COLOMBIA
Proyecto de ley contra ataques con ácido
Por Helda Martínez BOGOTÁ, 5 jul (IPS) - Nunca se sabrá si fue la culpa, el remordimiento, el miedo o la
perturbación mental lo que llevó al suicidio a Jhon Jairo Echenique,
detenido en la caribeña ciudad colombiana de Cartagena de Indias tras
haber sido acusado de apuñalar y quemar a su exnovia, de 19 años.Angélica Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Derecho, fue atacada
en su casa. Malherida, gritó pidiendo auxilio mientras el victimario
huía. Vecinos la llevaron a un hospital, donde falleció. Las sospechas
se centraron en su exnovio, Echenique, quien fue apresado y horas
después se ahorcó usando las mangas de su camisa.
Todos los hechos que encierran esta tragedia ocurrieron el fin de
semana pasado en Cartagena, con alrededor de un millón de habitantes,
donde en lo que va del año ya han sido asesinadas cinco mujeres y se
registraron 213 denuncias por lesiones, que llevaron a la detención de
196 hombres, según estadísticas policiales.
Pero ese centro turístico de fama internacional no es el único lugar
de Colombia señalado por la violencia. Cifras del Centro de
Información del Sistema de Naciones Unidas dan cuenta que, cada día,
245 mujeres fueron víctimas de alguna forma de violencia en los
últimos ocho años en el país, lo cual indica que es la forma más
extendida de violación de derechos humanos.
Asesinatos, violaciones sexuales, golpes y maltrato psicológico están
en la baraja de agresiones que incontables veces son mantenidas en
silencio por las víctimas, ya sea por vergüenza, prejuicios o,
incluso, por temor al abandono del agresor, que puede ser el novio,
esposo o compañero de vida.
Una de las modalidades que ha proliferado últimamente es el ataque con
ácido, para desfigurar principalmente el rostro, además de otras
partes del cuerpo, muchas veces sin retorno a una apariencia cercana a
la natural aunque la víctima sea sometida a múltiples cirugías
estéticas.
"Los agresores, con frecuencia con dolo y sevicia, tratan de este modo
que las víctimas recuerden toda su vida el motivo aludido del ataque,
que en general son celos, abandono u otros similares, que bien podrían
solucionarse de manera tranquila", dijo a IPS la legisladora Gloria
Stella Díaz, del cristiano Movimiento Independiente de Renovación
Absoluta (MIRA).
Entre los casos conocidos ocurridos por esta cruel modalidad se
incluyen dos de violencia urbana en Bogotá, protagonizados por
personas en situación de calle, entre ellas un menor, "uno solo por
maldad y otro porque no les dio dinero", narró Díaz a modo de ejemplo.
El adolescente sufrió quemaduras de segundo y tercer grado.
Otro caso, que llevó a la autora a ser condenada a nueve años de
cárcel, fue el ataque de una mujer a otra porque sospechaba que
mantenía relaciones sexuales con su marido.
En este marco, Díaz impulsó en el parlamento el proyecto de ley 197 de 2012, que "fortalece
las medidas de prevención, protección y atención integral de
ciudadanas y ciudadanos, en contra de cualquier tipo de acto violento
o crimen que se realice utilizando ácidos u otras sustancias
corrosivas".
"Son hechos crueles, trágicos e impactantes. Pero las víctimas ya
decidieron salir del anonimato, apoyando con su firma el proyecto y
dispuestas a asistir al parlamento bajo la consigna "no más al
silencio y sí al castigo", indicó Díaz. La iniciativa se impulsa con
la campaña "Rostros sin rastros de impunidad".
La legislación en vigor permite que alguien que haya cometido un
ataque con ácido, delito que tiene una pena de nueve años de cárcel,
tenga la posibilidad de que el tiempo de prisión se reduzca por buen
comportamiento o por haberse capacitado en algún oficio en el centro
carcelario.
"Por eso, lo primero que nos proponemos con la iniciativa legislativa
es cambiar un delito tan grave ahora considerado como lesión personal,
por un delito autónomo, lo que permite agravar las penas y
ampliarlas", afirmó Díaz.
"La propuesta pone una pena inicial de un mínimo de 12 años de cárcel
sólo por lanzar el ácido, pero si se comete contra una mujer, un menor
o una figura pública cuya imagen le genere recursos, el agresor
tendría una sanción punitiva de hasta 20 años", explicó.
"Se busca también que el Estado establezca una ruta de atención
integral, con asesoría jurídica, psicológica, inserción laboral y
campañas que combatan la discriminación. Y sería responsabilidad
estatal el costo de las cirugías reconstructivas y estéticas",
continuó.
El proyecto establece que la red hospitalaria, pública y privada
denuncie a las autoridades los casos de agresiones de género que
atiendan, para iniciar investigaciones judiciales tendientes a acabar
con el subregistro.
Y se controlarían los expendios de esas sustancias corrosivas para
que, "al conocer un delito en cualquier ciudad, sea posible establecer
en dónde y quién las adquirió, en busca de identificar a los
delincuentes".
La situación en Colombia no alcanza la gravedad de países como
Afganistán y Pakistán, que inspiró la película "Saving Face",
galardonada con el premio Óscar de Hollywood al mejor cortometraje
documental este año.
"No la he visto, y la tengo pendiente. Pero la película real es
demasiado triste", anotó Díaz, enfatizando en la responsabilidad que
compete a todos.
El proyecto ya fue aprobado en una primera sesión. Quedan pendientes
tres, incluidas en el periodo parlamentario que inicia el 20 de julio.
Díaz espera con optimismo.
"Hay voluntad política y solidaridad de muchos sectores, entre ellos,
la Fiscalía General de la Nación que ya designó un fiscal
especializado en este tipo de delitos", agregó.
Otro factor importante es la responsabilidad que atañe a los medios
masivos de comunicación: "con sensibilidad, con información
preventiva, impulsando la iniciativa de manera contundente, para que
los agresores sepan qué les espera. Y cero amarillismo".(FIN/2012) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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