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BOGOTÁ, 23 feb (IPS) - Si hubo un cambio en el último año en la puja por la libertad de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, que cumple un lustro en poder de la guerrilla, fue que el ovillo se enredó más. El punto de quiebre en el pulso por el canje humanitario aún no llega.

Betancourt fue tomada como rehén por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 23 de febrero de 2002 junto con su compañera de fórmula presidencial, Clara Rojas, hoy también cautiva y con un hijo de unos tres años que tuvo con un guerrillero raso, según investigación del periodista Jorge Enrique Botero.

Ambas están incluidas desde entonces en el grupo de 20 políticos, 14 oficiales y suboficiales del ejército y 21 de la policía, que las FARC aspiran a intercambiar por sus guerrilleros presos.

Las posiciones de las partes para acordar un canje parecen acercarse, pero vuelven atrás en el caso del gobierno.

Las exigencias de las FARC para el canje pasaron de pedir en diciembre de 2002 dos departamentos (unos 115.000 kilómetros cuadrados) despejados de presencia militar, a reclamar desde diciembre 2004 el despeje de los municipios de Florida y Pradera, en el occidental departamento del Valle.

Mientras, el presidente Álvaro Uribe, después de haber aceptado desmilitarizar una franja de 180 kilómetros en la misma región, retrocedió a que no habrá despeje en absoluto.

El jueves, el portavoz guerrillero Raúl Reyes reiteró la convicción de las FARC de que Uribe no quiere el canje, y recordó que faltan tres años y medio para que su segunda administración termine.

A partir de la noticia de la existencia de su nieto, 12 meses atrás, la madre de Clara Rojas, una mujer erguida y digna hace cinco años, hoy se dobla sobre un cuerpo tembloroso.

A partir de noviembre se desató una verdadera ocupación militar de Florida y Pradera.

El 23 de enero entre las 18.30 y las 19:00, hora local, el ejército atacó con ráfagas de fusil un vehículo de transporte público en el área rural de Florida. Murieron el conductor y fueron heridos dos niños, de cinco y 13 años, y una mujer.

Como reacción, miembros de la guardia indígena de esa zona retuvieron por unas horas a 12 de los 30 militares atacantes, y sólo los entregaron a su superior y a autoridades de control, bajo el compromiso de juzgarlos.

En la longeva guerra colombiana, azuzada con dineros del narcotráfico, se enfrentan guerrillas izquierdistas con el ejército y paramilitares de ultraderecha parcialmente desmovilizados.

El miércoles, Uribe lanzó la versión de que Betancourt está fuera del territorio colombiano. "Gracias a Dios", comentó de inmediato Yolanda Pulecio, madre de Betancourt, pues opina que en Colombia corre más peligro debido a la orden presidencial de proceder al rescate militar de los rehenes, lanzada en octubre aun en contra de la voluntad de las familias.

Libio Martínez y Pablo Moncayo, cabos primeros del ejército, cumplirán en diciembre 10 años en manos de las FARC, sin cargos ni juicio, como los "prisioneros enemigos" que mantiene el gobierno estadounidense en la cubana base militar de Guantánamo.

En 2008, 12 militares y 11 policías cumplirán similar aniversario. No los acompaña ya el capitán Julián Guevara: hace un año se supo que murió en cautiverio en enero de 2006, y la guerrilla aduce que la presión militar no ha permitido entregar sus restos a la familia.

Así como la prolongación del drama del canje para lograr la libertad de 500 de sus combatientes desgasta externamente a las FARC, fortalece en cambio la hermandad dentro de sus filas, quizá su principal fuerte.

Del lado de los presos de la guerrilla, condenados a cumplir largas penas hacinados en peligrosas cárceles donde también están recluidos sus archienemigos paramilitares, las FARC sólo han dado a conocer los nombres de "Simón Trinidad", Ricardo Palmera, ex negociador para el canje, de "Sonia", Anayibe Rojas Valderrama, dos miembros extraditados y sometidos a la justicia de Estados Unidos, y de Rodrigo Granda, considerado por las autoridades "canciller" de las FARC.

