LA PAZ, 14 sep (IPS) - El gobierno boliviano de Evo Morales responsabilizó al prefecto del norteño departamento de Pando, el derechista Leopoldo Fernández, del asesinato de unas 30 personas y ordenó su detención tras imponer el estado de sitio en ese distrito. Otros relatos indican que serían más de 60 los muertos.

En tanto, los presidentes de América del Sur mantienen contactos permanentes con Morales y preparan la reunión extraordinaria de este lunes en Santiago para respaldar la democracia boliviana y a sus autoridades legítimas, además de buscar caminos de solución, según han expresados varios de los gobernantes autoconvocados.

En la madrugada de este domingo, el ministro de Gobierno (interior), Alfredo Rada, señaló a Fernández como el organizador de los grupos violentos, entre cuyos integrantes se menciona a sicarios brasileños y peruanos, que emboscaron y dispararon contra campesinos e indígenas el jueves en la población de Porvenir, cercana Cobija, capital de Pando.

Rada aseguró que los campesinos fueron emboscados por personal de la prefectura (gobernación), y la cantidad de muerto está a punto de superar la masacre de octubre de 2003, cuando fue derrocado el gobierno derechista de Gonzalo Sánchez de Lozada, poco después de ordenar reprimir a sangre y fuego un levantamiento social en su contra.

"Estamos frente a la masacre más cruenta en tiempos de democracia y solicitamos que se sancione", dijo Rada, quien anunció que se elevará una denuncia ante organizaciones internacionales.

En 2003, el ejército reprimió la rebeldía civil de habitantes pobres de la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, durante la denominada Guerra del Gas desatada contra la intención del gobierno de entonces de exportar ese recurso natural a Estados Unidos y México en el marco de un acuerdo considerado lesivo para Bolivia.

Tras esos hecho de violencia, que le costaron la vida a 60 personas según organizaciones humanitarias, Sánchez de Lozada, quien ya había gobernado el país de 1993 a 1997, renunció cuando sólo había cumplido un año de mandato y el Congreso legislativo impuso en el cargo al hasta entonces vicepresidente Carlos Mesa.

El ministro Rada salió así al paso de un pronunciamiento del Consejo Nacional Democrático (Conalde), integrado por los prefectos de oposición de los cuatro departamentos que conforman la llamada media luna oriental, que cuestionó el estado de sitio en Pando, dictado por el gobierno el viernes por la noche, y se solidarizó con Fernández.

El Conalde se reunió de emergencia en la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y en la noche del sábado, el prefecto cruceño, Rubén Costas, acusó al gobierno nacional de intentar aplicar un modelo totalitario y agravar la crisis política con una ocupación militar de Cobija, dirigida por el ministro de la Presidencia y el mayor de ejército retirado Juan Ramón Quintana.

Mientras dictaba el estado de sitio en Pando, el gobierno izquierdista de Morales comenzaba un desesperado intento de establecer diálogo con los prefectos opositores a través del jefe de la gobernación de Tarija, Mario Cossío, quien llegó hasta Palacio de Gobierno en La Paz para trazar el marco general de negociación.

Los miembros del Conalde, los gobiernos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, amenazaron con una ruptura de todo diálogo en caso de registrarse heridos en Cobija, pidieron investigar los hechos registrados desde el jueves y anunciaron para este domingo una reunión de los cuatro prefectos en la capital pandina, en un gesto de apoyo a Fernández.

"Allá ellos si quieren solidarizarse con el prefecto genocida", dijo Rada, quien sospecha que el bloqueo al ejército que intenta ingresar en Cobija sirve para esconder las pruebas de la masacre, sólo conocida por los testimonios de testigos presenciales.

Inicialmente, estaba prevista una segunda reunión en La Paz, este domingo en horas de la tarde, con la asistencia del presidente Morales y de los prefectos de oposición, pero la presencia militar en Cobija y el anuncio gubernamental del pedido de detención de Fernández amenaza con derrumbar la última esperanza de conciliación.

