Estado mexicano de Morelos hace escuela en justicia adolescente
Por Emilio GodoyMÉXICO, nov (IPS) - En un país como México, asociado a crímenes, impunidad y
parálisis
judicial, las noticias de eficiencia penal son una rareza, más
aun si se
trata de justicia juvenil.Pero en el estado de Morelos –vecino de Ciudad de México, en
el
centro de este país– hay un éxito que atrae miradas y
empieza a ser
replicado.
La Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes de
Morelos, que
desde luego tiene acrónimo –Umeca–, funciona desde 2011 bajo
administración de la Secretaría de Seguridad Pública del
gobierno
estadual, si bien fue diseñada por una organización de la
sociedad
civil.
"Nuestro interés fue racionalizar el uso de la prisión
preventiva,
pues hay un número alto de gente sin condena" tras las
rejas, explicó
a IPS la directora de proyectos de esa organización, el
Instituto de
Justicia Procesal Penal (IJPP), Ana Aguilar.
"Era importante promover a nivel de derechos humanos la
racionalización por los costos sociales y económicos",
resaltó la
especialista.
La Umeca entra en acción en las etapas procesales previas al
juicio
de un adolescente acusado de un delito.
Un equipo examina el perfil del acusado y expide una opinión
técnica,
informando a las partes del proceso si la persona puede
seguir el
juicio fuera de la celda.
Se proponen así alternativas a la prisión preventiva, tras
evaluar la
situación social y familiar de cada imputado para
cumplirlas. Otro
equipo fiscaliza el respeto a la libertad condicional.
El procedimiento genera así información e indicadores
transparentes
para que el tribunal de Morelos, donde funcionan los juicios
orales,
dicte su resolución cautelar.
Desde febrero de 2011, 175 niños y adolescentes de entre 12
y 17 años
se beneficiaron de este sistema de libertad condicional. De
ese
total, se registraron cinco fugas y solo dos casos quedaron
sin
información.
Morelos tiene casi 600.000 menores de 18 años, la tercera
parte de su
población, según el censo nacional de 2010. Y todo México,
con 112
millones de habitantes, tiene 39 millones de niñas, niños y
adolescentes.
Entre 2006 y 2011 fueron detenidos 7.539 menores en todo el
país,
acusados de delitos federales como tráfico de drogas,
homicidio y
violación sexual, según la Procuraduría General de la
República.
En un escenario de auge de embarazo adolescente, consumo de
drogas y
deserción escolar, "una de las mayores preocupaciones es la
estigmatización y criminalización de los jóvenes", dijo a
IPS la
directora de la no gubernamental Melel Xojobal, Jennifer Haza.
En 2005, una reforma constitucional estableció que las
personas de
entre 12 y 18 años de edad tienen derecho al sistema
integral de
justicia para adolescentes y que los menores de 12 solamente
serán
sujetos de rehabilitación y de asistencia social, pero no de
sanción.
Pero el Congreso legislativo discute desde 2009 el proyecto
de Ley
Federal de Justicia Para Adolescentes, que incluye jueces
especializados, la creación de centros de internamiento
específicos y
penas alternativas a la reclusión, como el apercibimiento,
la
libertad asistida, servicios a la comunidad y reparación del
daño.
Mientras esto sigue pendiente, los adolescentes infractores
comparten, dentro y fuera de las celdas, el mundo delictivo
adulto en
este país plagado por el narcotráfico.
Organizaciones no gubernamentales calculan que entre 30.000
y 50.000
menores de 18 años trabajan para las mafias de las drogas.
Según la Red por los Derechos de la Infancia en México,
entre 2006 y
2011 fueron asesinados 2.903 adolescentes en todo el país.
En Morelos
fueron 54 en el mismo lapso.
El modelo de Morelos "es replicable. Se puede mejorar con
más
información para generar indicadores de desempeño. Puede
producir
retroalimentación para instituciones y el propio sistema",
planteó
Aguilar.
La iniciativa fue concebida por el Proyecto Presunción de
Inocencia
en México, que ahora forma parte del IJPP, y financiada por
la Open
Society Justice Initiative.
El IJPP recibió en abril el 4° Premio del Fondo de Naciones
Unidas
para la Infancia "Los derechos de la niñez y la adolescencia
en
México" en la categoría de Mejores Prácticas; y en octubre,
el Premio
a la Formación de Personal de Administración 2012, concedido
por la
Asociación Internacional de Correccionales y Prisiones.
A inicios de este mes, la Umeca fue finalista de los premios
Innovating Justice en la categoría
Innovaciones
Exitosas.
El sistema cierra un círculo virtuoso. El costo diario de
mantener a
un adolescente en prisión preventiva es de unos 11 dólares
en
Morelos. La Secretaría de Seguridad Pública estima que
gracias a la
Umeca se ha ahorrado unos 330.000 dólares en poco más de un
año.
El mismo Morelos está echando a andar un sistema similar
para
adultos.
En el norteño estado de Baja California funciona desde 2010
una Umeca
para adultos que, hasta julio, había conseguido 2.200
medidas
cautelares, con solo 100 incumplimientos. Y el IJPP empieza
a
incursionar en el sureño estado de Puebla.
El programa atrae asimismo miradas internacionales.
Argentina, Chile,
Ecuador y Perú han mostrado interés en instaurar sistemas
similares.
Los límites los impone el propio México, mientras no legisle
e
implemente el sistema penal juvenil.
"La reforma penal impacta de manera positiva en la justicia
para
adolescentes, pero deben existir condiciones diferenciadas
para los
jóvenes que no son iguales para los adultos", enfatizó Haza.
(FIN/2012) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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