Minería prende la mecha de bomba socioambiental en Guatemala
Por Danilo Valladares GUATEMALA, dic (IPS) - El avance de dos proyectos de oro y plata en Guatemala
enardece los conflictos entre las comunidades afectadas,
contrarias a la actividad minera por sus "nocivos" efectos
socioambientales, y las empresas operadoras, para quienes las
críticas obedecen solo a "desinformación".El último episodio de las disputas cada vez más violentas
entre las dos partes ocurrió el 19 de noviembre, cuando
vecinos de Mataquescuintla, en el suroriental departamento
de Jalapa, incendiaron cinco vehículos de la empresa Minera
San Rafael, subsidiaria de la firma canadiense Tahoe
Resources Inc.
La compañía maneja desde 2008 el yacimiento El Escobal,
ubicado en San Rafael Las Flores, en el colindante y también
sudoriental departamento de Santa Rosa. Desde 2014 y por 25
años prevé extraer allí plata, plomo, zinc y oro.
"Se teme que el proyecto contamine el río Los Esclavos, que
recorre el departamento de Santa Rosa, la laguna de Ayarza y
el manto acuífero subterráneo", dijo a IPS el representante
del Consejo Diocesano por la Defensa de la Naturaleza,
Moisés Divas.
Minera San Rafael proyecta invertir 325 millones de dólares
en la construcción de la mina y crear unas 800 plazas de
trabajo. Estos números no convencen a los vecinos, que se
opusieron masivamente al proyecto en las cuatro consultas
realizadas en el área de influencia del proyecto.
"En 2011 se hicieron las primeras tres consultas en los
municipios de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y
Casillas, según lo establece el Código Municipal, y este año
se hizo otra en Mataquescuintla y 99 por ciento de la
población votó en contra", precisó Divas.
Pero la empresa prosigue sus labores, ha perforado enormes
túneles e interpuso acciones legales contra las consultas.
"Esto molesta a la gente, que lo toma como un acto contrario
a la voluntad del pueblo", dijo el activista.
La minería, dominada por compañías extranjeras, casi todas
canadienses, multiplica año a año su peso en la economía de
Guatemala.
En 2005 generó 8,6 millones de dólares, y en 2011 aportó 935
millones de dólares. La minería metálica contribuye con 97
por ciento del total, según el Ministerio de Energía y
Minas.
Pero el Estado solo recibió 9,2 millones de dólares de los
ingresos el año pasado, por regalías, impuestos y otras
obligaciones, según ese ministerio.
El monto representa solo dos por ciento del producto interno
bruto, en parte porque las regalías para el Estado se
limitan a uno por ciento de las ventas brutas de los
minerales, según la vigente Ley General de Minería, algo
que incrementa el malestar de pobladores y activistas.
Así que el dinamismo del sector y la conflictividad van
parejos.
Entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del
Golfo, a 28 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala,
comenzó a explotarse en 2011 la mina de oro El Tambor.
"No hay un solo proyecto minero a nivel mundial que no sea
destructivo para las comunidades. Y peor aún con la Ley de
Minería de Guatemala que autoriza a las empresas a utilizar
el agua y los químicos que necesiten sin control alguno",
dijo a IPS un vecino de San José del Golfo, Antonio Reyes.
En rechazo al proyecto, los pobladores bloquean desde el 2
de marzo la entrada a las instalaciones de la mina, que
tiene en concesión por 25 años Exploraciones Mineras de
Guatemala, subsidiaria de la estadounidense Kappes Cassiday
and Associates y la canadiense y Radious Gold Group.
"No es una resistencia caprichosa, obedece a una respuesta
a la manipulación y utilización histórica de la que ha sido
objeto el pueblo", justificó Reyes.
Los campesinos del área piden apoyo para un desarrollo
alternativo al minero. "Apostamos a la diversificación de
cultivos sostenibles que, en vez de degradar el suelo, lo
reparan, lo mantienen y lo protegen. También creemos en los
proyectos de ecoturismo", explicó Reyes.
Pero en lugar de alternativas, llegan ataques. Yolanda
Oquelí, lideresa de la resistencia contra la explotación de
El Tambor, sobrevivió a un atentado armado el 13 de junio,
cuya investigación no ha arrojado resultados, aunque para
Reyes es claro el vínculo con la lucha contra la mina.
Yuri Melini, director del no gubernamental Centro de Acción
Legal, Ambiental y Social de Guatemala, consideró que la
creciente crispación es un efecto del desarrollo minero.
"Tenemos una serie de gobiernos embobados" con el desarrollo
de la industria extractiva, "pero lo que han fomentado son
más impactos sociales y ambientales negativos", dijo a IPS.
Desde 2005, un millón 250.000 habitantes se pronunciaron en
contra de la minería en 65 consultas comunitarias en el
país, y todas fueron soslayadas, precisó.
"Esto es una bomba de tiempo y el gobierno no quiere
entender que la oposición comunitaria está basada en el
conocimiento de los graves daños que representa la minería,
especialmente para el agua superficial y subterránea", dijo
a IPS el activista José Cruz, de la no gubernamental
Madreselva.
Guatemala ya sabe al respecto.
En mayo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos solicitó al Estado suspender la operación de la mina
aurífera Marlin, propiedad de Montana Exploradora,
subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp Inc.
Se dictaminó que la mina era responsable de contaminar ríos
y afectar el suministro de agua de 18 comunidades indígenas,
en el occidental departamento de San Marcos. Pero Marlin
sigue funcionando normalmente.
El estudio "Las dimensiones económicas de la actividad
minera (El caso de la mina Marlin)" del Instituto de
Problemas Nacionales de la universidad pública de San
Carlos, cuestiona las ventajas económicas de esta industria.
"Durante 2009 Guatemala vendió a Goldcorp Inc. cada onza
troy de oro en Q550.25, equivalente a unos 69 dólares, y la
empresa recibió Q8,064 por onza troy de oro, unos 1.008
dólares (...). La minera se queda con las ganancias mientras
se acentúan las condiciones de pobreza de la población", y
los conflictos socioambientales, dice el estudio.
Magaly Arrecis, investigadora del instituto, dijo a IPS que
hay que reformular la ley minera para buscar "una mejor
compensación para las poblaciones circunvecinas a los
proyectos y asegurar los temas ambientales".
Pero los empresarios mineros piensan distinto.
"La industria minera es probablemente la más regulada del
mundo en los temas de medio ambiente y seguridad
ocupacional", dijo a IPS la representante de los empresarios
mineros Regina Rivera.
"Y toda empresa internacional se rige por las normas más
estrictas de cuidado ambiental y seguridad de sus
trabajadores", aseguró Rivera, de Gremial de Industrias
Extractivas.
Rivera no cree que exista una "férrea" oposición de las
comunidades a la minería. "Lo que hay es mucha
desinformación y muchos intereses que lograron manipular a
pequeños grupos vulnerables en contra de la industria",
dijo.
"En la mayoría de los casos la conflictividad es llevada a
esas comunidades desde zonas o comunidades totalmente fuera
del área de influencia de las empresas", señaló.
"Las empresas por lo general mantienen buenas relaciones con
las comunidades donde operan y sus líderes genuinos, siempre
buscando mantener un dialogo positivo que conduzca al
desarrollo de las comunidades", agregó. (FIN/2012) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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