OAXACA, México, 7 oct (IPS) - Si las instituciones públicas se han convertido en fantasmas en el sureño estado mexicano de Oaxaca, con un gobernador fugado a la capital y ningún órgano funcionando regularmente, el mayor vacío se siente en las aulas de las desiertas escuelas.

Desde el 22 de mayo, el magisterio oaxaqueño afiliado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación está en conflicto por demandas salariales a las que se sumaron en junio reclamos sociales y políticos más vastos con un punto prioritario: la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, acusado de despotismo y corrupción, pero protegido hasta ahora por su Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el Partido Acción Nacional (PAN) que gobierna el país.

La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), gestada en junio a partir del reclamo de los maestros e integrada por más de 350 organizaciones sociales, tiene entre sus medidas de lucha la paralización del ciclo lectivo 2006-2007 al que deberían asistir 1,3 millones de escolares de la enseñanza pública.

"Yo no tengo la culpa, es muy malo no ir a la escuela, pues no aprendemos a escribir", dice a IPS José Yatchi, indígena de 10 años que acompaña a su madre a vender artesanías de plata en una calle de Oaxaca, ciudad de 300.000 habitantes y capital del estado homónimo.

Por las calles de imponentes edificios coloniales de esta urbe rodeada de atractivos arqueológicos y naturales, gran cantidad de niñas y niños juegan o ayudan a sus padres a vender artesanías, souvenir y otros productos a turistas y residentes.

Además de la huelga de los educadores, las autoridades públicas han casi abandonado el estado a su suerte, mientras la mayoría de los edificios gubernamentales han sido ocupados por activistas de la APPO.

En las últimas dos semanas, algunos funcionarios municipales y estaduales y grupos de padres reabrieron unas pocas escuelas públicas en la capital y en zonas rurales, con maestros improvisados y voluntarios.

En otros casos, se imparte instrucción en casas particulares y de forma clandestina, pues sus responsables dicen temer represalias de la APPO.

Desde la radioemisora privada La Ley, que esa organización ocupa desde el 21 de agosto, los locutores exhortan a la población a no llevar a sus hijos a clases, pues corren peligro de quedar en manos de profesores no calificados y de calidad moral cuestionada.

Los activistas aseveran que las autoridades reparten bolsas de alimentos a las familias que acceden a llevar a sus hijos a la escuela.

Estimaciones no oficiales indican que 10 por ciento de los 1,3 millones de escolares de la educación pública han vuelto a estudiar, pero de manera irregular.

El conflicto no ha cambiado la tradición de Oaxaca, pues los más perjudicados siguen siendo los pobres. Los estudiantes no afectados por la paralización son unos 150.000 que asisten a centros educativos privados.

Ana Arellanes, maestra de nivel preescolar que labora en Oaxaca desde los años 90, afirma a IPS que su compromiso con la educación y los niños "es indeclinable".

Pero "hoy tenemos un importante compromiso con la sociedad y con nuestro sindicato, que indica que hay que estar luchando en la APPO para exigir la salida del gobernador", explica.

El promedio de escolaridad de la población oaxaqueña es de seis años, menor al nacional, de 7,8 años. Medio millón de personas de 15 años y más no saben leer ni escribir en este estado de 3,5 millones de habitantes, de los cuales 1,1 millones son indígenas de varias etnias y lenguas diferentes.

Más allá del conflicto y de acuerdo con estadísticas oficiales, 112.040 personas de entre 5 y 14 años --12 por ciento de esa franja etaria-- están fuera del sistema educativo.

"Nosotros vemos niños de 10 años que recién ingresarán a la escuela y otros de esa misma edad que aunque van a la escuela apenas saben leer o no entienden lo que leen", dice a IPS Marlene Santiago, directora del no gubernamental Centro de Apoyo al Niño de la Calle, que trabaja en Oaxaca desde 1994.

"Muchos niños en el estado acuden a clases sólo para cumplir un trámite, pero no aprenden realmente", señala Santiago.

De los 3,3 millones de niños de 6 a 14 años de edad que trabajan en México, 170.000 son oaxaqueños.

En el Índice de Derechos de la Niñez Mexicana --una escala de cero a 10 que pondera variables como educación, nutrición, ambiente familiar y otros factores-- Oaxaca tiene un valor de 3,6 para la franja de cero a cinco años, de 4,8 para los niños de seis a 11 años, y de 4,1 para los de 12 a 17 años. Son los más bajos del país, junto con los de Chiapas y Guerrero.

El índice es elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Mirsa Zárate, de 11 años, se "aburre bastante" por no ir a la escuela, y ha visto televisión "como nunca antes", cuenta a IPS.

Para ella, el problema con el gobernador "es una cosa aparte que no tiene por qué afectarnos a nosotros".

Abisay Aragón, de 10 años, piensa diferente. "Los maestros están luchando por una causa justa, no quiero regresar a clases hasta que se vaya Ulises (Ruiz, el gobernador). Verdad que no tenemos nada de culpa, pero yo apoyo a los maestros", dice IPS haciendo un alto en sus juegos en la plaza central de la ciudad, lugar ocupado por decenas de campamentos de la APPO.

"Ya estoy ya mucho tiempo sin escuela, pero aquí (en la plaza) aprendí muchas cosas, a convivir con la gente, a hacer arte. A veces vengo y a veces no". Abisay es hija de uno de los 70.000 profesores sindicalizados del estado.

En este panorama, los niños "se han concientizado por el movimiento, ya que ellos no son ajenos a lo que pasa en la sociedad y eso es bueno", apunta la maestra Arellanes.

Las movilizaciones han convocado a familias enteras, muchas de las cuales llevan a sus hijos a los campamentos de la APPO por la mañana y parte de la tarde. Los menores que viven en la ciudad regresan por la noche a sus casas, pero los procedentes de zonas rurales pernoctan allí, a pesar de los rumores de represión violenta inminente por parte de fuerzas estaduales y federales.

Algunos miembros de la APPO han propuesto organizar una marcha de niños, como una forma más de presión para exigir la salida del gobernador. El gobierno estadual está interesado en una medida similar, pero con el propósito contrario.

La directora del Centro de Apoyo a los Niños de la Calle exhortó a las partes a "no usar a los menores como bandera".

El representante interino de Unicef en México, Oliver Degreef, llamó a los actores a dar un buen ejemplo a los niños "sobre cómo hay que resolver conflictos de interés de una manera pacífica y constructiva a través de la práctica de la tolerancia y el diálogo".

El jueves parecía amainar la tensión en las calles, luego de una reunión en la capital mexicana entre representantes del gobierno de Vicente Fox y los líderes de la APPO. En esa cita, las partes intercambiaron propuestas y acordaron volver a reunirse este lunes.

Pero el viernes, el clima volvió a crisparse cuando apareció degollado el profesor de matemáticas Jaime René Calvo, miembro del Consejo Central de Lucha (CCL), grupo disidente del sindicato Sección 22.

Integrantes del CCL culparon a dirigentes de la Sección 22 de la muerte. Pero el sindicato magisterial sostuvo que se trató de un crimen a cargo de asesinos a sueldo del gobierno estadual para enturbiar las negociaciones.

Aunque hay elementos para iniciar un proceso de destitución contra el gobernador Ruiz en el Senado, ni el PRI ni el PAN del presidente Fox están dispuestos a habilitar un juicio político.

(FIN/2006)

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