre improvisadas tiendas de campaña, humo de fogones, olor a comida y pasos inquietos de los indígenas que subían y bajaban por la vía principal de la hacienda Nuevo México, en las afueras de Santander, se extendió la recomendación de los cabildos: descansar, tomar nuevas fuerzas.

Así daban tiempo para el arribo de otros entre 6.000 y 7.000 aborígenes de los pueblos awá y pasto, pijao, embera-katío, embera-dovida y embera-chamí, zenú, kankuamo, wayúu, u’wa, barí, mokaza, quillacinga, kamentzá, tule, muisca, sikuani, coreguaje, sáliba e inga, entre otros que anunciaron movilizarse en Minga desde 20 de los 32 departamentos colombianos.

Aunque sorprende encontrar a grupos familiares completos (abuelos, padres, hermanos, tíos, primos), faltan los niños y niñas, que sí estuvieron hace cuatro años en una minga similar hasta Cali.

"Los fuertes y recios enfrentamientos con la fuerza pública sucedidos en La María en días pasados nos llevó a determinar que no participaran, y por esta ocasión han regresado a casa", dijo a IPS un padre de familia.

En medio de aplausos de los habitantes, al mediodía de este jueves la Minga entró al municipio de Villa Rica, donde ocurrieron dos de las muertes. En la tarde la asamblea acoge a los cortadores de caña, en huelga desde el 15 de septiembre por un contrato laboral.

Cuatro líderes de la huelga han sido detenidos, así como dos conocidos asesores del senador de izquierda Alexander López, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

López convocó en junio una Audiencia Pública senatorial sobre las duras condiciones de trabajo en los cañaverales y, un mes antes, por "promover la lucha de clases", Uribe sugirió su detención a un general que en septiembre resultó supuestamente implicado con un narcotraficante.

En la Minga va una columna de mujeres indígenas, a las que se unieron antes de llegar a Villa Rica los grupos Ruta Pacífica de las Mujeres y Organización Femenina Popular.

Si el camino a Cali se mantiene, está previsto que en cada estación de la Minga los indígenas escuchen a los lugareños y, a su vez, les expliquen sus exigencias a Uribe, a las que se agrega ahora, en primer lugar, el resarcimiento del buen nombre, debido a que éste los ha llamado "terroristas" y ha incitado a enjuiciar a sus líderes.

La propia Consejera Quilcué es señalada por la policía de tener nexos con la guerrilla, y Uribe ordenó enjuiciar al nasa Daniel Piñacué, gobernador indígena del resguardo Calderas y director de la Emisora Radio Nasa de Belalcázar, en Cauca.

"Es obvio que el presidente Uribe se ha ensañado con nuestros pueblos y vocifera por todos los medios contra nuestra gente, ofreciendo recompensas, militarizando nuestros territorios y sindicando a líderes", advirtió el poderoso Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

BAJO PRESIÓN

La rectificación de Uribe se debió a un vídeo, pero ¿por qué accedió a negociar?

Este jueves se desarrolla una huelga de trabajadores estatales de 24 horas convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la que se han unido otros sectores. Los camioneros, cuya paralización de actividades en agosto resultó traumática, acudieron el miércoles a reunirse con la Minga y anunciaron que acompañan este paro laboral.

Al correo de Uribe le están llegando desde el lunes en la noche miles de cartas exigiéndole: "Negociación, no violencia", una campaña por Internet promovida por la organización activista internacional Avaaz.org.

Y para rematar, el miércoles también le escribieron cartas de fuerte contenido a Uribe el activista humanitario argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganador del premio Nobel de la Paz en 1980, y 32 legisladores del Parlamento Europeo, justo en momentos en que el gobierno colombiano aspira a concretar un tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Entre los firmantes de las misivas está la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la italiana Luisa Morgantini, y miembros de la Delegación DAND, competente para las relaciones con la Comunidad Andina de Naciones, conformada Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, así como con Venezuela, que integró ese bloque.

Los diputados europeos expresan su "más profunda indignación" por las "graves violaciones a los derechos indígenas y sindicales que no pueden quedar en la impunidad".

"Consideramos legítimas las reivindicaciones de los indígenas porque sean respetados sus territorios y su autonomía, por la supervivencia de sus 102 etnias, de las cuales 18 están en peligro inminente de desaparición y por la explotación indiscriminada de los recursos naturales", señalan los legisladores de 13 países.

"Así mismo reconocemos la legitimidad de las reivindicaciones de los corteros (cortadores) de caña por un trabajo digno", agregan, e instan el gobierno a "ordenar a las Fuerzas Armadas que cesen inmediatamente la represión ejercida contra el movimiento indígena y contra el movimiento sindical".

Los parlamentarios condenan "la permanente utilización del pretexto de la lucha contra el terrorismo para reprimir el movimiento social en Colombia".

Rechazan además "la expulsión sin fundamento de tres ciudadanos europeos que se encontraban observando las movilizaciones en curso". Se trata de una alemana y dos franceses a los que Uribe calificó de "instigadores del delito", "criminales y falsos", "distorsionantes de la verdad", y que ordenó detener y expulsar del país este mes.

Por su parte, Pérez Esquivel consideró "brutal e inconcebible" la represión policial contra la minga, y destacó el "espíritu belicista y poco propenso al diálogo" de Uribe.

"Decir que existen infiltrados en las manifestaciones y que éstos atentan contra la policía, resulta de una ingenuidad difícil de creer", según Pérez Esquivel.

"En estas manifestaciones, los pueblos indígenas sólo están reclamando el derecho a sus tierras, el respeto a la autonomía de sus comunidades y el cumplimiento de acuerdos suscritos con el gobierno", agregó.

* Aportes de Judith Henríquez Acuña, enviada especial(FIN/2008)

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