BOGOTÁ, 29 may (IPS) - La polarización en Colombia no contuvo el avance de la abstención electoral, ante el trance de escoger entre la opción derechista del reelecto presidente Álvaro Uribe y la de una izquierda no armada que se afianza como segunda fuerza política, sobre los despojos del otrora mayoritario Partido Liberal.

El voto por Uribe, que asumirá su segundo mandato el 7 de agosto, rebasó el domingo las previsiones de las encuestas al alcanzar 62 por ciento, mientras el ex magistrado y senador Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático Alternativo (PDA), logró 22 por ciento, casi cuadriplicando los sufragios obtenidos por la izquierda en 2002. Horacio Serpa, postulante del Partido Liberal, fue el gran derrotado con 12 por ciento.

El amplio margen debilitó los argumentos de quienes advirtieron sobre un fraude masivo.

Los dos bandos enfrentados se dejaron contar: unos 7,3 millones de electores están con Uribe y su mano dura, y 4,2 millones se oponen a él, incluyendo las exiguas votaciones de otros candidatos. El común denominador de los opositores es su rechazo al poderío del paramilitarismo ultraderechista que apoya al mandatario, muchos de cuyos jefes son capos del narcotráfico.

Pero a pesar de la polarizada campaña electoral, no participaron de esa discusión más de 15 millones de ciudadanos que no votaron, lo hicieron en blanco o anularon sus papeletas. La abstención pasó de 48,4 por ciento en 2002 a 54,9 por ciento en 2006, con 14,6 millones de electores renuentes.

Así, las cuentas de los críticos matizarán que Uribe gobernará con el respaldo de apenas 27,5 por ciento de quienes tienen derecho a votar en este país.

El anunciado triunfo de Uribe atrajo hacia sus tiendas el voto clientelista, en detrimento de la cauda del Partido Liberal.

Esa colectividad, de tendencia socialdemócrata, enfrentó al coloso de las encuestas con Serpa, un candidato débil, ex embajador de Uribe ante la Organización de los Estados Americanos y ex ministro de un gobierno como el de Ernesto Samper (1994-1998), signado por recibir una millonaria financiación del narcotráfico para su campaña.

Los paramilitares, creados en 1982 por narcotraficantes con la misión de atacar la base social de la guerrilla izquierdista, se desmovilizaron y entregaron parcialmente sus armas en una polémica negociación con el primer gobierno de Uribe.

Supuestos herederos de estos grupos así desmovilizados se hicieron sentir en la campaña electoral amenazando a quienes denuncian crímenes contra los civiles, y ejerciendo control social mediante el amedrentamiento en cascos urbanos pequeños y en barriadas de las ciudades grandes y medianas.

"La reelección de Álvaro Uribe no debe ser usada para legitimar la política enemiga de los derechos humanos. Durante la campaña electoral, el presidente Uribe continuó difamando a las organizaciones defensoras de los derechos humanos", advirtió este lunes un comunicado enviado a IPS por Christiane Schwarz, de la alemana Kolko, Derechos Humanos para Colombia, con sede en Berlín.

"Por eso estamos muy preocupados por los derechos humanos en Colombia", agregó Schwarz.

La Unión Europea (UE) está apoyando de manera creciente la desmovilización paramilitar. Adrianus Koetsenruijter, jefe de la delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador, dijo la semana pasada que "no hay nada que se pueda observar en la actitud de las autoridades que pueda amenazar o no proteger a los defensores de los derechos humanos".

La política de "seguridad democrática" de Uribe, su programa bandera, mostró avances y retrocesos durante sus primeros cuatro años.

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta anualmente recomendaciones al gobierno y al Estado colombianos, indicando que sólo hubo avances parciales.

"Mientras el número de asesinatos disminuyó, aumenta la participación directa de funcionarios estatales en ataques, por ejemplo en ejecuciones extrajudiciales. El desplazamiento forzado aumenta", advierte Kolko.

Durante su campaña, Uribe dijo repetidamente que el país debía escoger entre la seguridad democrática o que el "comunismo disfrazado" le devolviera "la patria a las FARC", las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, creadas en 1964.

Entre los opositores a Uribe hay desacuerdo en cuanto a continuar la política de guerra total contra esa guerrilla, el mayor grupo armado ilegal del país que sigue dominando amplias zonas rurales, aunque de baja densidad demográfica.

En todo caso, los 2,6 millones de votos de la izquierda son una manifestación clara a favor de la solución política del conflicto interno, si bien muchos sufragantes rechazan los argumentos de la lucha armada y consideran que la existencia de la guerrilla ya no tiene sentido.

La reelección presidencial es una derrota política para las FARC, cuya cúpula manifestaba en repetidos comunicados su certeza de que Uribe no asumiría su segundo mandato.

Uribe ganó los comicios de 2002 cuando prometió guerra total a la guerrilla y, en dos años, sentarla a negociar, ya debilitada. En el empeño, recibe financiación y asesoría militar estadounidense. Sus seguidores sostienen que hay que darle "más tiempo".

En estos cuatro años, el presidente no ha dado pasos ciertos para negociar el intercambio de guerrilleros presos por políticos rehenes --como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, una de sus feroces críticas--, militares y policías en manos de las FARC.

Mientras en Bogotá los uribistas celebraban en el tradicional hotel Tequendama, a cien metros de allí, la izquierda se proclamaba como "la primera fuerza de oposición", tras obtener la mayor votación de su historia.

Pero muchos creían que la oposición a Uribe, sumada, obligaría a una segunda vuelta.

"La derrota tiene una dignidad que la ruidosa victoria no merece", citó Gaviria al poeta argentino Jorge Luis Borges tras aclarar que "no nos sentimos derrotados. Hubo alguien que sacó más votos".

Gaviria llamó al PDA --nacido en diciembre de 2005 con la alianza del Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática-- a mantenerse en la oposición, no aceptar cargos diplomáticos ni públicos de responsabilidad y no dejarse dividir, con el fin de aspirar al poder en las elecciones de 2010, cuando termine Uribe su segundo mandato. (FIN/2006)

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