El ministro Quintana, que manda las fuerzas del ejército que retomaron, tras días de haber sido tomado por civiles, el control del aeropuerto de Cobija, acompañado de algunos periodistas, anunció la decisión de detener al prefecto Fernández por su desacato al estado de sitio dictado para "preservar la vida, el rescate de heridos y muertos, y preservar la propiedad de la ciudadanía".

El viernes por la tarde, tropas del ejército consiguieron despejar la pista de aterrizaje del aeropuerto, que había permanecido por varios días obstaculizada con promontorios de tierra, y la acción comando de uniformados con el apoyo de naves Hércules C130 fue repelida por civiles armados.

Durante las escaramuzas murió un soldado de la Fuerza Naval por el impacto de una bala, mientras otro soldado y algunos civiles, entre ellos una periodista, fueron heridos por los proyectiles de los grupos irregulares que tienen bajo control el área urbana de Cobija.

Hasta anoche, el ejército sólo tenía control del aeropuerto donde permanecían el ministro Quintana y un fuerte resguardo militar, mientras en los alrededores se escuchaban ráfagas de ametralladora y esporádicos disparos de los grupos leales al prefecto Fernández, según el relato de periodistas en medios radiales.

La misión militar tiene fines humanitarios para el rescate de los heridos abandonados en medio de la selva, la recuperación de los cadáveres de los campesinos muertos, y la devolución de la tranquilidad a Cobija, gobernada por grupos radicales, insistió Quintana.

Desde el jueves, día en que se registraron los hechos de violencia, civiles armados con ametralladoras y armas de fuego de corto alcance, asaltaron unas 10 tiendas de electrodomésticos y quemaron otras dos, además de desatar una persecución contra líderes sociales y de ciudadanos inmigrantes de regiones andinas, según coinciden diferentes testimonios.

Beimar Becerra, miembro de la Asamblea Constituyente, teme que los campesinos muertos pueden superar los 60, según declaró a la cadena católica de radios Erbol.

Me animo a decir que son más de 60 muertos porque muchos se hallan en el río (Tahuamanu, cerca de Porvenir), mientras otros han sido recogidos en silencio por los comunarios (indígenas) para darles sepultura, y de ellos nunca se sabrá el número de caídos y sus identidades, lamentó Becerra.

Haciendo un recuento de testimonios de testigos del violento ataque, Becerra explicó que muchos heridos llegaron hasta la playa del río y allí perecieron por la falta de asistencia médica. Otros se hundieron en las aguas, fueron arrastrados por la corriente y hasta, probablemente, devorados por lagartos abundantes en la zona, expresó.

El asambleísta añadió que sospecha de la existencia de un "plan de exterminio masivo" de campesinos en las poblaciones rurales de Filadelfia, Bella Flor y Puerto Rico, para arrebatarles sus predios y beneficiar a los terratenientes cercanos al prefecto Fernández.

Los testimonios recogidos por la cadena Erbol hablan de una cacería de los indígenas de la región norte tropical de Bolivia, en acciones que provocaron la muerte de mujeres embarazadas y niños que acompañaban a sus padres a una asamblea organizada para la defensa de las instituciones públicas.

Una mujer relató que las balas hirieron de muerte a un niño que estaba en brazos de su madre, quien para huir arrojó al menor al río y siguió su carrera hacia el monte, donde probablemente continúa a la espera de ser rescatada por alguna organización humanitaria, como muchos otros desaparecidos.

El cuestionado prefecto Fernández, un ex jugador de fútbol y legislador por 27 años en alianza con la extinguida Acción Democrática Nacionalista del ya fallecido dictador Hugo Banzer, ha sido acusado reiteradamente de ser el autor intelectual de la persecución violenta de sus opositores y del incendio de viviendas y de la emisora radial Frontera, en represalia por las críticas a su gestión.

Apodado "el cacique", el polémico político ha sido cuestionado por su rival de los comicios locales de julio de 2006, Miguel Becerra, de haber organizado un fraude y registrado a ciudadanos brasileños como votantes para apoyar su elección. Pero el caso no mereció mayores consideraciones tanto en la Corte Nacional Electoral como en la justicia. (FIN/2008)

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