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GUATEMALA , jul (IPS) - Los países centroamericanos esperan un nuevo enfoque en las políticas migratorias y de combate al narcotráfico en México con el regreso al gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pese a que los anuncios previos indican que habrá más de lo mismo.

"Lo que sucede en México repercute en nuestra región", dijo a IPS la diputada hondureña en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Gloria Guadalupe Oquelí, del centroizquierdista Partido Liberal.

En ese sentido, una de las principales preocupaciones de los gobiernos centroamericanos es, precisamente, la guerra contra el narcotráfico emprendida hace casi seis años por el saliente presidente mexicano, el conservador Felipe Calderón, que ha llevado a esas mafias a cruzar la frontera sur de ese país.

"América Central se ha convertido en una zona altamente violenta, un territorio de nadie. Al empujar México a los carteles del crimen organizado, estos han encontrado terreno fértil en el Triangulo Norte, donde recrudece una violencia nunca antes vista", dijo Oquelí.

Un reporte de 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) sostuvo que "la mayor tasa de homicidios del mundo" la tiene el llamado Triángulo Norte de América Central, conformado por El Salvador, Honduras y Guatemala.

Pero la violencia se ha agudizado en toda América Central, con 42,8 millones de habitantes, al ser utilizada como puente del tráfico de estupefacientes desde América del Sur hacia Estados Unidos, una situación agravada por la pobreza, la corrupción y la debilidad institucional.

El estudio de la Onudd indica que la tasa de asesinatos en el periodo 2003-2008 fue de 61 por cada 100.000 habitantes en Honduras, 52 por 100.000 en El Salvador y 49 por 100.000 en Guatemala, mientras que en su vecino del norte, México, fue de 12 por 100.000.

"Lo que hacen las políticas de mano dura implementadas de manera aislada es crear más espacios de violencia", sostuvo Oquelí, quien cree que son necesarias otras medidas regionales como la depuración policial, la actualización de leyes penitenciarias, el fortalecimiento del sistema judicial y la creación de oportunidades económicas para las familias.

La legisladora también urgió proteger a los miles de emigrantes centroamericanos a su paso por México, en ruta hacia Estados Unidos, que son sometidos a extorsiones, secuestros, violaciones y hasta asesinatos masivos a manos de grupos criminales, muchas veces en complicidad con las fuerzas estatales de seguridad.

Unos 20.000 emigrantes centroamericanos fueron secuestrados en 2010 en México, según la Comisión de Derechos Humanos de ese país.

Empeñado en seguir igual

Enrique Peña, declarado oficialmente ganador de las elecciones para presidente del 1 de este mes con 38,2 por ciento de los votos, instó a Washington a iniciar un nuevo debate sobre la lucha antidrogas.

Estados Unidos es el destino de todo el flujo de drogas ilícitas que manejan las organizaciones criminales.

Sin embargo, no se vislumbran cambios de fondo en su plan contra la violencia criminal. "Lo que buscamos con esta nueva estrategia es un ajuste de lo que se ha hecho hasta ahora. No habrá un cambio radical".

El mandatario electo también ha ofrecido continuar con la presencia militar en los estados donde hay condiciones de inseguridad y ha anunciado un "mayor uso de fuerza" contra el narcotráfico, pero "con inteligencia".

En cuanto al tema migratorio, el nuevo líder del PRI, el añejo partido dueño del poder en México de 1929 a 2000, ha abogado por brindar protección a las familias de los extranjeros y de los nacionales que se marchan del país y ha expresado su apoyo a la reforma migratoria en Estados Unidos para regularizar la situación de indocumentados.

"Desde aquí estaremos apoyando a las organizaciones civiles que están buscando esta reforma migratoria", ha dicho. Sin embargo, no ha ofrecido garantías para aquellos que cruzan la frontera en busca del "sueño americano".

De hecho, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) criticó a todos los candidatos presidenciales mexicanos, incluido Peña, "por su falta de compromisos claros" en materia de derechos humanos.

Los pronósticos para América Central no son muy halagadores.

"Las políticas antidrogas se van a endurecer y podríamos tener mayor desplazamiento del crimen organizado a nuestros países con resultados nefastos para la seguridad interna", señaló a IPS el politólogo Renzo Rosal, de la jesuita Universidad Rafael Landívar.

Mientras que en las políticas migratorias, "las condiciones se mantendrán, dada la presión del gobierno de Estados Unidos y porque México es una especie de filtro para que no pasen centroamericanos a ese país", resumió.

Los ganadores del regreso del PRI al gobierno serán los grandes empresarios, según Rosal. "Habrá condiciones favorables para hacer inversiones con capital mexicano, pero nunca para favorecer al pequeño y mediano productor, sino al tradicional", añadió.

Similar es el criterio del exdiputado Héctor Nuila, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, quien considera que las políticas migratorias y de seguridad en México "no van a variar mucho".

"Si uno analiza la propuesta electoral del aún gobernante Partido de Acción Nacional (PAN) y del PRI en términos de seguridad y de relaciones exteriores, no cambiaron mucho. Hay que tomar en cuenta que México se pliega mucho a las directrices que en política exterior dicta el departamento de Estado (cancillería) de los Estados Unidos", dijo a IPS.

Pero hay centroamericanos que no pierden el optimismo.

"Esperamos medidas audaces en los temas migratorio y de seguridad, en los que, principalmente, deben ser resguardados los derechos humanos de los extranjeros y la seguridad de los estados, para protegerse frente al crimen organizado y el narcotráfico", indicó a IPS el analista José Dávila, exdirector del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.

Dávila abogó por un cambio en la lucha antidrogas de México para dejar atrás el "concepto militarista promovido por Calderón, cuyos efectos está sufriendo la región".

Su colega costarricense Claudio Alpízar también cree que Peña buscará consensos dentro y fuera de México.

"Los 12 años del PRI fuera del gobierno y un triunfo por poco más de un tercio de los votantes le obliga a buscar legitimidad tanto interna como externa. Esto puede promover una mayor relación comercial con la región y una lucha frontal y coordinada del flagelo de la droga", dijo a IPS.

El combate al narcotráfico implica un esfuerzo conjunto de la región, que "deberá fortalecer Peña", pero en materia migratoria los controles sobre los indocumentados "más bien se van a acentuar", estimó.

(FIN/2012)

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