TRABAJO-ARGENTINA: Esclavitud invisible para la justicia
Por Marcela ValenteBUENOS AIRES, 30 nov (IPS) - "Nos explotan y nos
amenazan con la policía. Cuando era soltero podía
reclamar derechos, pero con tres niños tengo que
humillarme y someterme a esclavitud", dijo a IPS
José Orellana, un boliviano que logró escapar con
su familia de una fábrica textil clandestina en Buenos Aires.
Sólo en Parque Avellaneda, barrio del oeste
de la capital argentina, hay unas 40 pequeñas
fábricas de costura, ocultas en presuntas
residencias particulares, que confeccionan
vestimenta para marcas de primera línea, como
Montagne o Lácar, según estiman investigadores.
Los operarios son inmigrantes bolivianos que
vinieron a este país atraídos por las promesas de
buenos ingresos y un lugar donde vivir. Pero, a
poco de llegar, perciben el infierno: encerrados
en una pequeña habitación con su familia,
amenazados y recibiendo su paga a cuentagotas.
Cuando Orellana comenzó a trabajar para el
dueño de la fábrica, Juan Carlos Salazar
--también boliviano-- éste le prometió pagarle
por prenda confeccionada. "Calculamos que ganaría
1.500 pesos por mes (unos 300 dólares). Pero a la
hora de cobrar, Salazar decía que no tenía dinero
o que mejor me lo guardaba hasta fin de año para
que no lo gastara", relató a IPS.
El patrón le daba 20 pesos (6,5 dólares) como
"anticipo". La alimentación prevista en el
contrato era sólo para los "empleados". "Para que
comieran los niños (de cinco, siete y ocho años)
teníamos que quedarnos sin comer nosotros", abundó Orellana.
La única habitación de la que disponían él,
su esposa y los hijos era "un desastre". "Había
cables a la vista por el suelo y la pared.
Teníamos tres máquinas funcionando todo el día
junto a las camas", en las que trabajaban otros
dos operarios, mientras los hijos de Orellana jugaban o dormían.
Según consta en los hospitales públicos
Durand y Álvarez, en la zona hay muchos
extranjeros sin documentos que deben ser
internados por tuberculosis, debido al polvillo
que aspiran dentro de los talleres o en las
habitaciones donde funcionan día y noche las máquinas de confección.
Orellana recuerda que el baño era compartido
con otras 20 personas, y para salir a la calle
nunca había permiso. Apenas si podían llevar a
los niños a la escuela, aunque no todos los
extranjeros estaban autorizados a hacerlo.
Tampoco podían llevar a los hijos a un hospital, aunque estuvieran enfermos.
Las "fiestas" del fin de semana las
organizaba el patrón, Salazar, con abundante vino
para que el personal olvidara sus penas y no
pidiera permiso para salir. "Había que discutir
mucho para salir a la calle, y al fin nos
dejaban, pero nos ponían mala cara una semana entera", relató el ex operario.
Unos meses atrás, el trabajador y su familia
lograron escapar. Con apoyo de una organización
comunitaria y patrocinio de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad, Orellana consiguió en
octubre efectuar una denuncia, pero el dueño de
la fábrica estuvo detenido 15 días hasta que el
juez le dictó la "falta de mérito", aunque la
resolución fue apelada y la investigación continúa.
La defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia
Pierini, dijo a IPS que la causa de Orellana y de
otros es "un caso piloto", pero adelantó que su
oficina estaba investigando varios casos. La
denuncia contra Salazar fue por tráfico ilegal de
personas, reducción a servidumbre y violación de
la ley de trabajo a domicilio.
"No nos interesa tanto develar un caso
particular, sino descubrir cómo opera todo el
sistema de economía ilegal que esclaviza a tantas
personas", declaró la funcionaria.
El 2 de diciembre, Día Internacional para la
Abolición de la Esclavitud, conmemora la fecha en
que la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó, en 1949, el Convenio para la represión de
la trata de personas y de la explotación de la
prostitución ajena, uno de varios instrumentos
mundiales de lucha contra estos delitos.
Argentina ratificó en 2002 la Convención de
las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado
Transnacional y sus tres protocolos
complementarios: para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente de
Mujeres y Niños; contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes por Tierra, Mar y Aire; y contra la
Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego,
sus Piezas y Componentes y Municiones.
Estos instrumentos entraron en vigor en 2003.
La Defensoría "porteña" estima en unas
150.000 personas las sometidas a esta nueva forma
de esclavitud. Además de los que funcionan en
Buenos Aires, hay talleres en localidades de las
afueras de la capital como Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús y Laferrere.
Según Pierini, la mayoría de los damnificados
son bolivianos traídos desde su país en ómnibus,
sin los papeles requeridos por la oficina de
migraciones. Pero también hay peruanos, paraguayos y argentinos, dijo.
"Argentinos y paraguayos se dedican más al
calzado, que tiene la misma modalidad: trabajo
ilegal en domicilio, pago ínfimo y una cadena de
comercialización informal. Pero con la ropa es
más grave, porque son familias enteras encerradas", señaló.
Pierini no se atreve a decir si falta
voluntad política para erradicar esta forma de
explotación. "No lo descarto, pero necesitamos
seguir investigando sin hipótesis a ver qué es lo que encontramos", dijo.
Si prospera la denuncia, la causa será la
primera por trata de personas con fines de
explotación laboral, y no sexual, como la mayoría de los casos denunciados.
"Hasta ahora no se comprobaron hechos de
explotación laboral", dijo al conocer el caso de
Orellana el titular de la Oficina de Asistencia
Integral a Víctimas de Delitos del Ministerio
Público, Eugenio Freixas, responsable nacional
del cumplimiento de la convención internacional,
un tratado tan reciente como antigua es el trabajo esclavo.
En Argentina no hay todavía una ley federal
que tipifique la trata de personas como lo
establecen la convención y el protocolo
correspondiente, explicó Freixas, cuya oficina
presentó al parlamento un proyecto con ese fin.
Entretanto, Salazar está libre y amenaza a
sus compatriotas que lograron escapar de su taller.
"Se aprovechan de nosotros porque saben que
los bolivianos somos tímidos y somos
trabajadores", dijo Orellana, expresando la
marginación a la que la sociedad argentina ha
relegado a algunas minorías de extranjeros.
Tras la pesadilla, Orellana logró instalar
una pequeña panadería en el comedor comunitario
La Alameda, y con el ingreso de esa actividad
pudo alquilar una habitación con baño, "más
digna" que aquella donde lo recluyó la explotación.(FIN/2005) Envíe sus comentarios al editor |