Esta semana, "Sonia" fue declarada culpable de cargos de narcotráfico por un jurado estadounidense. Recibirá sentencia el 7 de mayo. A la campesina insurgente la esperan entre 20 y 30 años de prisión en Estados Unidos, si fracasa un intento de apelación.

La firma de esas extradiciones por parte de Uribe puso en manos de Washington la libertad de Betancourt y sus compañeros, pues para las FARC no hay canje sin "Sonia" y "Trinidad".

El primer juicio en Washington contra "Trinidad" fue anulado y debe ser repetido. Además, el 26 de marzo se iniciará otro proceso contra él.

El "canciller" Granda fue secuestrado en Caracas en diciembre de 2004 por fuerzas de seguridad colombianas y con "la posible participación de altos funcionarios del estado y del gobierno" de Venezuela, según él mismo en una entrevista desde la cárcel y publicada en el sitio de Internet de esa guerrilla.

A Granda se le achaca un expediente por rebelión, terrorismo, derribamiento de aeronaves, toma de rehenes, homicidio, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito.

En todo caso, la prolongación de este pulso, justo cuando el "paragate" perfila dimensiones de tsunami, recuerda el proverbio árabe "Me sentaré a la puerta de mi tienda para ver pasar el cadáver de mi enemigo".

La pésima imagen pública de las FARC empeora ante el sufrimiento de familias y privados de libertad, y al gobierno le hace cierta mella. Pero el "paragate" ya empezó a erosionar a Uribe, quien dice sentirse solo.

En una sola semana y cuando la prensa mundial echaba una mirada sobre Colombia por cuenta del quinto aniversario de Betancourt como rehén, Uribe tuvo que entregar la cabeza de su canciller María Consuelo Araújo, cuya familia está acusada de atentar contra la seguridad del Estado por conformar grupos paramilitares, y de Jorge Noguera, ex jefe de la policía secreta (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), detenido el jueves.

El de Noguera es el caso más grave para Uribe dentro del llamado "paragate", un proceso de denuncias que ha llevado a la cárcel o cerca de las rejas a decenas de políticos oficialistas por su participación en el fenómeno del paramilitarismo.

Noguera condujo en 2002 la campaña presidencial en el Magdalena, norte del país, y luego fue jefe del DAS, organismo de inteligencia que depende directamente del mandatario. Cuando debió dejar el DAS por denuncias contra ese organismo, Uribe lo nombró cónsul en la ciudad italiana de Milán.

Debido a su cautiverio, la ex senadora Betancourt no ha podido tomar parte de los debates parlamentarios promovidos por la oposición, en los que se ha revelado parte del escándalo.

Las FARC han llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales contra Uribe, pero paradójicamente mantienen silenciada a una aguda crítica del presidente.

Durante la campaña presidencial de 2002, Betancourt acusó a Uribe de haber promovido el paramilitarismo con la implantación de las cooperativas armadas privadas Convivir cuando era gobernador del norteño departamento de Antioquia (1995-1997), que resultaron directamente vinculadas al narcotráfico y responsables de numerosos crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de Estados Unidos --que tiene a tres contratistas del Departamento de Defensa atrapados hace tres años por las FARC y también sometidos a canje-- actúa mancomunadamente con Uribe en total discreción.

En marzo de 2006, la fiscalía general de Estados Unidos emitió orden de captura por narcotráfico contra 50 líderes insurgentes, incluyendo a 24 integrantes del secretariado y del estado mayor de la mayor guerrilla colombiana.

Mientras, Uribe ha pedido a Europa "respaldo" para rescatar militarmente a rehenes y prisioneros, aunque pronto aclaró que no quiere "tropas" sino inteligencia y equipos.

Astrid, hermana de Ingrid Betancourt, aseguró que la rehén está con vida, y que emisarios europeos han contactado a las FARC (más de 15 misiones, según el diario El Tiempo). La última prueba de supervivencia conocida fue un vídeo grabado en mayo de 2003.

* Con aportes de Helda Martínez (Bogotá).(FIN/2007)

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