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BANGKOK, 24 oct (IPS) - Exiliados políticos birmanos aplauden el regreso de un relator de derechos humanos de la ONU a su país, pero se preguntan quién se beneficia realmente con esa visita.

La preocupación de organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Asistencia a Presos Políticos, una red que reúne a ex detenidos exiliados, tiene sus motivos.

Después de todo, Birmania sigue inmersa en el miedo casi un mes después de la brutal represión a manifestantes monjes budistas y civiles desarmados en varias ciudades, incluida la meridional de Rangún, a manos de la dictadura militar.

"¿A quién le sirve esta visita? ¿Es para ayudar a la población de Birmania, víctima de la represión del ejército, o para restaurar la imagen del régimen?", preguntó Bo Kyi, ex preso político y miembro veterano de la Asociación, con sede en Mae Sot, un pueblo tailandés de la frontera con Birmania.

"Me preocupa que esta visita ayude a aflojar la presión internacional sobre el régimen y nada más que eso", añadió.

Por su parte, la Coalición Nacional de Gobierno de la Unión de Birmania, autoridad elegida democráticamente y obligada a exiliarse en 1990, también tiene sus razones para ser escéptica.

"No quiero que la visita dé más tiempo a la junta para seguir con su agenda política. El régimen militar siempre tiene ese gesto cuando está bajo un gran presión internacional", indicó Zin Linn, director de información de la Coalición.

Las Fuerzas Armadas de Birmania, que ostentan el poder desde el golpe de Estado de 1962, rara vez cedieron a la presión internacional.

La junta gobernante decidió el lunes levantar una prohibición de cuatro años que permite al relator de derechos humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Paolo Sergio Pinheiro, diplomático brasileño, regresar a Birmania en las próximas semanas.

Pinheiro estuvo por última vez en ese país de Asia sudoriental en noviembre de 2003, en una visita que tuvo gran repercusión porque descubrió que la habitación en la que se reunió con presos políticos tenía micrófonos ocultos.

El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (CEPD), como se hace llamar la junta, fue esta vez muy criticada por la comunidad internacional por la dura represión contra las manifestaciones en protesta del repentino aumento de 500 por ciento en el precio de los combustibles a mediados de agosto, que luego se tornaron en protestas contra el gobierno.

A fines de septiembre, los generales cedieron un poco al permitir el ingreso del enviado especial de la ONU a Birmania, Ibrahim Gambari, en misión política.

Pero esa concesión no impidió a la junta seguir persiguiendo disidentes, monjes budistas y toda persona simpatizantes con la oposición.

Fuentes en Rangún informaron que el fin del último toque de queda nocturno no llevó tranquilidad a los ciudadanos, que temen que al caer la tarde alguien llame a la puerta para detener a algún miembro de la familia.

Incluso el anuncio del CEPD de principios de este mes acerca de que un subsecretario sería designado como intermediario entre el líder de la junta, Than Shwe, y la líder opositora Aung Sang Suu Kyi no se hizo realidad.

Aung Sang, quien pasó 12 de los últimos 18 años en detención domiciliaria, sigue aislada y sin vislumbrar atisbos de reconciliación, al igual que otros miembros de su partido, la Liga Nacional por la Democracia.

La junta admitió el fin de semana pasado que había detenido a unas 3.000 personas desde que comenzó la dura represión a fines de septiembre y advirtió que seguiría buscando a más sospechosos de haber participado en las protestas contra el gobierno.

Las manifestaciones que comenzaron a mediados de agosto fueron una rara demostración de indignación popular como no se habían visto desde hace dos décadas.

La visita de Pinheiro es considerada una prueba de fuego acerca de cuánto está dispuesta la junta a comprometerse con la comunidad internacional.

"Su visita no debe limitarse a un ejercicio diplomático de reunirse con funcionarios del régimen, debe poder iniciar una investigación acerca de las violaciones a los derechos humanos que acaban de ocurrir", sostuvo Debbie Stothard de la no gubernamental Red Alternativa de la Asean (Altsean).

"Nos gustaría que el señor Pinheiro se reúna con monjes y otras víctimas detenidas para saber qué les ocurrió", apuntó.

Es importante para la ONU que obtenga garantías acerca de que el CEPD no detendrá a testigos y víctimas que se reúnan con Pinheiro una vez que abandone el país, indicó Bo Kyi, ex preso político de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos. ' De hecho, la Asociación tiene casos documentados de represalias contra presos políticos y activistas que se habían entrevistado con el enviado especial en 2003.

"El CEPD había mandado seguir a Pinheiro a todos lados durante su estadía y amenazó a varias personas de tomar represalias si hablaban demasiado", apuntó.

"La gente sabe eso y ahora tiene miedo de reunirse con él", añadió.

Sin embargo, eso no impidió que Pinheiro pintara un panorama lúgubre de la situación de los derechos humanos en Birmania en sus informes regulares a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Pinheiro ya había revelado la difícil situación de unos 1.100 presos políticos, el uso de trabajo forzado, las duras restricciones a las libertades civiles y políticas y los abusos a gran escala contra las minorías étnicas del país.

Que la inminente visita de Pinheiro supere las expectativas de las anteriores en cuanto a presión política se deriva de otro hecho: no existen datos claros acerca de la cantidad de muertos tras la brutal represión de septiembre.

La junta sostiene que murieron 10 personas, en tanto organizaciones opositoras elevan la cifra a unas 200.

"Investigaremos mucho más antes de decir que hubo progresos y la visita del enviado especial en cierta forma es un logro", subrayó Zin Linn, de la Coalición Nacional de Gobierno de la Unión de Birmania. "Pinheiro tiene que saber que actualmente reina el terror en Birmania".(FIN/2007)

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