SANTIAGO, mar (IPS) - El Primer Informe Anual del Observatorio de Equidad de Género en Salud elaborado en Chile reclama legislar sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina, reponer el aborto terapéutico y entregar anticonceptivos de emergencia a todas las mujeres.

El informe no solo "es un largo trabajo, precedido por la creación de un perfil de salud desde la perspectiva de género en Chile", sino también refleja un avance "sobre la desigualdad e invisibilidad que había sobre la diferenciación de la salud de mujeres y hombres", ", dijo a IPS la investigadora Margarita Iglesias, del Centro de Estudios de Género y Cultura de América Latina.

Con el fin de mejorar las políticas, programas y planes de salud en Chile, el Observatorio analizó aspectos como participación ciudadana, trabajo de cuidado no remunerado en salud, problemática de salud y trabajo, violencia de género y salud sexual y reproductiva, constatando avances y retrocesos.

El estudio realizado por entidades civiles con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), fue presentado el 2 de este mes por el representante en Chile de esa entidad, Juan Manuel Sotelo, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Cecilia Pérez, y la viceministra de Salud, Cecilia Villavicencio.

El informe "expresa la factibilidad de la vigilancia ciudadana no confrontacional, sino consistente y en diálogo con la institucionalidad, lo que permite ir mejorando las políticas públicas con participación e incidencia de la sociedad civil", dijo a IPS María Isabel Matamala, coordinadora del proyecto Género, Equidad y Reforma de Salud de OPS-OMS (Organización Mundial de la Salud).

"La salud sexual y reproductiva es uno de los espacios más complejos y polémicos en la agenda de género entre el Estado y la sociedad civil", sostuvo Pérez.

"Las presiones conservadoras impactan sobre las mujeres más pobres que no pueden acceder a lo que las ricas sí", agregó, en alusión a la prohibición del aborto terapéutico en Chile desde fines de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y a las restricciones del Ministerio de Salud en la entrega de anticonceptivos de emergencia.

El informe aborda la salud sexual y reproductiva desde los derechos humanos, "incorpora a mujeres y hombres de todas las edades, reconoce la responsabilidad compartida en la reproducción, respeta el derecho a la autonomía y a la integridad corporal e integra la sexualidad, como un aspecto que puede ser tratado de forma independiente de la reproducción".

La génesis de esta perspectiva se remonta a la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán (1968) que estableció que "los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos".

Desde entonces, diversos convenios internacionales han resguardado la salud sexual y reproductiva como parte de los derechos humanos, consagrándolos definitivamente en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Estas instancias no son jurídicamente obligatorias para el Estado chileno. Sí lo son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que este país no ha respetado por completo.

Uno de los principales retrocesos es el estancamiento del proyecto de ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos, presentado al parlamento en 2000.

En un segundo intento, cuatro años más tarde, el proyecto de ley de reforma a la Constitución pretendió establecer una nueva garantía constitucional en materia de derechos sexuales reproductivos, pero esta iniciativa aún se encuentra en el primer trámite en la Cámara de Diputados.

Tampoco se ha avanzado en la reposición del aborto terapéutico en el Código Sanitario, del que fue retirado en 1989, pese a que diversas encuestas indican un apoyo de más de 65 por ciento de la población a una ley que lo autorice cuando esté en riesgo la vida de la madre o cuando el feto tenga una malformación severa que lo hace inviable.

Chile es uno de los pocos países que penaliza el aborto aun en circunstancias extremas como éstas, lo que contraviene los acuerdos internacionales del Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (1999) y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2004), que han exigido al Estado chileno revisar la ley para permitir el aborto terapéutico.

El Observatorio evidenció un avance "altamente limitado" con relación a la anticoncepción de emergencia, toda vez que desde marzo de 2004 el Ministerio de Salud dispuso su entrega gratuita en los servicios públicos solo a mujeres víctimas de violación.

A fines de 2005, la Corte Suprema de Justicia autorizó la comercialización de Postinor II o "píldora del día después", que se vende en algunas farmacias con receta retenida.

Marcela Ferrer, socióloga del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, dijo a IPS que "al gobierno (saliente del presidente Ricardo Lagos) le faltó pantalones para reponer el aborto terapéutico y no ceder a la autocensura" en este país con gran peso de la Iglesia Católica.

"Hay un porcentaje de católicos, sobre todo en la (cogobernante) Democracia Cristiana que se oponen a la medida que contraría los principios de la Iglesia, olvidándose que ellos son funcionarios públicos del 100 por ciento de los chilenos y no de los católicos", comentó.

Ferrer aseguró que la población chilena, en su mayoría declarada católica, "aprueba el aborto terapéutico como aprobaba el divorcio", porque "es de una crueldad sin nombre obligar a una mujer a tener un hijo que no quiere, sobre todo en los casos de violación, incesto o en los casos en que (la madre) se puede morir".

Según Ferrer, responsable del capítulo de salud sexual y reproductiva en la presentación del informe, el principal problema detectado por el Observatorio es la falta de una ley de derechos sexuales y reproductivos "que asegure, cautele, proteja y garantice estos derechos para todos los chilenos".

Se trata de "una parte de la salud global de las personas, así hay que entenderlo y tomar las medidas necesarias para que se viva lo mejor posible".

Con relación al aborto terapéutico, Matamala afirmó que "desde Naciones Unidas se busca preservar los acuerdos en cada país para avanzar conforme a la realidad de aquellos, puesto que OPS no puede imponer un criterio".

El hecho de que no se contemple la interrupción voluntaria del embarazo bajo ninguna circunstancia "es un atentado a los derechos humanos de los sectores más pobres de la sociedad y de las niñas de 15 años hacia arriba", dijo la investigadora Iglesias.

"La evidencia del riesgo de mortandad en las adolescentes mujeres por esta situación posibilita su instalación (del aborto) no sólo como tema valórico, también desde los aspectos sanitarios y epidemiológicos, tanto de mujeres que ya están en la vida reproductiva como de las futuras generaciones", dijo.

Se trata de "una deuda pendiente de la democracia y sus nuevos desafíos, que requiere movilización social". La sexualidad "es una forma de ejercer poderes, y son dispositivos de poderes los que han estado operando para impedir un flujo mayor de energías nuevas dentro de la sociedad", lo que es importante reconocer ad portas del gobierno de Michelle Bachelet, que asumirá el sábado 11 de este mes.

Ferrer espera que el Informe 2005 tenga "eco en el próximo gobierno". Ahora que Bachelet "es presidente, debe dejar de lado lo políticamente correcto, ser progresista y no decepcionar a las mujeres chilenas, porque ella tiene doble condición: es médico, conoce el sistema y es mujer". (FIN/2006)

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