MINERÍA-PERÚ
Un mendigo en un banco de oro
Por Milagros Salazar (Tierramérica)*LIMA, ago (IPS) - Las compañías mineras
en Perú obtienen ganancias cada vez más
millonarias dado el auge de los precios
internacionales de los metales, pero no aportan
lo necesario para aliviar la pobreza de quienes
viven en las zonas donde explotan los yacimientos.
El presidente Alan García, quien asumió el
poder el 28 de julio, prometió durante su campaña
electoral renegociar los contratos con el sector
minero. Pero ahora está dispuesto a aceptar
"aportes voluntarios" para inversión social, cuyos montos no están definidos.
En la noroccidental región peruana de
Cajamarca se ubica la mina aurífera más
importante de América Latina, operada por la
empresa Yanacocha, en sociedad con la
estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura.
Pero paradójicamente la boyante mina descansa en
una zona donde 74,2 por ciento de la población es pobre.
Quinto productor mundial de oro, segundo de
plata, tercero de cobre y zinc, y cuarto de
plomo, "Perú es un mendigo sentado en un banco de
oro", reza un popular refrán. Porque también es
uno de los países con mayor pobreza en la región.
Cincuenta y uno por ciento de los 27 millones
de peruanos es pobre y 24 por ciento vive en la
pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística, INEI.
En los últimos dos años los precios del cobre
aumentaron 111 por ciento, del oro 42,5 por
ciento y de la plata 65,5 por ciento, pero esta
escalada no catapultó el bienestar de las
comunidades que rodean los yacimientos, que
denuncian la contaminación de sus ríos y lagunas
por la producción minera y que exigen al Estado
obligar a las compañías a responder por los daños ambientales.
En la meridional ciudad de Cusco, donde opera
la anglo-australiana BHP Billinton Tintaya,
tercera productora de cobre de Perú después de
Antamina y de la estadounidense Southern Perú,
59,2 por ciento de los casi 1,2 millones de
habitantes es pobre, reveló el INEI.
En la occidental región de Ancash, pese a la
explotación de oro de la canadiense Barrick Gold,
55,3 por ciento de la población vive en situación
de pobreza y 23,4 por ciento es extremamente pobre.
Según la agencia de noticias económicas
Bloomberg, en los últimos dos años los precios de
cobre aumentaron 111 por ciento, de oro 42,5 por
ciento, de plata 65,5 por ciento, de zinc 150 por
ciento, de plomo 36,5 por ciento y de estaño 15 por ciento.
Para empezar a resolver estas inequidades, el
presidente Alan García se comprometió a
renegociar los contratos con el sector minero y a
aplicar un impuesto a las sobreganacias de las compañías.
Pero el tema quedó entrampado en la tibieza
de las negociaciones recién iniciadas. El
presidente del Consejo de Ministros, Jorge del
Castillo, confirmó a Tierramérica que sólo se
aceptaría un "aporte voluntario" de las mineras,
porque hay contratos de "estabilidad jurídica"
firmados durante el gobierno de Alberto Fujimori
(1990-2000) que en algunos casos siguen vigentes.
Esos contratos congelaban el pago de
impuestos. Y, según los empresarios, la
obligatoriedad del pago de las regalías
-establecidas recién en 2004- debía ser exonerada
por considerarlas un tipo de impuesto.
Sin embargo, ese año el Tribunal
Constitucional estableció que la regalía es una
contraprestación por explotar recursos no
renovables. Y, por lo tanto, debía ser pagada.
Se calcula que solamente en 2005 el Estado
dejó de percibir regalías por casi 158 millones
de dólares porque las empresas se amparan en los
contratos de estabilidad, informaron a
Tierramérica el ex candidato presidencial por el
Partido Socialista Javier Diez Canseco y expertos
del consorcio de organizaciones no gubernamentales Propuesta Ciudadana.
El Ministerio de Energía y Minas señala que
25 de las 27 grandes compañías mineras con
contrato de estabilidad jurídica no pagan
regalías. Entre ellas, Yanacocha, BHP Billiton
Tintaya (que ya realiza un aporte voluntario con
base en sus utilidades) Barrick Gold, Cerro Verde y Antamina.
Hay otras 40 empresas que sí pagan, aunque
son las más pequeñas, salvo Buenaventura,
Shougang y Southern Perú, cuyos contratos de estabilidad vencieron en 2005.
Según las autoridades, desde 1996 hasta 2002
las firmas mineras pagaron aproximadamente 682
millones de dólares de impuesto a la renta.
Entre 2002 y 2006 Yanacocha incrementó 225
por ciento sus utilidades netas, según la
Comisión Nacional Supervisora de Empresas de
Valores. En el primer semestre de este año pasó
de 210 millones de dólares a 681,5 millones.
Datos extraoficiales indican que dicha
empresa habría ofrecido al gobierno un aporte
voluntario de apenas 20 millones de dólares anuales.
Al sumar las utilidades netas obtenidas por
cinco grandes mineras extranjeras en lo que va de
2006, se totaliza 2.759 millones de dólares. Pero
el premier Jorge del Castillo señaló que "no se
puede arriesgar la estabilidad jurídica y debe
llegarse a un punto medio de negociación con las empresas".
El presidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía, Carlos del Solar,
informó a Tierramérica que los empresarios
entregarán estos días una propuesta del aporte
voluntario que será anunciada públicamente el 24
de agosto por el presidente del Consejo de
Ministros en su primer discurso en el Palacio Legislativo.
"Somos conscientes de la gran presión social
existente, pero el sector empresarial también
hizo muchas obras y no puede solucionar todo", señaló Del Solar.
Para el representante de la Sociedad de
Minería y gerente general de la norteamericana
Hunt Oil del Perú, una de las operadoras del
millonario proyecto gasífero de Camisea, el
gobierno debe administrar mejor los recursos que
obtiene para atenuar el descontento de la población.
El funcionario aludía a los cerca de 300
millones de dólares que en 2005 quedaron
congelados en cuentas corrientes a nombre de los
gobiernos regionales y locales, según el Ministerio de Economía.
Las mineras y el gobierno central alegan que
este dinero no fue invertido porque las
autoridades regionales y locales no pudieron
sustentar proyectos para ejecutar obras. Estas, a
su vez, señalan que el Sistema Nacional de
Inversión Pública no atiende con celeridad sus propuestas.
Entre 2001 y 2005, los aportes por canon y
regalías se quintuplicaron por el repunte
internacional del precio de los metales. El
Ministerio de Economía estima que este año las
regiones recibirán cerca de mil millones de dólares por esos mismos conceptos.
Entre cifras de bonanza y negociaciones,
aumentan los conflictos entre las mineras y las
comunidades. A comienzos de mes murió un
campesino en la localidad de Combayo tras un
enfrentamiento con la policía y el personal de
seguridad de Yanacocha. Su muerte sigue
investigándose. Los campesinos se declararon en pie de lucha.
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Este
artículo fue publicado originalmente el 19 de
agosto por la red latinoamericana de Tierramérica.
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