PENA DE MUERTE-PAKISTÁN: Inocentes en peligro

KARACHI, Pakistán, feb (IPS) - La alta posibilidad de que muchos inocentes sean conducidos a la horca en Pakistán, a causa de errores judiciales y policiales, motivaron llamados a la moratoria inmediata de las ejecuciones en este país.

El sistema judicial y policial tiene "defectos muy serios", advierte "Larga marcha a la horca", investigación conducida por no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Pakistán y la Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en Paris

El sistema "discriminatorio e injusto" permite una "alta probabilidad" de condenas equivocadas. "Mientras esperamos que se corrijan las imperfecciones, muchos inocentes serán colgados", dijo a IPS I.A. Rehman, director de la Comisión de Derechos Humanos.

"Debe interrumpirse de inmediato la ejecución de los ya condenados", sostuvo.

"Estamos a favor de la abolición. Proponemos una moratoria como solución inmediata, pero provisoria", señaló Zohra Yusuf, también directivo de la Comisión.

La moratoria salvaría la vida de muchos condenados por la controvertida Ley de Blasfemia, la cual, según minorías religiosas como la comunidad cristiana, se utiliza para perseguirlas.

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, aplaudió el pedido de la comisión pakistaní y de la internacional, al que consideró un primer paso hacia la abolición.

"La pena de muerte no debería existir, y punto", señaló Ali Dayan Hasan, investigador de HRW, que denuncia la "muy difícil situación de gran cantidad de presos en el pabellón de los condenados a muerte".

Hay más de 7.400 presos a la espera de ejecución, algunos desde hace décadas.

Las organizaciones de derechos humanos señalan que aumentaron las ejecuciones. Hubo 1.029 entre 1975 y 2002, sólo en la oriental provincia de Punjab. Y en la primera mitad de 2006, fueron ejecutadas 54 condenados.

Además del aumento continuo de la cantidad de condenados a muerte y las ejecuciones, el informe de la Comisión de Derechos Humanos recuerda que también se elevó la cantidad de delitos pasibles de recibir la máxima pena.

Cuando Pakistán se independizó de Gran Bretaña, en 1947, la pena capital sólo se aplicaba para los delitos de homicidio y traición.

Pero hoy son 27 los delitos castigables con la ejecución, entre ellos la blasfemia, arrancar la ropa a una mujer en público y el sabotaje a vías férreas, muchos de ellos introducidos por la dictadura del general Muhammad Zia-ul-Haq (1977-1988).

El régimen militar ejecutó al depuesto primer ministro Zulfiqar Ali Bhutto, a pesar de los pedidos de clemencia procedentes del mundo entero.

Bhutto murió en la horca el 4 de abril de 1979 por conspirar para asesinar a un opositor político. Numerosas personalidades políticas pakistaníes consideran que se trató de un juicio politizado e injusto.

Su apelación ante la Corte Suprema de Justicia fue rechazada por cuatro jueces de siete. Uno de los que votaron su condena se declararía luego arrepentido de esa decisión.

La Comisión de Derechos Humanos urgió al gobierno, como primer paso, reducir la cantidad de delitos para los cuales se prevé la pena máxima y dejar de añadir otros nuevos, pero Rehman no cree que vayan a tener una respuesta inmediata.

"El gobierno es imperturbable y tiene otras prioridades. No esperamos que ocurra nada importante enseguida", señaló.

Al reclamar una moratoria y no la abolición total de la pena capital, la Comisión espera desatar un debate y "permitir que el gobierno y el público discutan hasta llegar a un consenso. Las leyes sin aprobación popular rara vez son efectivas", añadió.

Será necesario mucho trabajo para convencer a la población de la necesidad de derogar la pena máxima, reconoció Rehman.

"En este momento la ciudadanía no parece interesada en la abolición de la pena de muerte. Se ha endurecido. Está demasiado confundida por los clérigos, para quienes matar está prescripto por la fe. Desearían ver rodar más cabezas que menos", apuntó.

Para convencer a la población, "podría argumentarse, por ejemplo, que no hay en el Islam o en nuestra tradición legal previsiones de condena a muerte a quienes cometan muchos de los delitos incluidos en la lista vigente, excepto el homicidio", sostuvo Rehman.

En cuanto al poder de disuasión de la pena capital, la Comisión de Derechos Humanos considera que "la seguridad de la condena, y no la severidad del castigo", es decisiva para reducir la criminalidad.

"La pena de muerte o cualquier otro castigo puede utilizarse como disuasivo sólo en aquellos países donde el orden legal no es lo suficientemente sólido como para evitar que los delincuentes escapen", explicó el director de la Comisión.

"Debemos llegar a una situación en la que aun un castigo menor sirva para disuadir los delitos. Entonces, no será más necesario ahorcar a nadie", agregó. La Comisión destaca otros aspectos de la lucha contra la delincuencia, como la reforma del aparato del gobierno, la policía y la justicia.

"En los países donde la justicia pasó de la represalia a la rehabilitación y se cubrieron las necesidades de la población, la cantidad de delitos disminuyó", aseguró Rehman.

El activista también subrayó la necesidad de reformar previsiones jurídicas de origen religioso como las qisas (la fijación de un castigo equivalente al delito) y la diyat (indemnización que se paga a las víctimas o a sus herederos legales).

Estos elementos se aplican desde 1990 a los condenados por homicidio, y "permiten que las familias de la víctima tengan poder de veto para decidir si el condenado vive o muere", explicó Rehman.

"Es conduce a la injusticia. El homicidio es un delito contra la víctima y contra la sociedad. Pero la diyat lo reduce a un negocio entre el asesino y la familia de la víctima. Se deja sin palabra a la sociedad", añadió.

Yusuf sostuvo que estas ordenanzas permiten a los ricos "salvarse pagando mientras los pobres son ahorcados", y que deberán "eliminarse" con la abolición de la pena de muerte.

El informe de la Comisión de Derechos Humanos reclama, además de la moratoria, varias reformas administrativas, entre ellas una mayor apertura de las cárceles para que los miembros de la sociedad civil puedan reunirse con los presos.

También aboga por el fortalecimiento del sistema de investigación policial, el aumento del presupuesto de la justicia y la policía y la implementación de mecanismos de protección a víctimas y testigos de delitos.

***** (FIN/2007)